El Gobierno lleva a cabo un encuentro privado en Madrid con una delegación iraní.

La reunión, con carácter confidencial, se enfocó en aspectos de control financiero, prevención del blanqueo de capitales y combate a la financiación del terrorismo. Del lado español, participaron responsables del Ministerio de Economía, coordinándose con las autoridades supervisoras, todo en un formato que se repite de manera periódica con los países que están bajo vigilancia reforzada por parte del GAFI.

El GAFI es un organismo intergubernamental creado a finales de los años ochenta con el objetivo de establecer estándares globales para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Aunque no forma parte formalmente de la Unión Europea, sus recomendaciones son implementadas casi automáticamente por Bruselas y los principales sistemas financieros a nivel global. Estar bajo su supervisión —y, especialmente, figurar en sus ‘listas gris’ o ‘negra’— tiene un impacto directo en la operativa bancaria de un país.

Irán, que ha estado sujeto a un rígido régimen de sanciones internacionales durante años, actualmente se encuentra en la lista negra del GAFI, que está reservada para jurisdicciones consideradas de alto riesgo debido a sus deficiencias estratégicas en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Su sistema financiero es visto como completamente opaco por las autoridades occidentales, y se estima que el régimen emplea, según expertos consultados por este diario, múltiples mecanismos para evadir restricciones internacionales, desde intermediaciones a través de terceros países hasta métodos informales de transferencia de dinero como la hawala, casi imposible de rastrear y ajena al control bancario tradicional.

Desde la última gran reforma del sistema financiero internacional, impulsada tras la crisis de 2008 y acelerada por iniciativas como la ley estadounidense FATCA, los bancos ahora tienen la obligación de identificar plenamente a sus clientes (KYC, know your customer), verificar el origen lícito de los fondos (AML, anti-money laundering) y estar atentos a cualquier indicio de financiación del terrorismo (CTF). Estos estándares, en gran parte diseñados dentro de la OCDE y adoptados por el GAFI, han puesto fin a cuentas opacas, transferencias anónimas y a muchos de los antiguos paraísos fiscales.

Permanecer en la lista negra del GAFI implica que los bancos iraníes enfrentan restricciones severas para operar con entidades de Europa o Estados Unidos. Las transferencias están sujetas a controles más estrictos, muchas operaciones son bloqueadas directamente y los costos financieros aumentan significativamente, lo que afecta a toda la economía del país. Para salir de esta lista se requieren reformas profundas, que sean sostenibles en el tiempo y verificadas periódicamente por misiones técnicas como la que se llevó a cabo en Madrid, aunque las expectativas de progreso en el caso iraní son muy limitadas.

Las visitas, apuntan las fuentes consultadas, no son intrusivas. A diferencia de otros regímenes internacionales —como el nuclear—, las misiones del GAFI se acuerdan previamente y se centran en evaluar marcos legales, prácticas supervisoras y avances regulatorios. En muchos ocasiones, su resultado es constatar la falta de cambios significativos y mantener al país en la misma categoría.

La coincidencia temporal de la reunión con la actual escalada de tensión en el país, en la que Donald Trump incita a continuar las protestas y asegura que la ayuda llegará pronto porque «está en camino», junto con el endurecimiento de la postura política europea hacia Teherán es, según fuentes conocedoras de la reunión, circunstancial. No es habitual cancelar una visita de este tipo y no altera el marco de sanciones ni la política exterior respecto a Irán, que está sujeta a decisiones más complejas, como una posible reactivación —ahora poco probable— del acuerdo nuclear.

El carácter confidencial de estos encuentros se debe tanto a la sensibilidad de la información financiera involucrada como a la naturaleza voluntaria del propio GAFI: los países participan en el sistema porque requieren acceso al circuito financiero internacional. Renunciar a ello sería, de facto, una autoexclusión económica.

La celebración de esta reunión en territorio europeo, con Irán en la lista negra del GAFI y en medio de tensiones internas, subraya hasta qué punto la supervisión financiera se ha convertido en un instrumento central de presión geopolítica, incluso cuando el margen real de avance es prácticamente inexistente.