Incertidumbres en el Gobierno de Ayuso respecto a la reducción del IRPF que había prometido | Noticias de Madrid

La significativa rebaja fiscal que Isabel Díaz Ayuso prometió al inicio de su mandato está más incierta que nunca. El entorno de la presidenta ya no se muestra tan seguro de que se pueda implementar antes de que finalice la legislatura en 2027. “Depende de Pedro Sánchez…”, argumentan como justificación. En este momento, reinan las dudas sobre uno de los temas que se consideraba esencial en este segundo mandato.

En 2023, la presidenta de Madrid afirmó que implementaría una reducción de medio punto (0,5) en todos los tramos del IRPF. Su Gobierno ha propuesto otras nueve reducciones fiscales para 2025, principalmente en el ámbito de la vivienda, pero no incluye esta, su propuesta más destacada. Habrá que esperar hasta finales de 2026 para ver si se concreta esta modificación fiscal, o incluso hasta 2027. Expertos consultados sugieren que podría aplazarse hasta ese último año, justo antes de las elecciones, para ser presentada como un fuerte argumento electoral.

Ayuso y su consejera de Economía, Rocío Albert, acusan al Gobierno socialista de una deuda de 10.500 millones de euros, principalmente por el “incumplimiento” de la Ley de Dependencia. El Estado se comprometió a cubrir el 50% de los gastos, pero aún no ha transferido esos fondos. Madrid frecuentemente sostiene que su región está “infrafinanciada” por otros factores como los fondos europeos, el transporte, un plan hidrológico o la asistencia hospitalaria a presos.

En cualquier caso, la rebaja fiscal no será aprobada a corto plazo. “Ahora mismo no…”, afirman desde el equipo de la presidenta. El Gobierno central ha respondido en varias ocasiones a Ayuso con datos sobre la ejecución presupuestaria estatal. En 2024 y 2025, Madrid lidera la ejecución, superando a otras comunidades como Cataluña. Sánchez también ha recordado a Ayuso que la región ha recibido 129.000 millones de euros en los últimos siete años, desde que él está en el poder, un 50% más que lo recibido durante el mandato de su antecesor, Mariano Rajoy, del PP.

Esta es una disputa de cifras con un trasfondo ideológico. El PSOE argumenta que Madrid no puede quejarse de falta de fondos mientras promete rebajas fiscales, como las del IRPF, Patrimonio o Sucesiones. Es decir, protestar por la financiación mientras se resta ingresos de otra manera. Según el Gobierno, el PP de Madrid, el más liberal del principal partido de la derecha, actúa como bombero-pirómano. Reduce los ingresos por sus rebajas a las rentas más altas y espera que el resto de España compense esa pérdida de ingresos, explican desde la perspectiva socialista.

Desde 2004, los sucesivos gobiernos del PP en Madrid han aplicado rebajas fiscales que han resultado en la pérdida de más de 74.000 millones de euros en ingresos regionales, un dinero que podría haberse utilizado para financiar servicios públicos o infraestructuras, mientras se quedaba en manos de los contribuyentes. La bonificación del 100% del impuesto del patrimonio y del 99% en sucesiones y donaciones ha generado críticas de otras regiones, especialmente aquellas gobernadas por el PSOE, que acusan a la Comunidad de competencia desleal y dumping fiscal, ya que su política impositiva atrae a grandes fortunas hacia la capital.

Para el PP, ese dinero ha quedado “en el bolsillo de los madrileños”, mientras que para el PSOE representa una pérdida de recaudación que impacta en la calidad de los servicios públicos. Ayuso defiende, por ejemplo, que la gestión de los hospitales públicos esté a cargo de empresas privadas, un tema que la izquierda rechaza, argumentando que la sanidad no debería ser un negocio.

En Madrid celebran la aprobación de sus presupuestos, mientras Sánchez, en una complicada situación política, aún no ha podido hacerlo. En términos económicos, esta incertidumbre no afecta significativamente a las regiones, ya que Hacienda ya les ha informado sobre los fondos disponibles. De hecho, Hacienda ha proyectado una cifra récord para 2026, estimando 157.731 millones, un 7% más que el año anterior. Sin embargo, esto no es suficiente para Ayuso, que aún no se atreve a dar el paso de implementar la rebaja del IRPF. Habrá que esperar hasta el próximo año para saber si cumple con su promesa electoral o si la pospone un año más.