La falta de progreso en la reforma docente podría generar una crisis educativa al comenzar el curso | Educación

Al comienzo del curso anterior, el Ministerio de Educación estableció la reestructuración integral del profesorado como su principal prioridad, lanzando un mensaje ambicioso. A principios de 2025, se iniciaron negociaciones con los sindicatos, formándose grupos que abordan casi todos los aspectos vinculados a la profesión: desde la formación de los futuros docentes en las universidades hasta el estilo de las oposiciones, incluyendo la proporción de estudiantes por aula y la carrera profesional. Sin embargo, después de varios meses, los sindicatos más implicados en la negociación advierten que los avances han sido mínimos, y el Gobierno aún no ha presentado ninguna propuesta tangible, aparte de un documento técnico sobre el marco de competencias docentes.

Ante el creciente descontento en las instituciones educativas, según muchas voces del ámbito docente, los sindicatos alertan que el clima educativo podría deteriorarse rápidamente si el Ejecutivo no toma decisiones claras tras las vacaciones o si estas resultan insuficientes. “Estamos en una situación muy difícil. Si esto continúa, saldremos a la calle”, expresa una fuente sindical.

Este descontento escolar se debe, en gran medida, al aumento de la complejidad de las aulas ―con un alumnado más diverso― y a las mayores exigencias que se imponen a los profesionales ―que incluyen una enseñanza más basada en competencias y una atención más personalizada― sin un correspondiente aumento en los recursos, coinciden las fuentes.

El último año del Gobierno ha sido complicado: no han podido presentar presupuestos, no cuentan con una mayoría sólida en el Congreso, y han enfrentado una significativa presión por parte de Estados Unidos y la OTAN para aumentar el gasto en defensa, entre otros factores que complican una reforma que, en su mejor versión, necesita importantes inversiones y cambios en la legislación educativa.

Aun así, los sindicatos esperan que al regresar del verano haya, al menos, un primer avance en cuanto a la proporción de alumnos por aula ―actualmente fijada en un máximo de 25 en infantil y primaria, 30 en la ESO, y 35 en Bachillerato, con la posibilidad de superarlas ligeramente en circunstancias excepcionales― y en las horas de clase del profesorado, para que se establezca un mínimo de 18 en secundaria y 23 en infantil y primaria. Aunque esto ya ocurre en la mayoría de las comunidades autónomas, no se aplica en todas, y los sindicatos desean asegurarlo por ley, según lo comunicado por el ministerio. Este, por su parte, ha mantenido desde el comienzo del proceso la política de no emitir declaraciones públicas durante la negociación.

En términos generales, los cinco principales sindicatos docentes involucrados en las conversaciones con el ministerio se pueden clasificar entre aquellos que han mantenido una postura constructiva, dispuestos a alcanzar acuerdos concretos que mejoren las condiciones del profesorado y la calidad del sistema, entre ellos CC OO, ANPE y UGT. Y aquellos que, por razones ideológicas y de otra índole, han expresado desde el principio una desconfianza hacia la eficacia del proceso y su posible impacto en mejoras significativas, como CSIF y STES.

Protestas y cambios

Si las negociaciones resultan en un fracaso ―o en unos resultados insignificantes, por la escasa mejora que proponga el Gobierno―, los tres sindicatos que han adoptado una postura constructiva se verían en una posición desfavorable en comparación con los que han manifestado desconfianza desde el inicio. Además, podrían ser superados por un fenómeno relativamente nuevo observado en la reciente crisis educativa de Asturias, donde surgieron protestas con una fuerza inesperada desde las propias instituciones educativas.

Como en muchos aspectos, el ámbito educativo también está experimentando cambios. Sindicalistas con décadas de experiencia aseguran que la revuelta asturiana ―que provocó la dimisión de la consejera de Educación Lydia Espina y cuya resolución se alcanzó tras la firma de un acuerdo que incluyó numerosas mejoras― presentó características inéditas. Esto incluye la organización de protestas muy efectivas al margen de los cauces sindicales, el uso de redes sociales, especialmente canales de Telegram, y la difusión de mensajes de carácter antisindical y maximalista, diseñados para que las demandas no pudieran ser aceptadas por la administración, e incluso algunos de corte ultraderechista, algo atípico en este tipo de movilizaciones.

Los sindicatos que están dispuestos a negociar la reforma del profesorado coinciden en que, si el tiempo pasa sin resultados concretos, no solo se sumarán a las posibles protestas, sino que liderarán. “Si no hay propuestas firmes, buscaremos, debatiremos, realizaremos asambleas y escucharemos a lo que diga el personal docente, pero plantearemos que es necesaria una movilización”, afirma Teresa Esperabé, secretaria de la Federación de Enseñanza de CC OO. “Si el escenario que vamos a seguir padeciendo es el mismo que hemos vivido el curso pasado, no descartamos ninguna medida. Tenemos claro que esto es insostenible”, agrega el presidente de ANPE, Francisco Venzalá. Un mensaje similar expresa la responsable de Educación de UGT, Beatriz García.

Cómo bajar la ratio

El número máximo de alumnos por aula en España ha permanecido sin cambios desde 1990, cuando se aprobó la Logse ―siendo anteriormente mayor. Para implementarlo completamente y obligar a las comunidades a establecer el nuevo límite, sería necesario modificar la ley de educación, la Lomloe. Por lo tanto, el Gobierno necesitaría el apoyo de sus socios. Esto no es imposible, pero, como se vio durante la tramitación de la Lomloe, los partidos nacionalistas tienden a mostrarse reacios a realizar regulaciones estatales en aspectos que, por otro lado, tienen competencia, como la organización escolar. Además, reducir la ratio de alumnos implica un costo económico que en principio recaería en las comunidades autónomas: significa contratar más docentes y, como se evidenció durante la reducción del tamaño de los grupos en la pandemia, en ciertos centros puede demandar, además, aulas adicionales.

Sin embargo, la disminución de la natalidad facilita la implementación de esta medida, especialmente en los colegios de infantil y primaria. De hecho, muchas comunidades autónomas ya han comenzado a hacerlo, al menos en algunos de sus municipios.

Para evitar llevar la medida al Congreso y enfrentarse a los gobiernos regionales, el Ministerio de Educación tiene otra alternativa, indican fuentes sindicales, que consistería en compartir la responsabilidad de la inversión. El límite máximo no cambiaría en la ley, aunque podría plantearse como una recomendación a las consejerías de educación autonómicas, y, sobre todo, se podría establecer un programa robusto, financiado por el Gobierno, para facilitar la reducción del número de alumnos por clase, al que las comunidades autónomas que deseen sumarse podrían hacerlo, como ya se ha realizado con éxito en casi toda España con la creación de plazas de Infantil de 0 a 3 años y de Formación Profesional.