Los hospitales Quirón y Ribera Salud enviaron al Gobierno de Ayuso en 2024 una cuenta por 2.194 millones.
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- 2 de enero de 2026
El modelo de gestión expuesto en el discurso de Pablo Gallart, consejero delegado del grupo Ribera Salud, a los directivos del Hospital de Torrejón ha vuelto a reavivar el polémico y costoso sistema de colaboración público-privada en la sanidad madrileña. El informe elaborado por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, tras auditar su cuenta general y aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado día 23, proporciona algunas pistas sobre el coste que los contribuyentes madrileños están asumiendo por los hospitales gestionados mediante concesiones administrativas y de obra pública. La gestión de los primeros –Rey Juan Carlos (Móstoles), Villalba, Infanta Elena (Valdemoro) y Fundación Jiménez Díaz– es responsabilidad de los grupos Quirón y Ribera Salud –Torrejón–. En cuanto a los segundos –Infanta Leonor, Infanta Sofía, Majadahonda-Puerta de Hierro, Infanta Cristina, Sureste, Tajo y Henares–, aunque la gestión sanitaria es pública, la administración de los servicios no asistenciales recae en empresas privadas, desde constructoras hasta fondos de inversión.
Por el servicio de estos hospitales, la Comunidad de Madrid asume año tras año la correspondiente factura. Según el informe de la Cámara de Cuentas, en 2024, el gasto señalado para los cinco hospitales bajo concesión administrativa alcanzó 1.755,6 millones de euros. Esta suma está incluida en una partida denominada «convenios y conciertos para atención especializada», que se eleva a 1.957,62 millones si se agregan otros conciertos de menor cuantía, como ambulancias, pruebas diagnósticas de imagen o diálisis. En total, esa rúbrica incrementó nada menos que un 65,7% en 2024 en comparación al año anterior, resalta el informe.
Adicionalmente, a los 1.755,6 millones se debe agregar, según explica la Cámara de Cuentas, una provisión por obligaciones pendientes de reconocimiento de esos mismos hospitales, sumando 438,2 millones. Es decir, en 2024 la factura total alcanzó 2.193,8 millones.
El informe detalla la distribución de esos gastos. La Fundación Jiménez Díaz recibió 877,45 millones de euros, la cifra más alta. Prácticamente igual a la suma que se asignó a los otros cuatro hospitales bajo concesión administrativa, totalizando 878,15 millones. Al Hospital de Torrejón, perteneciente a Ribera Salud, le correspondieron 144,4 millones de euros, la cifra más baja. El Hospital Rey Juan Carlos recibió unas obligaciones de 350,3 millones; el Hospital General de Villalba, 195,67 millones, y el Infanta Elena, 187,78 millones de euros.
El creciente canon de la concesión de obra pública
Para los hospitales bajo concesión de obra pública, los pagos son más limitados. Se les otorga un canon. La Cámara de Cuentas cita otro informe, elaborado por la Intervención General de la Comunidad de Madrid, que revisó las cuentas de estos centros entre enero de 2021 y agosto de 2024. Por eso, la cifra más reciente referida se relaciona con 2023: 198,6 millones de euros.
La Cámara de Cuentas menciona también una compensación de cinco millones de euros asignada al Hospital Infanta Leonor de Vallecas –gestionado por el fondo de inversión holandés DIF Infrastructure– para restablecer el «reequilibrio económico» de su contrato con el Sermas debido a «ajustes en los servicios no asistenciales e inversiones de reposición» hechos entre 2014 y 2021. Dicho «reequilibrio» está estipulado en una cláusula presente en todos los contratos de concesión, lo que ha permitido a Torrejón Salud ingresar 121 millones de euros desde la llegada de Isabel Díaz Ayuso al Gobierno madrileño. Este año, los 32,8 millones reconocidos han evitado su quiebra.
El informe de la Intervención General destaca también el enorme crecimiento de los cánones cobrados por los hospitales Infanta Sofía, Sureste y Puerta de Hierro, de entre un 61% y un 68% en esos tres años. No obstante, la inquietante lista de «deficiencias en la gestión económica y presupuestaria» en esos centros reflejada en el documento incluye errores en la imputación del canon y gastos ajenos al contrato, como servicios extraordinarios y de covid-19;
falta de tramitación previa de modificaciones contractuales y reequilibrios económicos; actuaciones sin expediente previo y luego sometidas a convalidación; deficiencias en los registros contables de los activos de concesión y la gestión de inventarios; insuficiente control de los seguros requeridos a las concesionarias; carencia de supervisión de las explotaciones comerciales en áreas de gestión privada…
Retrasos que incrementan la factura
Otro aspecto notable del modelo de gestión bajo concesión administrativa es la demora en las liquidaciones y pagos a Quirón y Ribera Salud. Tanto los convenios con los hospitales como el concierto singular que tiene la Fundación Jiménez Díaz establecen liquidaciones mensuales por la actividad asistencial proporcionada a su población de referencia. Sin embargo, posteriormente debe llevarse a cabo una liquidación definitiva, según lo indicado en cada convenio y concierto. Finalmente, hay que liquidar también la actividad de los pacientes que deciden recibir tratamiento en un hospital diferente al que les corresponde, conocido como «libre elección». Este proceso de revisión es tan «complejo», lamenta la Cámara de Cuentas, que provoca continuas reclamaciones administrativas e incluso procesos judiciales, lo que inevitablemente retrasa los pagos.
A pesar de esto, conforme a los datos del informe, en 2024 el Gobierno de Díaz Ayuso mostró especial interés en regularizar cuentas con las concesionarias y realizó pagos casi 910 millones de euros a Quirón y Ribera Salud, cantidad que triplica los 283,3 millones abonados el año anterior. Sin embargo, al final de 2024, quedan pendientes liquidaciones de años anteriores por un montante de 480,55 millones de euros.
En efecto, el monto de reclamaciones administrativas por pedidos de reequilibrio de las concesionarias, el pago de liquidaciones de años anteriores o sobrecostes alcanzó al cierre de 2023 un total de 105,82 millones de euros, a lo que hay que sumar las nuevas reclamaciones de 2024, que aportan otros 65,32 millones. Además, solo en concepto de intereses de demora solicitados ante los tribunales por los hospitales Infanta Elena, Majadahonda, la Fundación Jiménez Díaz y el Hospital de Torrejón, el Gobierno madrileño tiene consignada en sus gastos financieros la cantidad de 17 millones de euros.
La consejera de Sanidad, Fátima Matute, reitera que el incremento del gasto en los hospitales de gestión indirecta que se refleja en los presupuestos proviene únicamente de la mayor demanda asistencial. Destaca también que los de gestión 100% pública son los que reciben más fondos cada ejercicio. El modelo de colaboración público-privada en la sanidad pública madrileña, acentúa, es un sistema transparente, garantista y sometido a una exhaustiva fiscalización.