El Kremlin designa a Deutsche Welle como «organización no bienvenida» y advierte sobre posibles sanciones por cualquier relación con el medio | Internacional

El Ministerio de Justicia de Rusia ha calificado a la televisión pública alemana Deutsche Welle como una “organización indeseable”. Esta designación conlleva penas de hasta seis años de prisión por trabajar en dicho canal, así como multas y, en algunos casos, prisión para los espectadores que compartan o den “me gusta” a alguna de sus noticias. El organismo ruso no ha proporcionado explicaciones sobre los motivos de esta prohibición a este grupo mediático federal alemán. “Este nuevo intento de silenciar a los medios libres demuestra el evidente desprecio del régimen ruso por la libertad de prensa y revela su temor ante la información independiente”, ha declarado la directora general de Deutsche Welle, Barbara Massing, antes de que se confirmara el veto en Rusia.

“A pesar de la censura y del bloqueo, el servicio en ruso de Deutsche Welle tiene más usuarios que antes”, sostiene Massing en un comunicado. “Continuaremos con nuestra cobertura periodística independiente sobre la guerra de agresión contra Ucrania y otros temas cuya información es prácticamente inaccesible en Rusia, para que las personas puedan formarse su propia opinión”, ha añadido la directora general del medio alemán.

Esta prohibición definitiva es el resultado de la persecución del Kremlin hacia Deutsche Welle, aunque la presión sobre los medios occidentales arrancó antes. En 2021, Moscú expulsó al periodista neerlandés Tom Vennink, de Volkskrant, y a la británica Sarah Rainsford, de la BBC. Con el inicio de la invasión de Ucrania en 2022, Berlín prohibió la emisión del canal del Kremlin Russia Today en alemán, a lo que Moscú respondió designando al medio alemán como agente extranjero. Esto no constituía un veto formal, pero limitaba su actividad hasta hacerla prácticamente imposible, tanto para informar a los rusos como al resto del mundo. Finalmente, Deutsche Welle cerró su corresponsalía, pero el Kremlin clasificó a su periodista en Rusia, Alexánder Smirnov, como agente extranjero de forma individual. Hoy, tras múltiples reformas legales, tal catalogación también puede llevar a la encarcelación por no etiquetarse como tal en plataformas de redes sociales.

Deutsche Welle tomó la decisión de no contar con colaboradores en Rusia en 2024, cuando el Kremlin intensificó sus presiones sobre los medios europeos, expulsando a varios corresponsales y bloqueando el acceso a las páginas web de 81 periódicos y agencias de información, incluido este diario. Hoy en día, sin el uso de una VPN, estas páginas siguen siendo inaccesibles, al igual que las llamadas a través de WhatsApp y Signal, así como YouTube, un servicio que ha sido ralentizado hasta el extremo y que el Parlamento ruso ha afirmado este martes que bloqueará por completo en un plazo de seis meses.

El Kremlin implementó su ley sobre “organizaciones indeseables” hace una década, en 2015, con el objetivo de reprimir cualquier voz crítica. Bajo esta normativa, se han prohibido 280 instituciones, incluidas organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Greenpeace; medios independientes rusos como Nóvaya Gazeta y Meduza; el diario noruego The Barents Observer; así como otras iniciativas informativas europeas, como el Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP) y Reporteros Sin Fronteras.

Incluso la mera mención de una organización de esta lista en redes sociales puede conllevar multas de entre 5.000 y 15.000 rublos (alrededor de 53 a 160 euros), aunque la reincidencia o tener antecedentes puede justificar la apertura de un caso penal contra el supuesto infractor.

Según el presidente de la Comisión sobre la Interferencia Extranjera de la Duma Estatal, Vasili Piskariov, Deutsche Welle “realiza propaganda antirrusa” y “forma a expertos en desinformación a través de su academia de medios». De hecho, el Parlamento ruso aprobó una ley en marzo de 2022 que castiga con prisión “la desacreditación de las fuerzas armadas rusas”. Esto implica que difundir cualquier información sobre supuestos crímenes de guerra rusos en la “operación militar especial” contra Ucrania, nombre oficial dado a un conflicto que la legislación se niega a denominar “invasión” o “guerra”.