Casi 100 personas han sido condenadas a prisión por el caso Gürtel en España.

La defensa de Mariano Rajoy en febrero de 2009, tras el surgimiento del caso Gürtel—“Esto no es una trama del PP, como algunos pretenden, esto es una trama contra el PP”, afirmó— ha estado distante de la realidad dictada por los tribunales. La red de corrupción que se infiltró en el partido acumula está cerca de 100 sentenciados, incluidos muchos antiguos cargos de la formación política, y ya se han dictado tres condenas al propio partido por beneficiarse de la trama. Aunque aún está pendiente el último juicio sobre Gürtel (programado para el próximo noviembre) y a pesar de que Alberto Núñez Feijóo, actual presidente de los conservadores, insiste en que el Tribunal Supremo anuló la primera sentencia contra su partido, la Audiencia Nacional elevó en 2025 el número de condenados al emitir un nuevo fallo sobre adjudicaciones amañadas en Arganda del Rey (Madrid), donde reafirmó que Francisco Correa y sus cómplices sobornaron a dirigentes del PP aprovechando su influencia.

Los tres magistrados que firman esta reciente resolución de la Audiencia Nacional (Fernando Andreu, María Teresa García y Javier Mariano Ballesteros) subrayan una línea similar a la de otros tribunales: “La red de influencias de Francisco Correa, con la que llevaba a cabo sus actividades ilícitas, se extendió a comunidades y municipios bajo el dominio del Partido Popular debido a los estrechos lazos que tanto él como los miembros de su grupo mantenían con ciertas figuras de dicho partido político”.

Al relato de “hechos probados” que establece la justicia se añade la extensa lista de condenados. Según el recuento realizado por EL PAÍS, los 11 juicios hasta ahora sobre diferentes ramificaciones del caso Gürtel han dejado 94 personas condenadas a penas de prisión. Entre ellas se encuentran los líderes de la trama: Francisco Correa (con más de 115 años acumulados en penas) y su antiguo número dos, Pablo Crespo, quien fue secretario de Organización de los populares en Galicia. También figuran empresarios y constructores (como Fernando Martín, expresidente de Martinsa y del Real Madrid; José Luis Ulibarri; Alfonso García-Pozuelo; y Carlos Jorge Martínez Massa, ex presidente de L’Oréal en España). Y, además, más de treinta cargos del PP y sus familiares.

La lista de condenados revela que la red corrupta infiltró diversas capas del partido, hasta llegar a sus entrañas (además de la financiación irregular de actos electorales, se ha comprobado que los populares manejaban una caja b que financió, entre otras cosas, la reforma de su sede en la madrileña calle Génova). Hay cargos de todos los niveles condenados a prisión: desde concejales hasta dirigentes orgánicos nacionales y autonómicos. Ejemplos incluyen a los extesoreros Luis Bárcenas y Ángel Sanchís; al exdiputado y exvicepresidente de Castilla y León, Jesús Merino; al ex secretario general del PP en Valencia, Ricardo Costa, y a Alberto López Viejo, exconsejero de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid… Así como Pablo Crespo, antiguo secretario de Organización del PP gallego.

La lista es extensa. Otros que destacan son, por ejemplo, María Milagrosa Martínez, expresidenta de las Cortes Valencianas; diputados autonómicos como Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch, alias El Neveras; Pedro García Gimeno, exdirector de la Radio Televisión Valenciana (RTVV); y varios exalcaldes de Madrid: Guillermo Ortega, de Majadahonda (73.000 habitantes); Jesús Sepúlveda, de Pozuelo de Alarcón (89.000 habitantes); Arturo González Panero y Juan Jesús Siguero, de Boadilla del Monte (65.000 habitantes); y Ginés López, de Arganda del Rey (59.000 habitantes).

Responsabilidad de la cúpula

Todo comenzó el 6 de noviembre de 2007, cuando un concejal popular de Majadahonda, José Luis Peñas, se presentó ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) con 18 horas de grabaciones que realizó a los principales jefes de la red corrupta, empresarios y políticos del PP, durante dos años. A partir de ahí, los investigadores comenzaron a indagar en secreto, hasta que el 6 de febrero de 2009 se llevaron a cabo las primeras detenciones. Cinco días después, el entonces presidente del partido, Mariano Rajoy, quien más tarde llegaría a La Moncloa en 2011, apareció escoltado por los altos mandos de la formación para afirmar que el caso Gürtel era una “trama contra el PP”.

Además de criticar al juez, la Fiscalía, la Policía y el Ministerio de Justicia, Rajoy declaró ese día: “Todas las contrataciones de esta casa se han hecho en el marco de la legalidad. Quiero dejar claro que el partido no ha recibido ni un solo euro de las personas implicadas en el asunto que nos ocupa”. En el escenario lo acompañaban, entre otros, la futura ministra Ana Mato, quien estuvo a su izquierda y sería condenada en 2018 por beneficiarse de la trama; y Francisco Camps, quien acabó en el banquillo de los acusados —él fue absuelto, pero se comprobó que la red financió irregularmente al PP valenciano que él presidió y que se arraigó en la Generalitat Valenciana que él lideró—.

Casi dos décadas después del inicio de Gürtel, las cúpulas pasadas del PP continúan negando la existencia de la caja b —que funcionó cerca de 20 años— y se aferran a interpretaciones erróneas de la sentencia de 2018 de la Audiencia Nacional sobre la primera etapa de la red de corrupción, que dio pie a la moción de censura de Pedro Sánchez contra Rajoy. Cuando el Supremo la ratificó en 2020, Rajoy emitió un comunicado minimizando que se condenara al PP por primera vez como partícipe a título lucrativo por beneficiarse de la trama. Y se enorgulleció de que no se condenara a la formación política como autora de delitos de corrupción —algo que no podría hacerse porque, en el momento de las ilegalidades, los partidos no podían ser acusados penalmente por esa vía como personas jurídicas—.

Además, el PP repite regularmente que el Supremo anuló la primera sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel. “Qué bien les vino a ellos una sentencia contra el PP, que después anuló el Supremo, y a nosotros nos costó salir del Gobierno con una moción de censura”, declaró Feijóo en la campaña de las últimas elecciones europeas. Sin embargo, el alto tribunal nunca anuló la sentencia. De hecho, confirmó la condena al PP, que posteriormente sumó otras dos (en 2021 y 2022) como persona jurídica, también ratificadas por el Supremo. “Correa procuró financiación irregular al PP a través de fondos ilícitos”, concluye una de ellas.