El costo de la política de vivienda en Madrid

La política de vivienda implementada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, bajo la presidencia de Isabel Díaz Ayuso, tiene repercusiones que ya trascienden sus límites administrativos. La falta de un compromiso firme con la vivienda pública asequible, combinada con un enfoque que ha favorecido la llegada masiva de grandes inversores y fondos internacionales, ha llevado a la expulsión de miles de madrileños y madrileñas que ahora buscan en Castilla-La Mancha lo que no consiguen en su propia tierra: un hogar a un precio razonable.

Esta situación fue destacada durante la visita de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, a una promoción de 159 viviendas de alquiler asequible en Illescas (Toledo), donde destacó sin rodeos que Castilla-La Mancha está recibiendo alrededor del 30% de las personas que dejan la Comunidad de Madrid, en gran medida debido a la dificultad de acceder a una vivienda digna. Este dato, más allá de su cifra, manifiesta el impacto directo de una política madrileña que ha desistido de intervenir para asegurar el derecho a la vivienda.

Rodríguez criticó que la prioridad del Gobierno de Ayuso no haya sido reforzar el parque público, sino abrir la puerta a inversores extranjeros que han adquirido barrios enteros, encareciendo el mercado y desplazando a la población residente. Este modelo ha transformado la vivienda en un activo financiero en lugar de un bien social, y sus consecuencias se sienten fuera de Madrid, especialmente en municipios del corredor de la A-42 y del Henares castellano-manchego.

En este panorama, Illescas se ha convertido en un claro ejemplo del contraste entre dos modelos. Mientras Madrid alardea de liberalización y de permitir que el mercado actúe, el municipio toledano ha crecido gracias a una planificación urbana y una política de vivienda enfocada en la mayoría social. La ministra felicitó al alcalde, el socialista José Manuel Tofiño, por una gestión que ha sabido anticiparse al crecimiento demográfico originado tanto por el desarrollo industrial como por la llegada de población de Madrid, precisamente por la falta de alternativas habitacionales al otro lado de la frontera regional.

Illescas, ejemplo de éxito

Rodríguez subrayó que «Illescas representa el éxito de una política industrial efectiva respaldada por una adecuada política de servicios públicos y vivienda», en contraposición a un modelo madrileño que ha tratado a los trabajadores como mera capital productivo, ignorando que las personas tienen derecho a vivir donde trabajan. Esta afirmación cobra especial relevancia en un momento en que miles de personas se ven obligadas a recorrer largas distancias cada día porque su comunidad autónoma ha renunciado a asegurarles un techo asequible.

La ministra también destacó la apuesta de Castilla-La Mancha por la vivienda pública, una línea de acción sostenida y respaldada por la inversión estatal. Desde 2018, el Gobierno de España ha destinado más de 390 millones de euros a la región, que han financiado la construcción y rehabilitación de 6.090 viviendas. Esta cifra contrasta con la escasa proporción del parque público en la Comunidad de Madrid, una de las regiones con mayor tensión en el mercado inmobiliario y menor capacidad de respuesta pública.

La promoción visitada en Illescas dispone de una subvención de 7,9 millones de euros del Gobierno de España y un préstamo del Instituto de Crédito Oficial que ronda los 20 millones de euros, lo que permitirá ofrecer alquileres de entre 600 y 650 euros mensuales, incluyendo plaza de garaje y trastero. Precios muy diferentes a los que se observan en gran parte del área metropolitana madrileña, donde la falta de vivienda pública ha dejado el mercado completamente desregulado.

A medida que el Gobierno de Ayuso defiende un modelo que privilegia al inversor sobre el residente, Castilla-La Mancha sigue absorbiendo el impacto social de esa política, demostrando que la vivienda no es solo una cuestión de mercado, sino de voluntad política.