Los loteros de Villamanín rechazan el premio, pero no logran calmar a sus vecinos: «Están haciendo trampa»

El 22 de diciembre, el premio Gordo de la Lotería fue a parar a Villamanín, un pequeño municipio de cerca de mil habitantes en Castilla y León. La celebración de sus vecinos, con champán en mano y decoraciones navideñas en las nevadas aceras, acaparó los titulares; sin embargo, lo que inicialmente parecía ser una alegría para todos los agraciados ha resultado en un gran conflicto que ha dividido al pueblo.

Todo comenzó como habitualmente sucede en los pueblos durante la lotería: con talonarios en mano para comercializar participaciones del número 79.432, una joven comisión de fiestas con muchas ganas de recaudar fondos para las verbenas del próximo verano.

Sin embargo, esa alegría fue efímera, ya que la comisión, por error, distribuyó 50 participaciones de más —de 5 euros; 4 se jugaban y 1 se reservaba como donativo para la propia comisión —, de las 450 que vendieron.

Estas papeletas adicionales no estaban asociadas a los diez décimos premiados correspondientes. ¿La razón? Un error al imprimir más participaciones que los décimos comprados, lo que resulta en un desajuste de 4 millones de euros. Por este motivo, no se podían cobrar premios al haberse vendido más participaciones de las realmente premiadas.

Para tratar de resolver el problema, en la tarde-noche de este viernes, se llevó a cabo una reunión en el Hogar del Pensionista de Villamanín, a la que asistieron cerca de 250 personas.

La reunión se prolongó durante cuatro horas, con gritos y crisis de ansiedad de algunos jóvenes de la comisión de fiestas, e incluso hubo quienes vomitaron ante el estrés generado por la polémica.

Durante este encuentro, se propuso que los integrantes de la comisión que distribuyó las participaciones cedan sus premios si el resto de los agraciados renuncian al 10% de sus ganancias y siempre que no se interponga ninguna denuncia.

Dicha condición se establece porque la mera renuncia de la comisión no basta, ya que incluso cediendo esos premios solo se cubrirían dos de los cuatro millones en premios vendidos en participaciones.

Por ello, con el fin de que todos los que compraron participaciones puedan cobrar, se debe descontar ese porcentaje (10%) del premio de cada participación, que asciende a 80.000 euros, lo que supondría una reducción de aproximadamente 2.400 euros por participación.

Una vez que todos los agraciados hayan podido cobrar el premio con esta deducción —con un límite hasta el 22 de marzo—, la comisión de fiestas, compuesta por once personas, pondrá a disposición del resto de ganadores el décimo que jugaba la propia comisión, así como sus premios personales.

El dinero deberá ser depositado en el juzgado lo más pronto posible y será un juez quien supervise el pago del premio, un proceso que podría retrasarse si se emprenden acciones legales.

El acuerdo, que aún está pendiente de firma, no ha sido aceptado por todos los presentes. Durante la reunión se constató que solo dos vecinos se oponen al pacto, mientras que la mayoría, aunque algunos critiquen a la comisión, ha optado por una solución colectiva para minimizar las pérdidas del Gordo.

El pueblo dividido

Los más críticos expresan desconfianza hacia la información proporcionada por la comisión sobre los premios ganados, anunciando que presentarán una denuncia si no obtienen la totalidad del premio que jugaron.

«Quien debe subsanar los errores es quien los comete y luego los demás ayudamos, pero quieren tenerlo todo. Que ponga la comisión el dinero y el resto apoyamos. He pagado sus papeletas con honestidad y el dinero que valían, se ríen de nosotros en nuestra cara», afirmó una vecina que prefiere permanecer en el anonimato.

Por otro lado, otros se muestran más comprensivos, reconociendo que «son chicos que han cometido un error sin mala intención» y recordando que han ofrecido el décimo de la propia comisión y sus participaciones personales a los demás ganadores. «No pueden hacer más», declararon a EFE.

Según informó la Agencia Ical, alrededor de 300 personas asistieron, escuchando de primera mano las explicaciones de la comisión de fiestas, que hasta ese momento no se había pronunciado al respecto.

«No hablan con nosotros ni con la prensa y nos impulsan a pensar que están haciendo trampas, porque si tuviese algo legal, lo diría claramente desde el inicio», se oía en la entrada del Hogar del Pensionista de Villamanín, donde tuvo lugar la reunión. «¿Tú pondrías la mano en el fuego?», preguntaron desde la barra del bar.

En contraposición, Inmaculada Gutiérrez, en declaraciones a Ical, se mostró convencida de que «ha habido un error sin intención», abogando por «la concordia y la solidaridad».

Los más cautos recordaban que el día 21 nadie tenía nada y «si hemos ganado el premio es gracias a la comisión», mostrando así mayor tolerancia en busca de un acuerdo consensuado.

De esta manera, la pequeña localidad leonesa ha pasado de la euforia a la división entre vecinos entre quienes apoyan a los jóvenes, algunos de ellos menores, y quienes solo ven mentiras y «una falta total de transparencia», como criticó otro de los agraciados.

Comunicado de la comisión

Tras la reunión, la comisión emitió un comunicado oficial ante la negativa a dar declaraciones a los medios, debido a la tensión acumulada, en el cual reconocen las graves consecuencias de haber realizado mal el conteo de las papeletas.

«Por ello, pedimos disculpas a todos los afectados, pero queremos dejar muy claro que jamás ha existido ningún tipo de fraude o trampa», explicaron.

«Solo podemos decir que los voluntarios, la mayoría jóvenes del pueblo, hemos pedido ayuda al pueblo en esta reunión y estamos emocionados por la respuesta. La mayoría de los asistentes nos ha entendido e incluso mostrado su apoyo», añadieron.

Frente a la situación generada, han manifestado que asumirán incluso la pérdida de su propio premio para asegurar que lo que empezó como una alegría para el pueblo lo siga siendo hasta el final, a pesar de quedarse sin nada.

Asimismo, han destacado que la gran mayoría de los portadores de las participaciones han comprendido que la mejor solución es «ayudarnos entre todos, cobrar cuanto antes, evitar pleitos y no convertir una buena noticia en un conflicto», para lo que se trabaja en un «acuerdo justo, transparente y con todas las garantías legales, supervisado judicialmente, pensado en el bien común y en el futuro del pueblo», concluye el comunicado.