Ábalos solicita al Congreso restablecer sus derechos como parlamentario | España

El exministro y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, quien se encuentra en prisión provisional en la cárcel de Soto del Real (Madrid) desde el 27 de noviembre, ha solicitado a la Mesa del Congreso de los Diputados que “reconsidere” su decisión de suspender sus derechos y deberes parlamentarios, adoptada el 10 de diciembre. Su defensa ha solicitado a la cámara baja esta medida hasta la vista que se celebrará en el Tribunal Supremo el 15 de enero, donde se revisará su recurso de prisión.

Ábalos considera que la decisión es “precipitada, indebida y arriesgada” dado que aún no se ha resuelto el recurso de apelación que presentó ante el alto tribunal el 4 de diciembre, el cual se examinará después de la vista programada para la próxima semana.

Esto lo ha manifestado en su cuenta de X, donde ha publicado el escrito dirigido al órgano de gobierno de la cámara baja, fechado el 31 de diciembre. En él, solicita ser restituido “al menos” hasta que se lleve a cabo la mencionada vista. La Sala de lo Penal analizará los argumentos presentados por la defensa del exministro, que sostiene que no hay indicios de corrupción en su contra, ni riesgo de fuga, y que se está vulnerando su derecho a la representación política, además de argumentar que la prisión provisional se usa para fines ajenos a la institución procesal.

La suspensión de sus funciones, reclama Ábalos, “vulnera principios democráticos y del Estado de Derecho como el respeto a los procedimientos, la separación de poderes y la igualdad de trato”, además de “dañar la confianza institucional y la imparcialidad necesarias para la democracia parlamentaria y representativa“.

La Mesa del Congreso aprobó su suspensión el 10 de diciembre, tras la confirmación del Tribunal Supremo de su procesamiento por delitos como organización criminal, cohecho y malversación. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 24 años de prisión y una multa de más de 3,9 millones de euros por las supuestas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. También se piden 19,5 años y 3,9 millones de multa para su asesor, Koldo García, quien actualmente está en prisión provisional por los mismos hechos.

La decisión, de acuerdo con el artículo 21.2 del Reglamento del Congreso, implica la pérdida del derecho al voto, de la remuneración económica y baja en la cobertura de protección social, entre otros aspectos.