El Tribunal de Cuentas acusa a Adif de manipular contratos del Plan de Recuperación por un total de 77 millones.
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- 24 de diciembre de 2025
El Tribunal de Cuentas revela serias irregularidades en la adjudicación de contratos ferroviarios por parte de Adif, el ente estatal responsable de las infraestructuras ferroviarias. Según el informe de los auditores, la entidad pública ha alterado las puntuaciones de las ofertas para favorecer a ciertas empresas en contratos que superan los 77 millones de euros. Las prácticas identificadas incluyen modificaciones en los criterios de evaluación y cambios en las calificaciones técnicas, lo que ha distorsionado la competencia justa entre los licitadores.
Las irregularidades se encuentran en la gestión de contratos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiados con fondos europeos, por parte de las entidades Adif y Adif-Alta Velocidad. De acuerdo con el informe aprobado este 18 de diciembre de 2025, las investigaciones se iniciaron tras dos denuncias presentadas en los canales éticos de Ineco y Adif entre julio y septiembre de 2022.
Como adelantó OKDIARIO, los denunciantes advirtieron sobre la modificación indebida de las valoraciones técnicas en seis expedientes de obras, de los cuales cuatro cambiaron su adjudicatario tras las alteraciones.
Instrucciones por escrito
El organismo fiscalizador, al que el PSOE solía aferrarse para evadir responsabilidades, ha verificado que los informes de valoración técnica de Adif “padecen de falta de transparencia y motivación en la asignación de puntuaciones”. En particular, se encontraron instrucciones por escrito para modificar puntuaciones “sin aludir a ningún criterio técnico”, lo que genera “indicios de arbitrariedad”.
Uno de los casos más relevantes afecta a un expediente vinculado al PRTR adjudicado en 2022 por más de 20 millones de euros. Los técnicos de Ineco realizaron una primera evaluación, pero después recibieron órdenes para ajustar las puntuaciones entre licitadores, cambiando el resultado final.
Favoritismo sistemático
El Tribunal ha encontrado que una empresa presuntamente beneficiada obtuvo siete contratos entre junio de 2018 y julio de 2021, por un valor total de 77,66 millones de euros. Esta cifra contrasta con los 43,83 millones adjudicados en otros cuatro contratos fuera de ese periodo. Los pliegos e informes de evaluación de los expedientes presentan las mismas deficiencias identificadas en los casos denunciados. Isabel Pardo de Vera fue la presidenta de Adif entre junio de 2018 y julio de 2021.
Luego de analizar 15 expedientes, el Tribunal concluye que el modelo de pliegos empleado por Adif “constituye una infracción de la normativa” de contratación pública. Los documentos otorgan hasta el 57% de la puntuación total a un único criterio, “Memoria y programa de trabajo”, sin discriminar la ponderación de sus subcriterios.
Intervención opaca de Ineco
El informe revela que técnicos de Ineco participaron en valoraciones de licitaciones sin que esta labor estuviera contemplada en el encargo contractual. Estos profesionales elaboraban borradores de valoración que posteriormente eran modificados por responsables de Adif “de manera habitualmente verbal”, sin dejar constancia documental.
“Resulta incomprensible que el ajuste en las puntuaciones lo llevaran a cabo los técnicos de Ineco, solo responsables de un primer borrador, cuando la competencia correspondía a Adif”, critica el informe.
Para justificar las puntuaciones, Adif solicitó un informe pericial externo a Ineco para uno de los expedientes denunciados. Sin embargo, el Tribunal considera que este informe “omite completamente la motivación de la asignación de las nuevas puntuaciones” y carece de rigor, ya que se elaboró conociendo previamente los resultados de la valoración económica y la adjudicación final.
El organismo critica severamente la falta de rigor en las investigaciones internas de Adif sobre las denuncias, indicando que “carecen del rigor” que sería exigible dada la gravedad de los hechos denunciados.
Control deficiente
El informe también confirma un control “muy deficiente” sobre los 328 trabajadores procedentes de Ineco y Tragsatec dedicados a tareas de gestión y gobernanza de los fondos europeos. Las entidades auditadas no disponen de la información adecuada sobre la identidad de estos trabajadores, “elemento necesario para una adecuada gestión de los conflictos de interés”.
Se ha encontrado que Adif tardó meses en identificar al personal y que algunas declaraciones de ausencia de conflicto de interés mostraban incongruencias, como empleados de Ineco firmando como trabajadores de Tragsatec.
Se han gastado 5.974 millones de euros dentro del PRTR, de los cuales han recibido 3.570 millones hasta el 31 de diciembre de 2024. El organismo ha identificado “deficiencias” en la trazabilidad de los expedientes, con un 55% de los contratos incluidos sin seguir el procedimiento de modificación establecido.
Recomendaciones ignoradas
A pesar de que el propio Área de Cumplimiento Normativo de Adif recomendó en enero de 2023 formalizar el proceso de valoración técnica y documentar las instrucciones de modificación, el Tribunal constata que las prácticas irregulares han persistido.
Se han vulnerado los principios de transparencia e igualdad, lo que “dificulta la imposición de límites a la discrecionalidad” y favorece que “en algunos casos se pueda incurrir en arbitrariedad”.
Adif rechaza las acusaciones
Adif ha presentado 132 páginas de respuesta en las que rechaza enérgicamente las conclusiones del Tribunal de Cuentas. Defienden la total legalidad de sus actuaciones. Consideran que el informe contiene “manifestaciones genéricas” de incumplimiento sin aportar pruebas concretas de irregularidades.
“No se ha probado que en los informes de valoración realizados por Adif existan infracciones, ni criterios de arbitrariedad o discriminatorios”, se defienden. Argumentan que su forma de actuar ha sido validada en múltiples ocasiones por organismos externos, incluido el propio Tribunal de Cuentas en 2016 sobre la línea Barcelona-Figueres.
Las entidades ferroviarias indican que el Tribunal “no puede sorpresivamente en este informe ignorar e inaplicar la doctrina y jurisprudencia” que previamente había avalado sus métodos de contratación. Denuncian que el organismo fiscalizador provoca “una absoluta e inasumible falta de seguridad jurídica” al cambiar ahora su criterio.
Respecto a los cuestionados pliegos de contratación, Adif se apoya en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. “Los pliegos contemplan, conforme a lo exigido por la Ley, la aplicación de determinados criterios de adjudicación cuya implementación depende de un juicio de valor”, explican. Las entidades insisten en que sus documentos “se hallan en perfecta sintonía con el proceder generalizado del sector público” y rechazan cualquier vínculo entre la redacción de los pliegos y la posible existencia de conductas irregulares individuales.
Adif subraya que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales nunca ha cuestionado sus procedimientos desde su creación y que ningún interesado ha presentado reclamaciones contra las valoraciones técnicas en los expedientes analizados. “Los pliegos no amparan, permiten ni propician conductas contrarias al ordenamiento jurídico”, enfatizan.
En relación a las dos denuncias internas evaluadas, Adif sostiene que actuó “diligentemente y ejercitando sus competencias”, considerando que “no dispusieron de medios de investigación y competencias”. Argumentan que se les estaría exigiendo “acciones de imposible cumplimiento”. Adif destaca que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), que solicitó información en abril de 2023, no inició investigación después de revisar el caso.
Las entidades critican severamente que el Tribunal haya investigado expedientes más allá de los denunciados. Solicitan explícitamente que se eliminen del informe varias referencias concretas.
Mientras tanto, Adif continúa manejando fondos europeos con procedimientos que, según el organismo fiscalizador, violan los principios básicos de la contratación pública y abren la puerta a prácticas perjudiciales que erosionan la confianza en la gestión de los recursos comunitarios.