Esta es la propuesta de Castilla y León para asegurar la atención médica en localidades de difícil acceso.


El Boletín Oficial de Castilla y León da a conocer este miércoles la Ley 3/2025, del 22 de diciembre, que establece un conjunto de medidas excepcionales para fomentar la provisión estable y permanente de puestos sanitarios de difícil cobertura y asegurar la asistencia sanitaria en todo el territorio autonómico.

La legislación, aprobada por las Cortes de Castilla y León, afecta a atención primaria, hospitalaria y urgencias en las nueve provincias de la comunidad.

La ley se basa en el diagnóstico de una escasez estructural de profesionales sanitarios en ciertas categorías y especialidades, especialmente en áreas rurales o alejadas de grandes núcleos urbanos.

El texto identifica estos puestos como de difícil cobertura, un fenómeno relacionado con la falta de atractivo profesional, la ubicación geográfica y la dificultad para cubrir plazas mediante los sistemas ordinarios de provisión.

La norma establece los criterios para declarar un puesto de difícil cobertura, entre ellos el desfase entre plantilla y efectivos reales, las ratios de pacientes por profesional, las características demográficas del área, la incorporación de nuevas tecnologías y la reiterada falta de aspirantes en concursos y bolsas de empleo.

El texto especifica que esta declaración tendrá una vigencia de tres años, que podrá prorrogarse por otros tres. Uno de los ejes fundamentales es la creación de un procedimiento extraordinario y transitorio de acceso mediante procesos selectivos específicos por el sistema de concurso.

Durante tres años, el Sacyl podrá convocar ofertas de empleo público específicas para cubrir estas plazas, exigiendo la incorporación efectiva y un periodo mínimo de permanencia de dos años antes de optar a traslados o promociones.

La ley incluye un conjunto de incentivos económicos y profesionales para atraer y retener personal. Entre estos se encuentran el complemento de garantía asistencial, mayor que el actual, el cómputo doble del tiempo trabajado en estos puestos para bolsas y procesos selectivos, y el reconocimiento como mérito único para avanzar en la carrera profesional tras tres años de servicio.

Además, se proponen medidas de conciliación, como la flexibilización de jornadas para concentrar el trabajo semanal en cuatro días, así como ventajas formativas.

Los profesionales tendrán prioridad en actividades de formación, derecho a días libres para congresos y estancias formativas en otros centros, así como ayudas para desplazamiento y alojamiento.

En cuanto a la organización, la norma regula mecanismos para asegurar la continuidad asistencial. De esta forma, el Sacyl habilita la prestación voluntaria de atención continuada en centros distintos al de origen.

También se contempla la colaboración asistencial entre centros mediante proyectos de gestión compartida y, de forma subsidiaria, la suspensión voluntaria de la exención de guardias para profesionales mayores de 55 años.

La atención continuada realizada en ámbitos distintos al del nombramiento se retribuirá con un incremento del 75 % del complemento correspondiente, respetando los límites legales de jornada y descansos. Los proyectos de gestión compartida tendrán una duración máxima de tres años y facilitarán el trabajo en red entre centros sanitarios.

Como última medida, la ley prevé la posibilidad de movilidad forzosa temporal cuando no se logre cubrir las plazas o actividades asistenciales por medios voluntarios.

Dicha movilidad será excepcional, seguirá un orden de prelación y no podrá exceder los seis meses por profesional, manteniendo siempre el derecho a la plaza de origen.

La norma se apoya en las competencias autonómicas en sanidad y empleo público, con el objetivo final de garantizar el derecho a la protección de la salud en condiciones de igualdad, evitando que el lugar de residencia, ya sea rural o urbano, condicione el acceso a una asistencia sanitaria de calidad en Castilla y León.

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