El Tribunal Supremo advierte sobre los “serios perjuicios” de la gestión de Ayuso en relación a los menores.

Nueva reves judicial para el Gobierno madrileño. El Tribunal Supremo ha desmantelado la estrategia de Isabel Díaz Ayuso para frenar el traslado de menores extranjeros no acompañados, advirtiendo que hacerlo implicaría mantenerlos en condiciones de hacinamiento “gravemente perjudiciales”.

El alto tribunal ha denegado la medida cautelar solicitada por la Comunidad de Madrid para suspender hasta doce actos administrativos que facilitaban el traslado a la región de menores migrantes procedentes de Ceuta y Canarias. En un auto rotundo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo no solo desestima los argumentos jurídicos del Gobierno madrileño, sino que centra su razonamiento en el interés superior del menor y el impacto real de la paralización de estos traslados sobre niños y adolescentes ya insertados en sistemas de acogida desbordados.

El auto aclara que los actos impugnados fueron emitidos por las oficinas de extranjería bajo la Delegación del Gobierno en Ceuta y las Subdelegaciones del Gobierno en Canarias, y que se limitan a iniciar procedimientos administrativos de traslado. En respuesta, el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid eligió una vía jurídica excepcional: la denominada “vía de hecho”, con la que acusaba al Gobierno de España de actuar sin una norma que estipulase el número exacto de menores que cada comunidad autónoma debía acoger.

El Tribunal Supremo rechaza de manera categórica este planteamiento. Los magistrados señalan que la vía de hecho solo es aplicable a actuaciones materiales de la Administración que se realicen al margen de cualquier procedimiento, algo que no se da en este caso. Los actos impugnados, recalca el tribunal, son “formales, de mero trámite” y están destinados a iniciar un procedimiento administrativo, por lo que su suspensión cautelar no es procedente por esta vía.

El coste humano, la línea roja que marca el Supremo

No obstante, más allá del debate técnico-jurídico, el Supremo enfatiza las consecuencias prácticas de la solicitud de Madrid. Suspender los traslados, advierte, provocaría “graves daños” a los menores afectados. El tribunal recuerda que en un auto anterior, emitido en marzo de 2025 en otro procedimiento, ya constató que los menores extranjeros no acompañados en Canarias se encontraban en un “notorio estado de hacinamiento”, una situación “en abierta incompatibilidad con el superior interés del menor”, que los poderes públicos tienen la obligación de salvaguardar.

“Si ahora decidimos suspender las disposiciones adoptadas por la Administración del Estado para evitar esta situación, no solo contradeciríamos nuestra anterior resolución, sino que facilitaríamos el mantenimiento de unas circunstancias que ya hemos considerado gravemente perjudiciales para los menores”, afirman los magistrados, en un mensaje que desautoriza directamente la estrategia del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

El auto también contextualiza la magnitud del problema migratorio. Los jueces recuerdan que la declaración de situación de contingencia migratoria extraordinaria en Ceuta y Canarias implica que se ha superado hasta tres veces la capacidad ordinaria de sus sistemas de protección de menores. Esta presión excepcional ha obligado a estas comunidades a destinar recursos extraordinarios, lo que, según el Supremo, justifica la adopción de medidas de redistribución hacia otros territorios.

En este sentido, el tribunal subraya que no se puede ignorar “la incidencia que en las Administraciones autonómicas ha tenido la entrada excepcional de menores en un corto periodo de tiempo”. Mantenerlos en las comunidades de llegada, añaden, prolongaría una situación de colapso asistencial que ya se ha calificado como perjudicial para los derechos de los menores.

La fallida ofensiva judicial de Ayuso

El rechazo del Supremo culmina un largo proceso judicial iniciado por la Comunidad de Madrid para tratar de bloquear el reparto de menores migrantes. Desde que el Gobierno central activó los mecanismos de traslado para aliviar la presión sobre Ceuta y Canarias, el Ejecutivo de Ayuso ha recurrido a varias instancias judiciales con el objetivo de detener su acogida en la región. Primero fueron recursos administrativos y contenciosos contra decisiones del Estado; posteriormente, solicitudes de medidas cautelares para suspender los traslados de forma inmediata.

En todas estas etapas, la Comunidad de Madrid ha sostenido que el Gobierno actuaba sin la normativa suficiente y que la región no podía ser obligada a asumir una acogida que, según su argumentación, debía regularse mediante un reparto previamente acordado. Sin embargo, estas tesis se han encontrado repetidamente con resoluciones judiciales que han respaldado la actuación del Estado y han recordado las obligaciones de las comunidades autónomas en la protección de menores.

El auto del Supremo representa así el punto final —al menos por ahora— a esta ofensiva judicial. El alto tribunal concluye que “no son apreciables las condiciones necesarias para suspender la ejecución de los actos de inicio de los procedimientos objeto del recurso”, cerrando la puerta a la paralización cautelar que buscaba el Ejecutivo madrileño.

Desde una perspectiva política, la resolución representa un nuevo revés para la estrategia de confrontación de Ayuso en materia migratoria. La presidenta madrileña ha convertido el rechazo al reparto de menores en una de sus banderas discursivas frente al Gobierno central, alineándose con una retórica dura que ha resonado en sectores conservadores y de extrema derecha. Sin embargo, el Supremo deja claro que esa confrontación tiene límites jurídicos y que, cuando están en juego derechos fundamentales de menores, la prioridad debe ser su protección.

El fallo también refuerza la idea de corresponsabilidad territorial ante situaciones de emergencia migratoria. Frente a la pretensión de Madrid de desentenderse de los traslados, el tribunal recuerda que el colapso de los sistemas de acogida en Ceuta y Canarias no es un problema local, sino una cuestión de Estado que demanda respuestas solidarias y coordinadas.