El responsable de Urbanismo bajo Almeida, sentenciado a 9 años de inhabilitación, sigue dando órdenes para demoler casas en la Cañada Real.

Los residentes de la Cañada Real comienzan su sexto año sin suministro eléctrico, a pesar de que el Consejo de Europa ha confirmado que esto viola claramente la Carta Social Europea. Tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid desatienden y perpetúan el abandono de miles de ciudadanos vulnerables, a quienes también castigan con el derribo de sus casas. Uno de los responsables de esta persecución es Julio César Santos, quien sigue firmando órdenes de demolición a pesar de estar condenado a nueve años de inhabilitación por ordenar una demolición ilegal en la zona.

La Audiencia Provincial de Madrid condenó en julio de 2025 al jefe del Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid por incurrir en un delito de prevaricación administrativa al mandar tres años antes una demolición ilegal. La sentencia, que aún puede ser apelada en instancias superiores, establece un periodo de nueve años de inhabilitación especial para desempeñar un cargo público relacionado con el urbanismo y condena al alto cargo de José Luis Martínez-Almeida a indemnizar al afectado. Sin embargo, Santos sigue firmando órdenes de demoliciones que llegan a los vecinos de la Cañada Real.

El responsable de Urbanismo “actuó a sabiendas de la injusticia que se estaba cometiendo, especialmente considerando que la demolición impedía de facto la posibilidad de recurrir con éxito en vía contenciosa haciéndola ilusoria” e incurrió en “una actividad administrativa injusta, obviando cualquier garantía para el administrado”. No obstante, Almeida sostiene que aún tiene legitimidad para derribar las casas de los mismos vecinos que han señalado sus ilegalidades, como lo demuestran las órdenes firmadas que han llegado a la Cañada Real meses después de que se emitiera el fallo del tribunal.

“No se trató de un error administrativo ni de una interpretación controvertida de la norma, fue un abuso consciente del poder público. No es un hecho aislado, sino una práctica reiterada que las vecinas han estado denunciando durante años”, argumentan PAH Vallekas y Asociación Cultural de Mujeres Tabadol, enfatizando el “patrón de acoso” que las administraciones despliegan contra los vecinos. La sentencia parece evidenciar que las prácticas administrativas arbitrarias e ilegales, “que no son más que una demostración y ostentación de poder”, no quedan impunes. Sin embargo, nada más alejado de la realidad.

Persecución y abuso de poder

Este funcionario sigue firmando órdenes de derribo de viviendas en la Cañada Real, lo que demuestra que “el abuso de poder no solo no se ha detenido, sino que se hace con total normalidad”. “Más de 30 familias de Cañada Real han recibido notificaciones de desalojo y órdenes de derribo firmadas por este mismo funcionario”, manifiestan los vecinos, lamentando que el Ayuntamiento actúa como si la sentencia “no existiera”. De hecho, parece que el Ayuntamiento, al enviar estas órdenes justo cuando se cumplían cinco años desde que se cortó la luz en la zona, se estuviera burlando de los vecinos.

“Llegan el mismo día que se cumplen cinco años sin luz en el sector 6, evidenciando que la política de acoso inmobiliario contra la Cañada Real, así como el racismo institucional de la Administración, no ha terminado. Cinco años de una política deliberada de desgaste, abandono y violencia institucional”, denuncian las organizaciones que defienden a los vecinos. “La coincidencia no es simbólica: es política. Es un recordatorio de que el acoso continúa y de que el objetivo sigue siendo el mismo”, añaden.

Los vecinos aseguran que la ley no solo no protege, sino que “expulsa a quienes se encuentran en situaciones más precarias mientras permite que un cargo inhabilitado siga ejerciendo funciones que le han sido prohibidas”. “La ley se aplica contra las vecinas, pero no contra quienes vulneran desde el poder”, resaltan, lamentando que la nueva oleada de órdenes de derribo obligará a los afectados a enfrentarse a un laberinto burocrático para apelar una sentencia que “debería ser nula desde el principio”.

“En Cañada Real, la Administración actúa al margen de la ley cuando le conviene”, resumen una situación que, a todas luces, constituye una persecución desde hace años. La disciplina urbanística, servicio dirigido por el condenado por la Audiencia Provincial, se utiliza como “herramienta de acoso inmobiliario” y el racismo institucional “atraviesa cada decisión administrativa que persigue a una población estigmatizada y mayoritariamente racializada”. Todo, como no podía ser de otra manera, para facilitar la operación especulativa de los desarrollos urbanísticos del sureste de Madrid.

Para denunciar, exponer y combatir la situación, las asociaciones implicadas (PAH Vallekas y Tabadol) han convocado la primera marcha que irá desde el barrio de Vallecas hasta la Cañada Real, el próximo 31 de enero a las 11:00 horas. “Denunciamos que se siga permitiendo que un funcionario condenado por prevaricación continúe firmando órdenes de derribo. Denunciamos la violencia institucional que sufren cada día. Queremos que las vecinas de la Cañada Real jamás vuelvan a sentir el miedo de que su casa pueda ser demolida. Ni que sientan el acoso policial, ni el abuso de poder”, hacen un llamado a todos los madrileños.