Almeida y Ayuso fomentan el alquiler accesible en el sector privado mediante terrenos otorgados a desarrolladores, sin realizar sorteos públicos.

“La demanda es superior a los pisos gestionados directamente por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. No están diseñados para atender las necesidades de personas vulnerables o con dificultades”, explica Daniela, beneficiaria de una Vivienda de Protección Pública de Precio Limitado (VPPL) en el distrito de Villaverde de Madrid, al narrar las particularidades del proceso que la llevó a encontrar un hogar. A pesar de tratarse de un alquiler asequible, este no está bajo la gestión del Ejecutivo autonómico ni del municipal.

“La Comunidad de Madrid no gestiona ni financia la construcción de los edificios, pero sí establece límites en sus precios”, señala Daniela en una entrevista con Somos Madrid. Las VPPL son un tipo de vivienda construida en terrenos protegidos y se ofrecen en el mercado a un precio regulado por la administración. Están dirigidas a personas y familias con ingresos moderados o bajos, con el propósito de facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada. Generalmente, son administradas por entidades públicas para asegurar su accesibilidad y disponibilidad para un amplio espectro de la población. Sin embargo, aquí es donde los Gobiernos de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida han optado por promover un modelo alternativo, estableciendo acuerdos con promotoras inmobiliarias para desarrollar este tipo de formato habitacional.