Compromete la seguridad en las carreteras

El Grupo Popular ha conseguido, en el pleno de las Cortes de Castilla y León de este miércoles, el último de la XI Legislatura, la aprobación de una iniciativa que exige al Gobierno de España la creación, en un plazo máximo de seis meses, de un Plan Nacional de Conservación Viaria para cuidar las carreteras de la Comunidad. Esta propuesta recibió 51 votos a favor, 26 en contra del PSOE y dos abstenciones.

La PNL promovida por el PP y aprobada en las Cortes este miércoles solicita a la Junta que se dirija al Gobierno para que elabore, en un plazo máximo de seis meses, un Plan Nacional de Conservación Viaria en conjunto con todas las administraciones públicas involucradas, que defina las prioridades de acción y la identificación de tramos críticos con indicadores medibles alineados con la Estrategia de Seguridad Vial 2030.

Además, la iniciativa exige al Gobierno de Pedro Sánchez que lleve a cabo una evaluación del nivel de seguridad de toda la red viaria estatal en el marco del Plan anterior, utilizando metodologías basadas en datos objetivos y tecnología avanzada, tal como promueve la Estrategia de Seguridad Vial 2030, e integrar los «resultados y avances» del Plan en los informes anuales de seguimiento de dicha estrategia.

Por último, se solicita al Gobierno que analice los instrumentos financieros y administrativos necesarios para asegurar la viabilidad del futuro Plan Nacional de Conservación Viaria, utilizando todos los mecanismos que garanticen una planificación realista de su implementación. «Está poniendo en riesgo la seguridad vial de millones de conductores», han denunciado los populares.

Dependientes de grado III

El pleno de las Cortes ha aprobado de manera unánime una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Socialista que requiere devolver de oficio y de forma individual, en un plazo de seis meses, las cantidades cobradas indebidamente en concepto de copago a unos 100.000 dependientes de grado III.

La portavoz socialista, Patricia Gómez Urbán, ha presentado la iniciativa en reemplazo de su compañera Isabel Gonzalo, quien experimentó una indisposición y tuvo que retirarse de las Cortes. Adicionalmente, el debate de la proposición se vio interrumpido por una hora debido a un fallo técnico en el sistema de la cámara autonómica.

Durante su intervención, Gómez Urbán enfatizó que votar a favor era «necesario» tanto para los dependientes como para cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo, acusando al Gobierno de Mañueco de «castigar» a este grupo.

La popular Noemí Rojo Sahagún, en respuesta, defendió la actuación pronta y responsable de la Junta, recordando que siempre se acatan las sentencias. Resaltó que se procederá al reintegro de las cantidades indebidamente recibidas y que no se cobrará nada más hasta que se modifique la regulación actual. Además, subrayó que las prestaciones en la Comunidad son un 48% superiores a las cantidades máximas estatales.

Vox se queda solo

Vox ha quedado solo en su PNL que pide un acuerdo de colaboración entre la Consejería de Sanidad y la Dirección General de la Policía Nacional para la cesión de datos de personas extranjeras en situación irregular en la Comunidad, así como la implementación de planes de retorno para menores extranjeros no acompañados a sus países de origen.

El procurador de Vox, Miguel Suárez Arca, se opuso a traer trabajadores inmigrantes como «esclavos posmodernos», argumentando que las empresas deben eliminar los incentivos que excluyen a los españoles del mercado laboral y asegurar salarios dignos para los empleados.

El documento de la PNL también pedía la creación de un protocolo para determinar la edad de inmigrantes ilegales que se declaren como menores, así como un informe detallado sobre el impacto económico, tanto directo como indirecto, que la prestación de servicios a personas extranjeras en situación ilegal ha tenido en todas las consejerías de la Junta de Castilla y León.

El Grupo Popular votó en contra de la PNL, abogando por una reforma «profunda» de la política migratoria, fundamentada en tres pilares esenciales: ordenación, seguridad y compromiso. La procuradora María Inmaculada Ranero afirmó que no son necesarias iniciativas como la presentada por Vox, sino una política de Estado «articulada, eficaz y predecible».