Audiencia Nacional: La UCO aceleró la detención del ex presidente de la SEPI al darse cuenta de que estaba siendo vigilado antes de una reunión con Leire Díez | España

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevó a cabo las detenciones el pasado miércoles de la exmilitante del PSOE Leire Díez, del propietario de la empresa Servinabar, Joseba Antxon Alonso, y del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández. Esto ocurrió después de que Fernández detectara un dispositivo de vigilancia justo antes de su encuentro con Díez. La investigación, que se centra en una presunta trama de comisiones ilegales mediante la manipulación de contratos y ayudas públicas, sugiere que Fernández obtuvo “al menos” 49.350 euros en comisiones, mientras que Leire Díez habría falsificado la venta de un coche para apropiarse de 21.500 euros.

La Fiscalía Anticorrupción había estado indagando en secreto sobre cinco operaciones sospechosas que suman 132,9 millones de euros, las cuales podrían implicar a Leire Díez y al exdirector de la SEPI. Aunque las diligencias no estaban formalizadas en un proceso judicial, todo se aceleró el miércoles 10 de diciembre al darse cuenta Vicente Fernández de que era seguido, según fuentes de la investigación citadas por EL PAÍS.

Los agentes lo estaban vigilancia después de su viaje desde Portugal a Madrid. El exalto cargo de la entidad pública tenía programado un encuentro con la exmilitante socialista tras un tiempo sin contacto, en una cafetería de un centro comercial, de acuerdo con las fuentes mencionadas. Al percatarse de que era observado, hizo un recorrido arriesgado, saltándose algunos semáforos, lo que llevó a la Guardia Civil a temer una posible fuga y procedió a realizar las detenciones. Existía el temor de que los implicados se avisaran entre sí y destruyeran pruebas.

Debido a esto, el procedimiento judicial se aceleró: la Fiscalía Anticorrupción presentó la querella y se tramitaron las diligencias de forma urgente en la Audiencia Nacional. Estas recayeron en el juez del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña, quien supervisó el operativo necesario, que se extendió hasta el viernes, cuando la UCO realizó incautaciones de documentos en Correos, Hacienda y el Ministerio de Transición Ecológica.

Los tres detenidos se presentaron ante la justicia el sábado y quedaron en libertad, ya que el ministerio público —que es la única parte acusadora por el momento— no solicitó prisión provisional para ninguno de ellos. Una vez concluido este capítulo, el juez Piña remitió el caso a otro juzgado, considerando que al estar de guardia no le correspondía seguir con el asunto. Fuentes judiciales indican que a partir de este lunes, el caso ha sido transferido al juzgado vecino, donde el juez Santiago Pedraz, titular del órgano de instrucción número 5, asumirá la responsabilidad de la investigación.

Diversas opiniones coinciden en que no se prevé que se levante el secreto de la causa en las próximas semanas. Debido a la premura con la que se judicializó todo, la UCO y la Fiscalía Anticorrupción buscan continuar la investigación y examinar la “ingente cantidad de material” incautado en 19 registros a nivel nacional.

La aplicación Threema

El grupo autodenominado Hirurok (que significa “nosotros tres” en euskera) formado por Díez, Fernández y Antxon Alonso utilizaba la aplicación encriptada Threema, en lugar de WhatsApp, para asegurar una mayor privacidad y anonimato. “Los investigados aparentemente adoptaron medidas de seguridad para preservar la más estricta discreción y confidencialidad de sus acciones”, señala el documento que el juzgado facilitó a los detenidos con un resumen de los hechos.

Esta es, de hecho, la misma aplicación que usaba Antxon Alonso con directivos de Acciona que están siendo investigados en el Tribunal Supremo por malversaciones en la obra pública, según el último informe de la UCO que forma parte de ese expediente. Además, fuentes de la investigación afirman que los primeros indicios que dieron pie a esta causa relacionada con el uso de la SEPI surgieron durante los registros al propietario de Servinabar en junio pasado.

Las pesquisas buscan esclarecer cinco operaciones por un total de 132,9 millones de euros: el rescate por parte de la SEPI de la empresa Tubos Reunidos, la asignación de un contrato de Mercasa a Servinabar, el contrato del Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA) a dos empresas de Construcciones —una UTE conformada por Construcciones y Excavaciones Erriberri y Afesa Medioambiente— y un contrato público de Enusa a un despacho de abogados sevillano.

Las comisiones que recibieron, en su mayoría, a través de la empresa Mediaciones Martínez S.L., se estiman en 750.614 euros por servicios de intermediación. La mayor parte de esos fondos fueron canalizados por Díez, Antxon Alonso y Fernández para realizar inversiones inmobiliarias en Marbella y Jaca. Sin embargo, los investigadores también sugieren que una parte del dinero fue utilizada de forma individual.

En el caso de Leire Díez, la investigación hasta ahora indica «al menos 21.500 euros, a raíz de la venta de un vehículo» que, de hecho, continuó utilizando. La UCO considera que pudo tratarse de una venta simulada. “Se presume una operación para ocultar el origen de los fondos integrándolos en su patrimonio.”