La Comunidad de Madrid ha visto desaparecer cerca de 10.000 viviendas de protección oficial en los seis años recientes | Información de Madrid.

La Comunidad de Madrid se jacta de ser la región “líder“ en España en cuanto a vivienda protegida oficial (VPO). Según la información proporcionada por la propia Administración autonómica, entre las viviendas ya construidas y las que están en marcha, la región tiene “más de 25.200″ inmuebles clasificados de esta manera, cuyo fin es controlar los precios de venta o alquiler. Sin embargo, no se menciona que esta cifra podría ser considerablemente mayor si no se hubieran perdido 9.871 viviendas de protección oficial (VPO) entre 2019 y 2025. Esta información, revelada por la Cadena SER este lunes y que proviene de una solicitud de Transparencia de Más Madrid, evidencia que, desde la llegada de Isabel Díaz Ayuso al poder, la Comunidad ha perdido una gran parte de los inmuebles construidos bajo esta categoría, especialmente aquellos bajo el Plan Vive, ya que al expirar su período de protección, han sido liberados al mercado libre a precios mucho más altos que los de su adquisición.

La desaparición de casi 10.000 VPO en una comunidad tan castigada por problemas habitacionales se atribuye a las políticas de su Gobierno, que ha manifestado en diversas ocasiones su rechazo a hacer permanente la clasificación de VPO, algo que ya se implementa en otras comunidades como el País Vasco y en ciudades europeas como Viena, cuyos modelos evidencian el éxito social de esta regulación. De hecho, no existe en la Comunidad de Madrid ni un solo piso que mantenga la protección, mientras que el País Vasco cuenta con 55.000. En la Comunidad de Madrid, las VPO están reguladas por una normativa que las protege por períodos de 15 años para aquellas destinadas a la venta y 10 años para las de alquiler, sin extensión posible.

El viceconsejero de Vivienda, José María García, declaró en la Asamblea de Madrid en mayo de 2024 que mantener las VPO indefinidamente provoca “una pervivencia en el tiempo de un modelo que degrada la calidad de las edificaciones, deteriora los barrios y, en última instancia, perjudica a las familias”. La postura defendida por García sostiene que la venta de estas viviendas para familias “vulnerables” ofrece “a las siguientes generaciones oportunidades de vida”. Para el diputado de Más Madrid en la Asamblea Jorge Moruno, esta afirmación subraya la falta de interés del Ejecutivo por gestionar esos inmuebles por cuestiones materiales, prefiriendo que pasen al mercado libre.

Al finalizar el período de protección, estas viviendas pueden ser transferidas, en el mejor de los casos, de un propietario a otro. Los vecinos que adquirieron esas viviendas a precios bajos y luego las vendieron por montos mucho mayores fueron los únicos beneficiarios de la transacción, como señala el diputado. Además, existe una alta probabilidad de que un fondo buitre adquiera dichas propiedades para especular con un activo que fue concebido con fines opuestos. “No podemos permitir que la vivienda de protección oficial termine en manos de fondos buitre tras haber invertido recursos públicos, y para eso es necesario reforzar la regulación tal como se ha hecho en el País Vasco”, denuncia la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, quien añade que la solución para bajar los precios en Madrid radica en crear un parque de vivienda protegida que crezca en lugar de disminuir con el tiempo.

El Gobierno regional se ha presentado como la comunidad con mayor construcción de VPO en España, con casi 11.000 entre 2021 y 2023, según datos recientes del Ministerio de Vivienda. Además, ha afirmado que esta cifra duplica la de Cataluña, que ocupa el segundo lugar con 5.495 viviendas de esta clase. Moruno explica que estas cifras son engañosas, ya que son absolutas y no consideran la relación con la población ni la proporción que representaron estas VPO respecto al total de viviendas construidas. Teniendo en cuenta este último aspecto, nuevamente el País Vasco lidera la lista, pues del total de viviendas construidas en ese mismo período (3.586), el 37% corresponde a VPO, mientras que en Madrid solo es el 22% del total.

De acuerdo con un estudio realizado por el Observatorio Vasco de Vivienda utilizando datos del ministerio, si se evalúa la cantidad de VPO construidas en relación con la población de cada comunidad, Madrid ni siquiera aparece en el podio. Estando muy por debajo de las cerca de cuatro viviendas construidas por cada 1.000 habitantes en esta región, en comparación con las 17 de Euskadi, o las aproximadamente ocho que construyen Canarias, Cataluña, Asturias y Andalucía, además de la media de cinco en España.

La normativa que regula la venta de la vivienda protegida que coloca al País Vasco como modelo a seguir se firmó en 2003. Desde entonces, los inmuebles con esta clasificación mantienen su estatus de forma indefinida y no pueden ser vendidos en el mercado libre a precios arbitrarios. Si los vecinos que han adquirido este tipo de viviendas a precios accesibles desean desprenderse de ellas, deberán fijar un precio regulado por la Administración, y lo mismo ocurre con los familiares que heredan estas propiedades.

En Cataluña, las VPO no tienen esa clasificación de forma permanente, sino que están protegidas entre 10 y 30 años, pero al descalificarse, el precio de venta sigue estando limitado y el Gobierno autonómico tiene preferencia de compra para evitar que entren en el mercado libre. En la Comunidad Valenciana, la situación es similar; aunque no están protegidas de forma indefinida, la normativa dificulta su liberación mediante medidas como el tope de precios.

Sin embargo, la situación general en España es que las VPO tienen “fecha de caducidad”, sostiene Moruno. Afirma que de seis millones de viviendas de este tipo construidas entre 1951 y 2015, la mayoría ya no cuenta con esa calificación. “La ley no ofrece una alternativa que brinde seguridad a quienes la necesitan, sino un activo para la especulación”, concluye Moruno.