El Kremlin clasifica a Deutsche Welle como «organización no grata» y advierte sobre sanciones a cualquier relación con el medio | Internacional.

El Ministerio de Justicia de Rusia ha calificado a la televisión pública alemana Deutsche Welle como una “organización indeseable”. Esta designación conlleva penas de hasta seis años de prisión para quienes trabajen en el canal y multas, e incluso podría llevar a la cárcel a aquellos espectadores que compartan o den “me gusta” a alguna de sus noticias. Sin embargo, el organismo ruso no ha proporcionado explicaciones sobre las razones de esta prohibición contra el medio alemán. “Este último intento de acallar a los medios libres refleja el claro desprecio del régimen ruso por la libertad de prensa y evidencia su temor a la información independiente”, declaró la directora general de Deutsche Welle, Barbara Massing, antes de que se confirmara el veto en Rusia.

“A pesar de la censura y el bloqueo, el servicio en ruso de Deutsche Welle tiene más usuarios que antes”, sostiene Massing en un comunicado. “Continuaremos nuestra cobertura periodística independiente de la agresión contra Ucrania y otros temas sobre los que la información es casi inaccesible en Rusia, para que las personas puedan formarse su propia opinión”, anticipó la directora general del medio alemán.

Esta prohibición es el desenlace de la persecución del Kremlin hacia Deutsche Welle, aunque las presiones sobre los medios occidentales comenzaron anteriormente. En 2021, Moscú expulsó al periodista neerlandés Tom Vennink, de Volkskrant, y a la británica Sarah Rainsford, de la BBC. Tras el inicio de la invasión de Ucrania en 2022, Berlín prohibió la emisión del canal ruso Russia Today en alemán, y Moscú respondió designando al medio alemán como agente extranjero. Esto no supuso un veto, pero sí limitó su labor a tal punto que informar a los rusos y al resto del mundo se volvió prácticamente imposible. Finalmente, Deutsche Welle cerró su corresponsalía, pero el Kremlin clasificó entonces a su periodista en Rusia, Alexánder Smirnov, como agente extranjero de manera individual. Hoy en día, tras varias reformas legales, esta catalogación también podría llevar a la encarcelación si no se etiqueta como tal en redes sociales.

Deutsche Welle optó por no contar con colaboradores en Rusia en 2024, año en el que el Kremlin intensificó su presión sobre los medios europeos mediante la expulsión de varios corresponsales y el bloqueo del acceso a las páginas web de 81 periódicos y agencias de información, incluido este diario. Sin el uso de una VPN, estas páginas continúan inaccesibles hoy, al igual que llamadas por WhatsApp y Signal, o YouTube, un servicio que ha sido sumamente ralentizado y que el Parlamento ruso ha anunciado que bloqueará por completo en un plazo de seis meses.

El Kremlin implementó su ley sobre “organizaciones indeseables” hace una década, en 2015, para reprimir toda voz crítica. Bajo esta normativa han sido vetadas 280 instituciones, incluidas organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Greenpeace; medios independientes rusos como Nóvaya Gazeta y Meduza; el diario noruego The Barents Observer; y otras iniciativas informativas europeas como el Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP) y Reporteros Sin Fronteras.

Incluso una mención simple de una organización en la lista en redes sociales conlleva multas de entre 5.000 y 15.000 rublos (aproximadamente de 53 a 160 euros), aunque la reincidencia o tener otros antecedentes puede ser motivo para iniciar un proceso penal contra el supuesto infractor.

Según el presidente de la Comisión sobre la Interferencia Extranjera de la Duma Estatal, Vasili Piskariov, Deutsche Welle “realiza propaganda antirrusa” y “forma a especialistas en desinformación a través de su academia de medios». Precisamente, el Parlamento ruso aprobó en marzo de 2022 una ley que castiga con prisión “la desacreditación de las fuerzas armadas rusas”. Es decir, difundir cualquier información sobre presuntos crímenes de guerra rusos en la “operación militar especial” contra Ucrania, el nombre oficial que la legislación se niega a denominar como “invasión” o “guerra”.