El Kremlin designa a Deutsche Welle como “entidad no grata” y advierte sobre posibles sanciones por cualquier conexión con el medio | Internacional.

El Ministerio de Justicia de Rusia ha catalogado a la televisión pública alemana Deutsche Welle como una “organización indeseable”. Esta clasificación conlleva penas de hasta seis años de prisión por trabajar en el canal, así como multas e, incluso, el encarcelamiento de los espectadores que compartan o den “me gusta” a alguna de sus noticias. El organismo ruso no ha proporcionado explicaciones sobre las razones detrás de esta prohibición. “Este último intento de silenciar a los medios libres destaca el flagrante desprecio del régimen ruso por la libertad de prensa y revela su temor a la información independiente”, afirmó la directora general de Deutsche Welle, Barbara Massing, antes de que se confirmara el veto en Rusia.

“A pesar de la censura y el bloqueo, el servicio en ruso de Deutsche Welle cuenta con más usuarios que antes”, sostiene Massing en un comunicado. “Seguiremos con nuestra cobertura periodística independiente sobre la guerra de agresión contra Ucrania y otros temas que son prácticamente inaccesibles en Rusia, para que la gente pueda formarse su propia opinión”, adelantó la directora general del medio alemán.

Esta prohibición es el resultado final de la persecución del Kremlin a Deutsche Welle, aunque las presiones sobre los medios occidentales comenzaron antes. En 2021, Moscú expulsó al periodista neerlandés Tom Vennink, de Volkskrant, y a la británica Sarah Rainsford, de la BBC. Con el inicio de la invasión de Ucrania en 2022, Berlín prohibió la emisión del canal del Kremlin, Russia Today, en alemán, y Moscú reaccionó designando al medio alemán como agente extranjero. Aunque esto no suponía un veto, sí limitaba su labor hasta hacerlo prácticamente imposible tanto para informar a los rusos como al resto del mundo. Posteriormente, Deutsche Welle cerró su corresponsalía, pero el Kremlin clasificó a su periodista en Rusia, Alexánder Smirnov, como agente extranjero de forma individual. Hoy, tras varias reformas legales, esa categorización podría implicar encarcelamiento por no etiquetarse como tal en redes sociales.

Deutsche Welle decidió prescindir de colaboradores en Rusia en 2024, año en el que el Kremlin intensificó la presión sobre los medios europeos, expulsando a varios corresponsales y bloqueando el acceso a las páginas web de 81 periódicos y agencias de noticias, incluido este diario. Sin el uso de una VPN, estas siguen siendo inaccesibles hoy, así como las llamadas por WhatsApp y Signal, y YouTube, un servicio que ha sido ralentizado al extremo y que el Parlamento ruso aseguró el martes que bloqueará completamente en un plazo de seis meses.

El Kremlin introdujo su ley sobre “organizaciones indeseables” hace una década, en 2015, con el objetivo de reprimir cualquier voz crítica. Bajo esta medida, se han prohibido 280 instituciones, incluidas organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Greenpeace; medios independientes rusos como Nóvaya Gazeta y Meduza; el diario noruego The Barents Observer; y otras iniciativas informativas europeas, como el Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP) y Reporteros Sin Fronteras.

Incluso la simple mención de una organización de la lista en redes sociales puede acarrear multas que oscilan entre 5.000 y 15.000 rublos (aproximadamente de 53 a 160 euros), y la reincidencia o tener otros antecedentes puede ser motivo para abrir un caso penal contra el presunto infractor.

Según Vasili Piskariov, presidente de la Comisión sobre la Interferencia Extranjera de la Duma Estatal, Deutsche Welle “realiza propaganda antirrusa” y “forma a especialistas en desinformación a través de su academia de medios». De hecho, el Parlamento ruso aprobó en marzo de 2022 una ley que castiga con cárcel “la desacreditación de las fuerzas armadas rusas”, lo que implica que difundir información sobre presuntos crímenes de guerra rusos en la “operación militar especial” contra Ucrania, el término oficial que la legislación se niega a llamar “invasión” o “guerra”, puede tener graves consecuencias.