El Kremlin clasifica a Deutsche Welle como «organización no grata» y advierte sobre sanciones a cualquier relación con el medio | Internacional

El Ministerio de Justicia de Rusia ha clasificado a la televisión pública alemana Deutsche Welle como una “organización indeseable”. Esta designación conlleva penas de hasta seis años de prisión para quienes trabajen en el canal, así como multas y la posible encarcelación de los espectadores que compartan o den “me gusta” a alguna de sus noticias. La entidad rusa no ha aclarado las razones para prohibir a este medio de comunicación alemán. “Este último intento de silenciar a los medios independientes pone de manifiesto el flagrante desprecio del régimen ruso por la libertad de prensa y revela su temor a la información objetiva”, ha declarado la directora general de Deutsche Welle, Barbara Massing, antes de la confirmación del veto en Rusia.

“A pesar de la censura y del bloqueo, el servicio en ruso de Deutsche Welle tiene más usuarios que nunca”, afirma Massing en un comunicado. “Seguiremos ofreciendo nuestra cobertura periodística independiente sobre la guerra de agresión contra Ucrania y otros temas sobre los que la información es prácticamente inaccesible en Rusia, para que la gente pueda formarse su propia opinión”, anticipa la directora general del medio alemán.

Esta prohibición final es el punto culminante de la persecución del Kremlin hacia Deutsche Welle, aunque las presiones sobre los medios occidentales comenzaron antes. En 2021, Moscú expulsó al periodista neerlandés Tom Vennink, de Volkskrant, y a la británica Sarah Rainsford, de la BBC. Con el inicio de la invasión de Ucrania en 2022, Berlín prohibió la emisión del canal Kremlin Russia Today en alemán, lo que llevó a Moscú a designar al medio alemán como agente extranjero. Esta elección no implica un veto directo, pero sí limita su operación hasta casi hacerlo inviable, tanto para informar a los rusos como al resto del mundo. Finalmente, Deutsche Welle cerró su oficina, pero el Kremlin entonces catalogó a su periodista en Rusia, Alexánder Smirnov, como agente extranjero de manera individual. Hoy, tras varias reformas legales, esta clasificación también puede implicar encarcelamiento por no etiquetarse como tal en redes sociales.

Deutsche Welle decidió prescindir de colaboradores en Rusia en 2024, año en el que el Kremlin intensificó su presión sobre medios europeos, expulsando a múltiples corresponsales y bloqueando el acceso a las páginas web de 81 periódicos y agencias de información, incluido este diario. Sin el uso de una VPN, sus sitios siguen siendo inaccesibles hoy, al igual que las llamadas por WhatsApp y Signal, o YouTube, un servicio que ha sido severamente ralentizado y que el Parlamento ruso ha anunciado este martes que bloqueará por completo en un plazo de seis meses.

El Kremlin implementó su ley sobre “organizaciones indeseables” hace una década, en 2015, con el fin de reprimir cualquier voz crítica. Bajo esta normativa, se han censurado 280 instituciones, incluidas organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Greenpeace; medios independientes rusos como Nóvaya Gazeta y Meduza; el diario noruego The Barents Observer; así como otras iniciativas informativas europeas, como el Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP) y Reporteros Sin Fronteras.

Incluso la mera mención de una organización de esta lista en redes sociales puede acarrear multas de entre 5.000 y 15.000 rublos (aproximadamente de 53 a 160 euros), aunque la reincidencia o tener antecedentes puede justificar la apertura de un caso penal contra el presunto infractor.

Según el presidente de la Comisión sobre la Interferencia Extranjera de la Duma Estatal, Vasili Piskariov, Deutsche Welle “hace propaganda antirrusa” y “forma a especialistas en desinformación a través de su academia de medios». De hecho, el Parlamento ruso aprobó una ley en marzo de 2022 que penaliza con cárcel “la desacreditación de las fuerzas armadas rusas”. Es decir, cualquier difusión de presuntas violaciones de derechos humanos por parte de Rusia en la “operación militar especial” contra Ucrania, nombre oficial que la legislación se niega a considerar como “invasión” o “guerra”.