Delgado y García Ortiz han designado a 18 de los 37 integrantes.

Los ex fiscales generales del Estado Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz, designados por el Gobierno de Pedro Sánchez, han dejado ocupada la cúspide de la Carrera Fiscal con allegados para la próxima década. Juntos, han nombrado a 18 fiscales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) en la Junta de Fiscales de Sala, que cuenta con 37 miembros.

Entre estos nombramientos se encuentran cuatro ex presidentes de la UPF, como la misma Peramato, María José Segarra, Dolores Delgado y Emilio Sánchez Ulla. También está un ex vocal del Consejo Fiscal, Fernando Rodríguez Rey.

La UPF es la asociación a la que ambos pertenecen, así como la nueva fiscal general, Teresa Peramato, quien asumió el cargo el pasado jueves tras la dimisión de García Ortiz por un delito de revelación de datos reservados.

Esta asociación ha solicitado la intervención de la ONU debido a la condena al ex fiscal general, argumentando que hay «irregularidades» en el proceso. Curiosamente, el presidente del Gobierno busca que los informes de los comités de la ONU, que son netamente políticos, sirvan para revisar sentencias judiciales, habiendo incorporado esta propuesta en el Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, específicamente en el artículo 762.2, como recientemente informó OKDIARIO. Desde el ámbito judicial advierten que es «muy peligroso» revisar decisiones judiciales basándose en lo que los órganos políticos decidan.

En un comunicado del 10 de diciembre pasado, la UPF declaró que percibe un «giro constitucionalmente letal» en la sentencia del caso García Ortiz y que «ya no se condena porque algo esté probado». Además, sostiene que este caso impacta directamente a la ciudadanía, pues «no es un asunto de un nombre propio, sino de una pregunta que interpela a cualquier ciudadano»: «¿Puedo confiar en que si un día me encuentro frente a un juez, el proceso será fiable, imparcial, con plenas garantías y sin atajos probatorios?». También ha instado a establecer una «doble instancia penal real».

Equiparable a magistrado del Supremo

El cargo de fiscal de Sala es comparable al de magistrado del Tribunal Supremo en la Carrera Judicial, tanto en categoría como en remuneración. Se trata de un puesto vitalicio hasta la jubilación y, con él, se pertenece automáticamente a la Junta de Fiscales de Sala, que tiene voz y voto, presidida por quien detenta el cargo de fiscal general.

Dicho órgano asistirá a Peramato en cuestiones doctrinales y técnicas sobre la formación de criterios unitarios de interpretación y actuación legal, resolución de consultas, elaboración de memorias y circulares, así como en proyectos e informes que deban ser elevados al Gobierno, y sobre asuntos relevantes que la máxima representante de la Fiscalía considere pertinente someter a su conocimiento y estudio.

Por ejemplo, en octubre de 2024, Álvaro García Ortiz, después de ser imputado por el Supremo por revelar secretos del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al anunciar que no iba a dimitir, sometió a votación en la Junta de Fiscales de Sala este asunto y la mayoría apoyó su permanencia. No obstante, en el Consejo Fiscal, la mayoría le pidió que abandonara el cargo al considerar que era lo mejor para el Ministerio Público.

Además, en junio de 2024, la Junta de Fiscales respaldó con 19 votos a favor, 17 en contra y una abstención el criterio de García Ortiz de apoyar ante el Supremo la aplicación de la ley de amnistía a todos los delitos de los líderes del procés. Igualmente, en junio de 2024, la Junta de Fiscales del Supremo respaldó la posición del fiscal general sobre la aplicación de la amnistía a los miembros de los CDR acusados de terrorismo. 

Los fiscales de Sala de la UPF 

Antes de la llegada de Delgado a la Fiscalía General, la Junta de Fiscales de Sala estaba compuesta por 31 fiscales: 11 eran de la UPF, 11 no asociados y 9 de la Asociación de Fiscales (AF), que es la mayoritaria en la Carrera.

Durante el mandato de Delgado y García Ortiz, los fiscales de Sala han aumentado a 37, de los cuales 18 son de la UPF, siete de la AF y 12 no asociados. Actualmente, hay dos vacantes debido a jubilaciones.

En particular, Delgado nombró a 9 de su asociación y García Ortiz a otros 9, de los cuales dos ya se han jubilado, como son Antonio Vercher y Pilar Barrera. Uno de ellos falleció, Luis del Río, nombrado por Delgado fiscal de Sala de Seguridad Vial, mientras que Teresa Peramato, quien fue nombrada por Delgado fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, y por García Ortiz fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, ahora preside el órgano al ser fiscal general. 

Los nombrados por Delgado que actualmente forman parte de la Junta son:

• Esmeralda Rasillo, jefa de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía, quien, además, fue directora general en el Ministerio de Justicia con Delgado. 
• Beatriz Sánchez Álvarez, fiscal de Sala Coordinadora de Trata de Personas y Extranjería. 
• María José Segarra Crespo, fiscal de Sala Coordinadora de Personas con Discapacidad y Mayores y ex fiscal general del Estado. 
• María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, quien ya era anteriormente fiscal de Sala.
• Luis Manuel López Aranguez, fiscal de Sala Jefe de la Sección Social de la Fiscalía del Tribunal Supremo.
• Manuel Martín-Granizo Santamaría, fiscal de Sala jefe de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. 
• Álvaro García Ortiz, quien en 2021 fue promovido a la categoría de Fiscal de Sala y nombrado fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Tras dejar de ser fiscal general, seguirá en la Junta como fiscal de Sala. Sin embargo, como ha informado recientemente OKDIARIO, tendría que ser expulsado de la Carrera Fiscal por haber cometido un delito doloso.

Los nombrados por García Ortiz son:

• Ana García León, jefa de la Secretaría Técnica de la Fiscalía. 
• María Eugenia Prendes Menéndez, fiscal de Sala Coordinadora contra la Violencia sobre la Mujer. 
• Teresa Gisbert Jordá, coordinadora de Menores de la Fiscalía. 
• Isabel Rodríguez Mateo, fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo. 
• Miguel Ángel Aguilar García, fiscal de Sala Coordinador contra los Delitos de Odio y Discriminación.
• Dolores Delgado García, fiscal de Sala Coordinadora de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía.
• Fernando Rodríguez Rey, fiscal de Sala Coordinador de Delitos Económicos de la Fiscalía, quien ya era fiscal de Sala antes, y fue vocal del Consejo Fiscal por la UPF y fiscal jefe de la Secretaría Técnica por Segarra.
• Emilio Sánchez Ulled, fiscal de Sala Coordinador de Delitos contra la Administración Pública, quien fue presidente de la UPF en 2008. 

Sólo dos de la asociación mayoritaria

En las últimas elecciones al Consejo Fiscal, únicamente dos de los 9 puestos elegidos por la Carrera Fiscal correspondieron a la candidatura de la UPF. La carrera les va retirando el apoyo, pero ellos continúan ocupando cargos.

Durante el periodo de ambos al frente de la Fiscalía, los únicos fiscales de Sala de la AF que han nombrado son Jesús Tirado Estrada, fiscal de Sala de lo Contencioso-Administrativo, y Francisco Jimenez-Villarejo, fiscal de Sala de Cooperación Internacional, aunque otros aspirantes para esos puestos también pertenecían a la AF.

Por lo tanto, el legado de Delgado y García Ortiz persiste en la Fiscalía, dado que han nombrado a todos estos fiscales de Sala de su asociación, quienes probablemente brindarán un apoyo incondicional a Peramato.

Las implicaciones son que controlan la cúspide de la Carrera, tanto en posiciones clave, como en las circulares, consultas y todo lo que se planifica, ya que debe ser aprobado por la Junta de Fiscales de Sala.

La reforma que busca implementar el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, además de otorgar muchas más funciones a la fiscal general, propone que el contrapeso interno sea la Junta de Fiscales de Sala.