El Kremlin califica a Deutsche Welle como “organización no grata” y advierte sobre sanciones a cualquier relación con el medio | Internacional

El Ministerio de Justicia de Rusia ha calificado a la televisión pública alemana Deutsche Welle como una “organización indeseable”. Esta categorización conlleva penas de hasta seis años de prisión para quienes trabajen en el canal, así como multas e incluso la posibilidad de encarcelamiento para aquellos espectadores que compartan o reaccionen con “me gusta” a alguna de sus noticias. Sin embargo, el organismo ruso no ha proporcionado explicaciones sobre los motivos de esta prohibición. “Este último intento de silenciar a los medios libres revela el profundo desprecio del régimen ruso hacia la libertad de prensa y demuestra su temor a la información independiente”, declaró la directora general de Deutsche Welle, Barbara Massing, antes de que se confirmara el veto en Rusia.

“A pesar de la censura y el bloqueo, el servicio en ruso de Deutsche Welle tiene más usuarios que nunca”, afirma Massing en un comunicado. “Seguiremos ofreciendo una cobertura periodística independiente sobre la guerra de agresión contra Ucrania y otros temas de difícil acceso en Rusia, para que la gente pueda formarse su propia opinión”, añadió la directora general del medio alemán.

Esta prohibición es la culminación de la persecución del Kremlin hacia Deutsche Welle, aunque la presión sobre los medios occidentales comenzó antes. En 2021, Moscú expulsó al periodista neerlandés Tom Vennink, de Volkskrant, y a la británica Sarah Rainsford, de la BBC. Con el inicio de la invasión a Ucrania en 2022, Berlín prohibió las emisiones del canal del Kremlin, Russia Today, en alemán, y Moscú respondió designando a Deutsche Welle como agente extranjero. Aunque esto no constituía una prohibición, sí limitó su trabajo, volviéndolo prácticamente imposible tanto para informar a los rusos como al resto del mundo. Finalmente, Deutsche Welle cerró su corresponsalía, pero el Kremlin classificó a su periodista en Rusia, Alexánder Smirnov, como agente extranjero de manera individual. Hoy, tras varias reformas legales, esta clasificación puede también implicar encarcelamiento si no se etiqueta como tal en redes sociales.

Deutsche Welle decidió cesar la colaboración con reporteros en Rusia en 2024, un año en el que el Kremlin intensificó la presión sobre los medios europeos, expulsando a varios corresponsales y bloqueando el acceso a las páginas web de 81 periódicos y agencias de información, incluido este diario. Sin el uso de una VPN, estas páginas siguen siendo inaccesibles, al igual que las llamadas por WhatsApp y Signal, y YouTube, servicio que ha sido notablemente reducido y que el Parlamento ruso ha declarado que bloqueará por completo en seis meses.

El Kremlin instauró su ley sobre “organizaciones indeseables” hace una década, en 2015, para silenciar toda voz crítica. Bajo esta normativa, se han prohibido 280 instituciones, incluyendo organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Greenpeace; medios independientes rusos como Nóvaya Gazeta y Meduza; el diario noruego The Barents Observer; y otras iniciativas informativas europeas, como el Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP) y Reporteros Sin Fronteras.

Incluso mencionar una de las organizaciones de la lista en redes sociales puede acarrear multas que oscilan entre 5,000 y 15,000 rublos (aproximadamente entre 53 y 160 euros), y la reincidencia o antecedentes puede justificar la apertura de un caso penal contra el supuesto infractor.

El presidente de la Comisión sobre la Interferencia Extranjera de la Duma Estatal, Vasili Piskariov, sostuvo que Deutsche Welle “realiza propaganda antirrusa” y “forma a especialistas en desinformación a través de su academia de medios». De hecho, el Parlamento ruso aprobó una ley en marzo de 2022 que establece penas de cárcel por “la desacreditación de las fuerzas armadas rusas”. Esto implica que difundir información sobre presuntos crímenes de guerra rusos en la “operación militar especial” contra Ucrania, el nombre oficial de un conflicto que la legislación se niega a calificar como “invasión” o “guerra”, puede conllevar penas severas.