Un tribunal detiene la destitución del jefe de la Policía en Lleida debido a una condena previa por acoso sexual | España

Un nuevo revés judicial para el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha decidido suspender la medida adoptada el pasado 16 de diciembre que cesó al comisario Antonio José Royo Subías como jefe de la Policía Nacional en Lleida, tras conocerse que había sido condenado hace 22 años por acosar a una subordinada para que mantuviera relaciones sexuales con él. En un auto adelantado por Abc y al que ha tenido acceso EL PAÍS, los tres magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Sección Cuarta del TSJ de Cataluña concluyen que la orden de cese “podría presentar múltiples vicios de pleno derecho y de anulabilidad”, señalando que se adoptó sin escuchar al alto mando y únicamente con el argumento de que su permanencia podría causar “un grave deterioro de la imagen de la Policía Nacional”.

Por lo tanto, los magistrados han acordado que, mientras se resuelve el recurso presentado por el comisario, este regrese provisionalmente a su puesto como jefe de la Comisaría Provincial de Lleida. No obstante, advierten que esta medida “no implica perpetuar” su cargo y dejan abierta la posibilidad de que el Ministerio del Interior lo reemplace por otro comisario, dado que Royo había sido designado para el cargo de manera provisional. Esta no es la primera ocasión en que la justicia corrige a Grande-Marlaska en relación con el cese de un mando policial. En 2023, el Tribunal Supremo declaró ilegal la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como máximo responsable de la Guardia Civil en Madrid.

El comisario Royo fue destituido de su puesto apenas una semana después de que varios medios, entre ellos EL PAÍS, revelaran que había sido condenado en junio de 2003 por la Audiencia Provincial de Gipuzkoa por acosar sexualmente en 1999 a una agente a su mando, además de propinarle “un manotazo en el glúteo”. Los hechos lo llevaron a ser considerado autor de un delito de acoso sexual con el agravante de superioridad, condenándosele a una multa de 1.080 euros y a indemnizar a la víctima con 3.000 euros. Dado que la sentencia no incluía penas accesorias de inhabilitación (este castigo se incorporó a este delito en la reforma del Código Penal de 2022), Royo, quien en ese entonces era inspector jefe de la Unidad de Intervención Policial (UIP, conocidos como antidisturbios), continuó en la Policía Nacional y ascendió a comisario en 2017.

La controversia generada ―que incluso llegó al Congreso y al Senado con preguntas tanto por escrito como en sesión plenaria dirigidas a Grande-Marlaska― provocó que al día siguiente de conocerse la condena, el director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, el comisario José Ángel González, emitiera una resolución destituyendo a Royo y trasladándolo a la Jefatura Superior de Madrid como jefe de un grupo de Seguridad Ciudadana. Según detalla el auto del TSJ de Cataluña, el número dos de la Policía fundamentó su decisión en “el malestar que se ha generado en diferentes ámbitos institucionales y de la sociedad civil tras su nombramiento como responsable policial en la provincia”, argumentando que esta situación podría afectar el interés del servicio, llevando a un desapego institucional y social que podría deteriorar gravemente la imagen de la Policía Nacional y afectar el desempeño cotidiano de la actividad.

El comisario impugnó la decisión, solicitando que, mientras se resolvía su recurso, se suspendiera cautelarmente la medida ―debía incorporarse a su nuevo puesto en Madrid este viernes―, argumentando que, al estar tan cerca de su jubilación, la ejecución inmediata del cese podría causarle “perjuicios graves y de muy difícil reparación”, ya que al momento de conocerse la sentencia podría ya estar retirado. Además, expresó que su destitución le ocasionaba un “daño reputacional” que considera “esencialmente irreversible”, así como una pérdida económica significativa dado que el cargo de jefe de la Policía Nacional en Lleida tiene un complemento de 14.500 euros anuales. Por su parte, el Ministerio del Interior, a través de la Abogacía del Estado, negaba tales daños “irreversibles” e insistía en que suspender el cese vulneraba la “potestad” de la Dirección General de la Policía para “autoorganizarse”.

Los tres magistrados han respaldado ahora al comisario Royo, determinando que su cese no había ocurrido “en el marco de un procedimiento de carácter disciplinario/sancionador, ni tampoco por ningún hecho actual que evidencie un riesgo en el ejercicio de sus funciones”. Además, subrayan que una decisión de tal índole “requiere ciertas cautelas y garantías”, las cuales no se habían cumplido, incluida la necesidad de escuchar en audiencia al afectado. La resolución judicial también critica que la decisión del Ministerio se fundamenta “en formulaciones genéricas” sobre la afectación al prestigio de la Policía, pero no especifica “qué hechos operativos, incidencias del servicio o razones funcionales concretas hacen imprescindible” el cese. De hecho, enfatiza que esta falta de motivación “es un vicio que podría llevar a la anulabilidad de la resolución administrativa”.

El auto también señala que la resolución del ministerio no incluyó la sentencia de 2003 por la que se condenó al comisario Royo por acoso sexual, limitándose a mencionar las recientes informaciones periodísticas que llevaron a su destitución. En este sentido, recuerda que “la posible cancelación y consiguiente olvido de los antecedentes penales es un derecho que el Código Penal concede a todos los condenados y que se relaciona íntimamente con la orientación constitucional de nuestro sistema penológico hacia la reinserción social”. Asimismo, enfatiza que la falta de consideración de esta antigua sentencia por parte del Ministerio, cuando se acordó su nombramiento, revela que el cese fue, en realidad, “una reacción coyuntural” al revuelo mediático que generó.

La resolución judicial destaca también que Royo cuenta con “un extenso expediente profesional de 41 años de servicio, con numerosas felicitaciones públicas (más de 80), condecoraciones y destacadas asignaciones internacionales, como Consejero de Interior en la embajada de España en Argel, sin ninguna incidencia, ya sea disciplinaria o no”, de modo que los magistrados no aprecian ningún riesgo en que ejecute las funciones de jefe provincial de la Policía Nacional en Lleida. De hecho, recalcan que “la propia resolución de cese no identifica problemas de seguridad ciudadana, fallos operativos, pérdida de coordinación o conflictos internos concretos, sino únicamente una afectación a la imagen”.