Los brigadistas forestales de la Comunidad de Madrid reinician este lunes una huelga indefinida en protesta por la precariedad y la temporalidad laboral.

Los empleados de las Brigadas Forestales de la Comunidad de Madrid reinician este lunes la huelga indefinida que habían suspendido hace diez días ante la ola de incendios ocurridos en el país. Esta paralización, que comenzó el 15 de julio, persigue denunciar la precariedad y temporalidad de su labor, así como exigir mejoras laborales que aseguren un servicio esencial para la protección de los montes madrileños.

La decisión ha llegado a pocos días de la reunión tripartita convocada para el próximo jueves 28 de agosto, donde participarán la empresa pública Tragsa, encargada de la contratación de los efectivos; el comité de empresa, compuesto por los sindicatos UGT, Firet y CGT; y la Comunidad de Madrid. El objetivo del encuentro es resolver un conflicto que lleva años y que los sindicatos advierten no se cerrará hasta que haya “avances claros y certezas”. «Hasta que no tengamos avances claros y certezas no desconvocaremos la huelga, que recordamos es indefinida», enfatizaron los representantes sindicales, también recordando el “plantón” de Tragsa y del Ministerio de Hacienda a la reunión celebrada el 18 de agosto.

La huelga cuenta con unos servicios mínimos del 80% debido a la relevancia de las funciones de los brigadistas, encargados de tareas de prevención, vigilancia, detección y apoyo en la extinción de incendios forestales. En la Comunidad de Madrid, hay alrededor de 500 bomberos forestales —aproximadamente 350 en temporada baja—, contratados por Tragsa, cuyo principal accionista es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), bajo el Ministerio de Hacienda.

Demandas de los trabajadores

Entre las demandas más destacadas del colectivo resalta la actualización de salarios, congelados desde 2010, y la negociación de un nuevo convenio colectivo, pendiente desde 2008. También han exigido que se reconozca la peligrosidad, penosidad y toxicidad de su trabajo, ya que no cuentan con protección frente a la exposición a agentes cancerígenos, así como poner fin a la temporalidad: actualmente, un 40% de la plantilla solo trabaja cuatro meses al año.

Además, los sindicatos han denunciado el abandono de las bases, muchas de las cuales llevan más de 20 años sin mejoras, y han pedido la implementación de la Ley 5/2024, aprobada en noviembre del año pasado, que según afirman no se está cumpliendo en la Comunidad de Madrid.

El nuevo encargo de la Comunidad

Simultáneamente, la Comunidad de Madrid confirmó este pasado viernes a Tragsa que renovará el encargo de estas funciones a partir de 2026, incluyendo una subida de 4 millones de euros en la partida presupuestaria, lo que elevará el gasto anual a más de 32 millones. Este nuevo encargo también prevé la contratación del personal durante los 12 meses del año, una demanda histórica de los brigadistas.

El presidente de Tragsa, Jesús Casas, ha afirmado que la empresa pública implementará las mejoras establecidas en el acuerdo, mientras que la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) manifestó su intención de presentar un plan de mejora de las bases e infraestructuras a los representantes de los trabajadores.

Discrepancias sobre el convenio

Desde el Gobierno regional también se ha planteado la posibilidad de que estos efectivos de las Brigadas Forestales en la región puedan acogerse al convenio de la empresa pública Tragsa para las Brigadas de Refuerzo por Incendios Forestales (BRIF) que prestan servicio al Ministerio de Transición Ecológica, publicado en el BOE la semana pasada.

Una propuesta que el comité de empresa ha rechazado de forma contundente. «Claramente no es una opción», han sentenciado. En este aspecto, han enfatizado que se trata de «servicios totalmente diferentes» y han argumentado que esta adhesión «solo generaría más inseguridad jurídica a la plantilla». Por otro lado, desde la Consejería de Medio Ambiente han enfatizado que este acuerdo ha recibido «muy buena valoración por parte de varios ministros del Gobierno de España» y han apuntado que es una opción «perfectamente legal», previa aprobación entre la empresa y los representantes de los trabajadores.

En la actualidad, los brigadistas están regulados por el Convenio Sectorial de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid, sobre el cual Tragsa afirma no estar legitimada para negociar. El Gobierno regional sostiene que tampoco puede abordar estas mejoras al no ser competente para un convenio sectorial autonómico, aunque un informe de la Dirección General de Trabajo ha señalado la posibilidad de que Tragsa negocie un convenio propio de empresa.

Específicamente, se menciona que, aunque Tragsa «no está legitimada para negociar» este convenio colectivo sectorial, sí puede llevar a cabo la negociación «de su propio convenio de empresa». En cualquier caso, ha determinado que la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) «no tiene legitimación para negociar el convenio colectivo de los trabajadores que no son empleados públicos suyos, sino personal laboral de empresas concesionarias».

En cualquier caso, desde el departamento que dirige Carlos Novillo han considerado que con esta adhesión se podría incluir a todo el personal que realice labores de prevención y extinción de incendios forestales, «lo que permitiría una homogeneidad en las condiciones laborales de los profesionales que llevan a cabo las mismas funciones».