Begoña Gómez y su serie de cinco puestos relacionados con la corrupción.
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- 24 de agosto de 2025
El verano llega a su fin para Begoña Gómez. El período de calma que agosto suele ofrecer a quienes, por diversas razones, se hallan en el centro de la atención política y judicial está por concluir. La esposa del presidente del Gobierno deberá regresar a los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid el próximo 11 de septiembre para comparecer, nuevamente, ante el juez Juan Carlos Peinado, quien la mantiene imputada por la supuesta comisión de cinco delitos.
Esta será su tercera aparición ante el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. La investigación avanza lentamente y, en medio de un intenso interés mediático, se ha convertido en un dolor de cabeza para el Ejecutivo, que ha tenido que lidiar en el último año con otras pesquisas que también afectan a Pedro Sánchez, como el ‘caso Koldo’, la causa en contra del fiscal general o la investigación sobre su hermano, David Sánchez, procesado en Badajoz por su supuesta colocación a dedo en la Diputación de Badajoz.
El procedimiento se inició a finales de abril de 2024, después de que una serie de informaciones periodísticas revelaran que Gómez había firmado dos cartas de recomendación para facilitar adjudicaciones públicas a una de las empresas del empresario Juan Carlos Barrabés. Fue entonces cuando la asociación Manos Limpias presentó una denuncia en los tribunales, señalando también los vínculos de la investigada con el rescate de Air Europa en 2020 y su relación con el entonces CEO de Globalia, Javier Hidalgo.
Gómez fue imputada inicialmente por tráfico de influencias y corrupción en los negocios privados, pero su situación judicial se complicó con el tiempo. Tras indagar en su actividad en la Universidad Complutense y su relación con una empleada de Moncloa, el juez amplió las indagaciones y le atribuyó tres delitos adicionales: apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación de fondos.
Su relación con Juan Carlos Barrabés
La denuncia de Manos Limpias argumenta que Gómez, «aprovechándose» de su vínculo con el presidente, firmó cartas de recomendación para empresarios interesados en contratos públicos, incluido Barrabés. Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, desde 2015, sus empresas lograron 99 expedientes de contratación por un total de 24,9 millones de euros, la mayoría en 2021 y 2022, con Sánchez ya en la Moncloa.
Solo en esos dos años, Innova Next —una de las empresas de Barrabés— recibió 20,2 millones, casi el 90% de todas sus adjudicaciones. Posteriormente, Barrabés pasó de testigo a ser una figura central en la investigación. Sus empresas obtuvieron contratos de organismos como el Consejo Superior de Deportes, el Ayuntamiento de Madrid y Red.es, entidad que depende del Ministerio de Transformación Digital. Los contratos con esta última empresa generaron la mayor sospecha entre los investigadores, ya que la esposa del presidente había firmado dos cartas recomendando que la Administración contratara a su socio.
La presunta contraprestación se relaciona con la Complutense, donde Gómez co-dirigía la cátedra de Transformación Social Competitiva y su máster asociado. Barrabés y miembros de su empresa figuraban como profesores en este programa. Durante su declaración ante el juez, el 15 de julio de 2024, Barrabés admitió haber ido a Moncloa en dos ocasiones: una con empresarios y otra para conversar con Gómez sobre «innovación», momento en el que se encontró con Pedro Sánchez.
Peinado también tomó declaración al propio presidente, quien se acogió a su derecho de no declarar contra su esposa. Ese mismo día, Sánchez presentó una querella contra el magistrado por prevaricación, que fue rechazada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La cátedra de la Complutense y el software
Otro aspecto de la investigación gira en torno a la cátedra de la Complutense, de la cual Gómez era co-directora y de la que dependía un máster con el mismo nombre. Según la denuncia de Manos Limpias, Barrabés estuvo involucrado en el desarrollo de este programa académico.
La controversia aumentó cuando El Confidencial informó que Indra, Telefónica y Google se comprometieron a desarrollar un software de manera gratuita para la cátedra, valorado en aproximadamente 150.000 euros. Sin embargo, el proyecto nunca se completó debido a los posibles conflictos de interés. A finales de 2023, Gómez registró, sin el consentimiento de la Complutense, la marca del programa —TSC. Transforma Plataforma de Medición de impacto social y medioambiental.
A estas acusaciones se suma una querella de la asociación Hazte Oír, cuestionando su papel como co-directora de la cátedra sin tener la licenciatura y denunciando un uso supuestamente fraudulento de la institución universitaria y la apropiación indebida del software, que estaba diseñado para la universidad pero fue registrado por Gómez a su nombre.
En junio de 2024, la universidad decidió dejar de ofrecer el máster asociado a la cátedra extraordinaria debido a que su imagen estaba «perjudicada», además de por «baja demanda y escaso interés». En octubre, se canceló el otro título que tenía Gómez, el Máster de Formación Permanente en Fundraising Público y Privado para ONL.
La asesora de Moncloa
El último delito que el juez ha imputado a la esposa del presidente —aunque la Audiencia madrileña lo ha rechazado— es el de malversación de fondos, relacionado con Cristina Álvarez, su asesora en Moncloa, también bajo investigación. En su declaración, la asesora negó haber mediado con la Complutense o con empresas patrocinadoras para beneficiar a Gómez antes de la creación de la cátedra, en octubre de 2020.
El juez respalda esta imputación en los indicios de que Álvarez pudo haber excedido sus funciones limitadas a la agenda y protocolo, involucrándose en la gestión privada de Gómez, incluyendo correos y contactos con potenciales patrocinadores del máster. La asesora comentó que fue nombrada para asistir a Gómez en asuntos tanto oficiales como personales y que fue Begoña quien la contactó para trabajar con ella.
En relación a esto, el juez interrogó al ministro Félix Bolaños y posteriormente solicitó su imputación al Tribunal Supremo, la cual fue rechazada de manera contundente. Entonces, Bolaños era secretario general de Presidencia, y era el responsable de la contratación de Álvarez. Su interrogatorio, al igual que el de Sánchez, se realizó en Moncloa y estuvo cargado de tensión. Bolaños elevó una queja al Consejo General del Poder Judicial, que ha abierto diligencias informativas a Peinado, aunque este es un procedimiento habitual ante quejas hacia un juez.
El actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, también fue llamado a declarar sobre la contratación de Álvarez. Sin embargo, Martín declaró que no participó en dicho proceso.
La Audiencia Provincial de Madrid respalda la investigación
La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado, en líneas generales, la instrucción del juez Peinado, introduciendo matices significativos. Los magistrados consideran que la relación entre Gómez y Barrabés es la «clave» de la causa, ya que ven a la cátedra de la Complutense como una plataforma de captación de fondos y promoción institucional.
En un escrito del pasado mayo, los magistrados indicaron que la rápida expansión de este programa académico no puede explicarse sin el respaldo económico de empresas sujetas a supervisión estatal o beneficiarias de adjudicaciones públicas, lo que refuerza la hipótesis de que la esposa de Sánchez cometió un delito de tráfico de influencias. Expresaron que:
«[…] debía aprovecharse de su proximidad al Presidente del Gobierno, como su esposa, para vender supuestos favores u ofrecer influencias a cambio de diversas contraprestaciones, orientadas a proyectar su carrera profesional y alcanzar una posición privilegiada en un sector emergente». Asimismo, afirmaron: «Las Empresas del Grupo Barrabés eran fundamentales en el desarrollo e implementación de la cátedra, para el lanzamiento y supuesta excelencia profesional desde la cual se habrían urdido el resto de actividades, generando una clara desviación de poder«.
Por otro lado, el tribunal corrigió el enfoque del instructor respecto a Barrabés. Críticas surgieron porque se le tomó declaración como testigo y, días después, se cambió su estatus a investigado, lo que vulneró sus derechos. Además, limitaron la investigación, rechazando examinar los contactos de Gómez con Javier Hidalgo y el rescate de Air Europa. También negaron a Peinado la posibilidad de sondear los contratos de Telefónica, Indra o Google vinculados a la cátedra al entender que eran aportaciones voluntarias y no contratos públicos sujetos a control administrativo. Asimismo, se desimputó al rector de la Complutense, Joaquín Goyache.
Igualmente, se retiró la imputación al exconsejero de la Comunidad de Madrid Juan José Güemes, al considerar innecesario indagar sobre la contratación de Gómez en 2018. Esto se justificó en que fue la propia institución la que decidió contar con sus servicios, excediendo el objeto de la instrucción.
Begoña Gómez defiende su inocencia
El 18 de diciembre, la esposa del presidente del Gobierno se presentó ante el juez Peinado, únicamente respondiendo a las preguntas de su abogado, el exministro del Interior socialista Antonio Camacho, para abogar por su inocencia. Afirmó que el máster le fue otorgado por su trayectoria profesional, que la licitación del software se llevó a cabo siguiendo las instrucciones del centro y que registró la marca a su nombre para evitar un uso indebido ajeno a la Complutense.
También admitió haber firmado cartas de recomendación para Barrabés, aunque se desligó de los contratos que sus empresas obtuvieron en distintas administraciones públicas.
La citación del próximo 11 de septiembre marcará la tercera aparición de Gómez en los juzgados de Plaza de Castilla, sumándose a las ya mencionadas del 18 de diciembre y del 5 de julio, esta última bajo un dispositivo policial sin precedentes. En esa ocasión, Peinado suspendió la declaración después de que la esposa del presidente alegara no conocer los motivos específicos de su imputación.
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