Madrid reprocha la falta de acción de Aena y del Gobierno.

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, expresó este lunes su preocupación por la inacción de la gestora aeroportuaria “que aún no ha tomado medidas” para solucionar la situación, mientras el recurso municipal de Pinar de San José sigue atendiendo a estas personas con una ocupación que supera el 50%.

Durante su visita al Parque de Atracciones de Madrid para despedir a 57 niños del programa ‘Vacaciones en Paz’, Fernández destacó que la Administración General del Estado, Aena y la Delegación del Gobierno en Madrid no han brindado una respuesta efectiva a la crisis. “Los deberes siguen pendientes. Continuamos trabajando con las personas que anteriormente pernoctaban en el aeropuerto, proporcionándoles techo, alimentación y apoyo social para superar el sinhogarismo”, apuntó.

Críticas a Aena y al Gobierno central

El delegado censuró a Aena por su estrategia de “cerrar puertas” en vez de ofrecer soluciones sociales, y también criticó al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por alabar en redes sociales la decisión de impedir que más personas durmieran en las instalaciones aeroportuarias.

Además, Fernández denunció la escasa implicación de la oposición de izquierda en el Ayuntamiento, señalando que, a su juicio, “hablan mucho de temas sociales, pero no les preocupa en absoluto este asunto”.

En cuanto al cierre previsto del recurso de Pinar de San José el 20 de octubre, Fernández aseguró que la prioridad es garantizar una intervención social adecuada y un seguimiento continuo. “Aquellos que puedan acceder a una vida autónoma será una noticia muy gratificante. Para los demás, serán derivados a los recursos sociales apropiados”, afirmó.

Controversia por el reparto de menores migrantes

El delegado también abordó el reparto de menores migrantes que comenzará esta semana, criticando que no sea equitativo entre todas las comunidades autónomas, quedando excluidos el País Vasco y Cataluña. Según Fernández, esta decisión refleja “la voluntad del Gobierno actual de defender sus propios intereses y mantener el poder”.

Por otro lado, valoró la posición de la Comunidad de Madrid, que se opone a este reparto territorial y reafirma su compromiso con una gestión centrada en la intervención social y la protección de los menores, en vez de participar en un “juego de polarización” del Gobierno central.