El Ejecutivo de Ayuso solicita la suspensión del acuerdo entre Mercosur y la UE.
La Comunidad de Madrid ha solicitado la suspensión del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur tras la reciente aprobación en la Eurocámara para presentar el texto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y ante la intención de la Comisión Europea de implementarlo de manera automática. El Gobierno regional considera vital que el tratado no entre en vigor hasta que se aseguren cláusulas efectivas de protección para el sector agrícola español y europeo.
Desde el Ejecutivo autonómico se enfatiza que, aunque el acuerdo puede beneficiar la economía europea en el actual contexto geopolítico, debe complementarse con garantías claras para los sectores agrícola y ganadero. En este sentido, la Comunidad destaca la necesidad de introducir cláusulas de salvaguarda automáticas que permitan una respuesta inmediata ante posibles daños a los productores europeos.
El Gobierno madrileño también apoya el fortalecimiento de los controles en frontera para asegurar que los productos provenientes de terceros países cumplan con las mismas exigencias sanitarias, medioambientales y de calidad que se imponen a los agricultores y ganaderos europeos. A su juicio, la competencia desleal resultante de la entrada de productos que no cumplen estos estándares amenaza la viabilidad del sector primario.
Otro de los aspectos fundamentales que ha señalado la Comunidad de Madrid es la necesidad de garantizar una mayor financiación y una reducción de la carga burocrática de la Política Agraria Común (PAC). El Ejecutivo regional opina que, sin un presupuesto adecuado y una gestión más ágil, los profesionales del campo no podrán afrontar el impacto que podría tener la implementación del acuerdo UE-Mercosur.
El Gobierno autonómico también ha manifestado su preocupación por la intención de la Comisión Europea, en la que participa la vicepresidenta Teresa Ribera, de aplicar provisionalmente el acuerdo antes de que se pronuncie el TJUE y sin que se hayan establecido las medidas de protección necesarias. A criterio del Ejecutivo madrileño, esta decisión podría dejar al sector primario en una situación de desventaja.
En este contexto, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior firmó la semana pasada un acuerdo con las principales organizaciones agrarias de la región –ASAJA Madrid, UGAMA, AGIM-COAG, UPA Madrid y la Unión de Cooperativas Agrarias Madrileñas– para defender los intereses del sector primario madrileño frente al acuerdo con Mercosur. El documento establece el compromiso de trabajar conjuntamente para asegurar la rentabilidad y viabilidad de agricultores y ganaderos.
Tanto el Gobierno regional como las asociaciones firmantes han advertido sobre el riesgo que implicaría dejar en manos de terceros países el suministro de alimentos sin exigir los mismos requisitos sanitarios y de producción. Por ello, exigen un reforzamiento de los controles fronterizos y de las inspecciones como condición indispensable para avanzar en cualquier acuerdo comercial.



