Madrid apela al Tribunal Supremo sobre la distribución de menores extranjeros.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sigue enfrentándose al reparto estatal de menores migrantes no acompañados. Este miércoles, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz regional, Miguel Ángel García Martín, anunció que Madrid presentará un nuevo recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el reciente decreto estatal que establece la distribución de menores inmigrantes no acompañados que provienen de Canarias, aprobado esta semana por el Consejo de Ministros.

Según el portavoz, el decreto vuelve a vulnerar las competencias autonómicas «desplazándolos según cuotas subjetivas y meramente políticas y sin dar prioridad a la garantía de su asistencia», tal como afirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Este es el tercer recurso que la Comunidad presenta contra el reparto de menores inmigrantes.

Aclaró que el Ejecutivo que dirige Isabel Díaz Ayuso no será «cómplice de una política migratoria fallida», ya que «no se ha visto ninguna medida del Gobierno central que detenga el caos migratorio que está sufriendo España».

«La única política migratoria, la única acción de este tipo que está llevando a cabo el Gobierno central es precisamente el reparto de los menores no acompañados y la distribución de las personas inmigrantes que han llegado a nuestro país, ya sea por la ruta canaria o por los aeropuertos internacionales, incluyendo el de Adolfo Suárez Madrid Barajas», subrayó.

Dos recursos anteriores

Este nuevo recurso judicial se produce tras los dos presentados anteriormente por la administración autonómica. El primero fue contra el Real Decreto-ley del 18 de marzo, impugnado junto a otras diez comunidades autónomas ante el Tribunal Constitucional por invadir competencias exclusivas en protección de menores y asistencia social, por la falta de justificación de urgencia y por el uso de un instrumento legal inapropiado para regular materias reservadas a leyes orgánicas.

El segundo recurso fue presentado por el Gobierno regional en solitario el pasado 30 de julio ante el Tribunal Supremo contra el decreto de desarrollo aprobado el 22 de julio en el Consejo de Ministros, que establecía medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para proteger el interés superior de la infancia y la adolescencia inmigrante no acompañada desde Canarias. Hoy se ha remitido al Consejo de Gobierno madrileño el informe de la Abogacía General de la Comunidad.

Por todo esto, la Comunidad de Madrid ha demandado al Gobierno central, a través de diferentes vías, la remisión urgente de la información utilizada para elaborar el reparto forzoso de menores no acompañados entre las diversas regiones, excluyendo a País Vasco y Cataluña, considerándolo arbitrario, opaco y discriminatorio.