El Gobierno autoriza más de 2.000 millones en inversión militar al finalizar el año | España

El Gobierno concluye 2025 enviando un nuevo mensaje sobre su compromiso con la OTAN y la seguridad de la UE. En el Consejo de Ministros del 23 de diciembre se aprobó una inversión superior a 2.000 millones de euros en gasto militar, sin que se le diera publicidad para no incomodar innecesariamente al socio menor de la coalición y para evitar agravar la tensión con la mayoría de los grupos del bloque de investidura, ya que el gasto en Defensa es un tema delicado para la izquierda. Esta considerable inversión se destinará a la compra de vehículos de transporte táctico, mejoras logísticas en arsenales y en la base naval de Rota (Cádiz), el programa de submarinos de la serie s-80, el desarrollo de uno de los principales cuarteles del Ejército de Tierra en la provincia de Zamora, y el apoyo a la defensa de Ucrania.

La OTAN, con la que Pedro Sánchez ha tenido desacuerdos por negarse, a diferencia de otros aliados, a aumentar el gasto militar hasta el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2035 como exigía el presidente estadounidense Donald Trump, estimó en agosto que España ya estaba destinando el 2% comprometido por el presidente del Gobierno. Se esperaba cumplir con esta cifra en el último cuatrimestre del año, lo que requería una inversión de 10.471 millones, alcanzando un total de 33.123 millones. La víspera de Nochebuena, el Ejecutivo aprobó 1.900 millones para Defensa y 100 millones como contribución voluntaria a la OTAN para fortalecer las “capacidades defensivas” de Kiev. Sánchez anunció en noviembre, durante una comparecencia conjunta con Volodímir Zelenski en La Moncloa, que España destinaría 817 millones en apoyo a Ucrania, incluidos 100 millones para la adquisición “urgente y acelerada” de armamento estadounidense, principalmente misiles antiaéreos para proteger las infraestructuras energéticas de los bombardeos rusos, a través de la OTAN.

“España es un socio fiable y uno de los países que más cumplen en el marco de la Alianza Atlántica. Cuando llegamos al Gobierno, nuestras Fuerzas Armadas carecían prácticamente de todo; la inversión en Defensa era del 0,9% del PIB. Hemos hecho un esfuerzo cumpliendo los compromisos establecidos en Gales [en 2014]. No es una cuestión de porcentajes, sino de capacidades, y esas capacidades las tenemos y las ponemos a disposición de la Alianza Atlántica”, subrayó Margarita Robles, ministra de Defensa, este lunes en La Hora de la 1 de TVE.

Más de la mitad de los 2.001,2 millones aprobados en gasto militar correspondieron a la compra de camiones medios y pesados de transporte táctico. El valor del acuerdo marco asciende a 1.041 millones y tendrá una duración de cuatro años, con la opción de prorrogarse dos años más. El objetivo es “completar y mejorar” la cobertura con este tipo de vehículos y renovar la flota para que las Fuerzas Armadas puedan operar “en todo tipo de entornos e integrarse en estructuras multinacionales para asegurar la protección de la población y el control del territorio y de los recursos”, según la referencia del último Consejo de Ministros del año.

La siguiente partida más sustancial es la modificación de la orden de ejecución para la construcción de cuatro submarinos de la serie s-80. El coste estimado es de 432 millones, y el Gobierno justifica su necesidad para alcanzar una “configuración adecuada” de los sumergibles, adquirir repuestos y gestionar “las obsolescencias detectadas en los diferentes sistemas e instalaciones” de los buques. Un error de diseño que provocó un sobrepeso de 125 toneladas, que amenazaba la flotabilidad, y la ruptura inicial entre Navantia y la francesa DCNS, han ocasionado retrasos y sobrecostos millonarios a un programa que hasta ahora ha costado cerca de 4.000 millones de euros en total. La previsión es que los tubos de última generación, con los que España ganará “independencia estratégica” según Defensa, se entreguen en 2026, 2028 y 2030.

La ciberseguridad recibirá otros 353,5 millones. El acuerdo marco para la protección integral de la Infraestructura de Información para la Defensa, aprobado por el Gobierno, busca consolidar la seguridad en los sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, “mediante el fortalecimiento de las capacidades de prevención, detección y respuesta” a ciberataques. Esta inversión responde a los requisitos de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional y de las organizaciones internacionales de las que España forma parte. La duración del contrato es de tres años a partir de junio de 2026 o desde la fecha de su formalización, prorrogable por otro año.

La construcción de nuevos depósitos y conducciones de combustible en la base naval de Rota, donde Estados Unidos tiene desplegados cinco destructores antimisiles cruciales para la defensa de Europa ante la amenaza rusa, tendrá un coste de 32,4 millones y una duración de 20 meses. El Gobierno justifica este proyecto por criterios “de interés público, defensa nacional y soberanía energética” con el fin de “garantizar la operatividad” de la nueva clase de fragatas F-110 y dotar a la Armada “de un sistema nacional, robusto y seguro de suministro de combustible estratégico”. En septiembre se botó la primera fragata de combate de clase F-110, de las cinco que Navantia debe entregar a la Armada española hasta 2030.

La asistencia técnica para la gestión del apoyo logístico en el aprovisionamiento de los arsenales de la Armada y en la jefatura de servicios generales (Madrid), un contrato de dos años prorrogables por otros dos con un importe de 28,5 millones, tiene como objetivo dotar a la fuerza naval de un servicio externo de apoyo técnico especializado que “complemente las capacidades propias”, mantenga la continuidad de las operaciones logísticas y “asegure la calidad y fiabilidad de la información gestionada”, según la información proporcionada por el Gobierno.

La segunda fase de las obras de urbanización del futuro acuartelamiento Monte la Reina, en Toro (Zamora), dotado con 13,9 millones, es un guiño a la España vaciada, ya que pretende fijar población en una de las provincias más afectadas por la pérdida de habitantes. Se espera que el futuro cuartel, que contará con aproximadamente 1.400 militares del Ejército de Tierra, esté operativo en 2027. El proyecto incluye la formación de la red viaria interna y explanadas, con firmes, pavimentos y drenaje, así como la ejecución de las acometidas de las redes de saneamiento y pluviales para la evacuación controlada de aguas. También contempla las redes de abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, alumbrado exterior y telecomunicaciones, y diversas obras complementarias como muros, bordillos, cunetas y arquetas, además de un sistema contra incendios.