Los centros de menores en Madrid superan ya el 150% de su capacidad.

La llegada de menores inmigrantes sin compañía ha desatado una auténtica guerra de palabras entre el Gobierno regional y el Central, extendiéndose a otras comunidades gobernadas por el PP. Los reproches son recíprocos; el secretario general del PSOE en Madrid acusaba ayer a Díaz Ayuso de «racismo puro» por oponerse al reparto de ‘menas’, aprobado esta semana y que se llevará a cabo, según afirmó el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, «sin excepciones», dado que es ley.

La presidenta madrileña no tardó en responderle, señalando que «el Gobierno que expulsa a la Guardia Civil de regiones enteras, permite que los independentistas ignoren sentencias, indulta a golpistas y malversadores, acerca a etarras y permite homenajes a ellos, y libera violadores… Ahora amenaza con imponer un reparto forzado sin procedimiento ni diálogo y sin proporcionar los medios que la ley exige».

Ana Dávila, la Consejera de Familia, recordó ayer que «el Gobierno regional siempre cumple la ley», a pesar de que hayan impugnado esta normativa en los tribunales, al igual que otras once regiones, y están a la espera de la decisión. Más allá de la disputa, Madrid se manifiesta: el real decreto aprobado esta semana establece que la capacidad estándar del sistema de protección y tutela de menores extranjeros no acompañados en Madrid debe ser de 2.325 plazas.

Además, deberá recibir, del reparto que está llevando a cabo el Gobierno central de estos menores provenientes de comunidades saturadas, a 647, por los cuales recibirá 15,8 millones de euros, de acuerdo con los datos de la Ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Se prevé que estos traslados sean cubiertos por el ministerio y que el Estado asuma los gastos de acogida al menos durante los primeros tres meses.

Sin embargo, en Madrid existe desconfianza, ya que hasta ahora la situación ha sido muy distinta: desde 2019, afirman haber atendido a más de 11.000 menores inmigrantes no acompañados. En 2024, se atendieron a 2.442, lo que les costó 60 millones de euros en total durante el año. En contraste, recibieron solo 1,6 millones de euros del Gobierno central, que acordó con las comunidades el reparto, y a Madrid, en teoría, le correspondían 30 menores.

‘Plazas mena’

Otro problema que destacan es que «en el Gobierno central se diferencian las ‘plazas mena’ de las demás, cuando al fin y al cabo, la red de atención es única». Los menores inmigrantes a menudo se marchan pocos días después de llegar al centro de acogida, ya que su destino final no es Madrid, sino otros países donde tienen familiares o amigos, como Francia o Bélgica. Si no se van, entran en la red de Servicios Sociales. Y, según indican desde el Gobierno regional, los costes son mayores que los de la acogida: el gasto sanitario y educativo por atender adecuadamente a esos chicos, por ejemplo.

Madrid cuenta con alrededor de 459 plazas en centros de acogida. Tiene tres: el de Hortaleza, el de la Casa de Campo y el nuevo inaugurado el año pasado en La Cantueña (Fuenlabrada), que actualmente se está ampliando debido a la afluencia de menores inmigrantes. Este nuevo centro ha sido objeto de controversia desde que se anunció su creación, ya que el alcalde de la localidad, el socialista Javier Ayala, ha utilizado todos los recursos posibles, incluidos los judiciales, para oponerse a su apertura.

El centro de Casa de Campo está en proceso de mejoras y reformas, sin que haya estado cerrado en ningún momento.

La presión asistencial por la llegada de estos menores ha crecido. Y aunque ahora, reconocen en Madrid, no son tantos los que llegan por el aeropuerto de Barajas, donde antes denunciaban que se había convertido en un ‘coladero’: muchos compraban billetes de avión para destinos lejanos con escala en Madrid, y al llegar aquí destruían la documentación y se quedaban, según denunciaron fuentes policiales en su momento. Las dos cartas que la consejera Dávila envió al ministro Marlaska alertando sobre la situación parecen haber cumplido su objetivo de detener esta práctica, solicitando un visado en el punto de origen.

No obstante, «los centros están al límite de su capacidad», afirman sus responsables. «La presión disminuyó algo antes del verano, pero en las últimas semanas ha vuelto a aumentar», precisan.

Palabras gruesas

Mientras la situación se agrava, la polémica política sobre estos traslados continúa. «Yo acuso a Ayuso de racismo», afirmaba ayer el secretario general del PSOE de Madrid, el ministro de Transformación Digital, Óscar López. «No hay nada más racista que colaborar con los independentistas para excluir de un reparto maquillado de solidaridad a comunidades como Cataluña o el País Vasco por motivos políticos», le respondió la consejera Ana Dávila.

Miguel Ángel García Martín, portavoz del Gobierno autonómico, acusó el miércoles a Pedro Sánchez de ser «el último eslabón de los transportistas de estas mafias». Según el delegado del Gobierno, Francisco Martín, «la política insolidaria de la Comunidad es su sello distintivo; Ayuso ha estado boicoteando desde el principio la respuesta a esta emergencia humanitaria». A su juicio, todo esto ocurre porque «en la Comunidad de Madrid, el PP compite con Vox por un espacio político determinado», y eso «los lleva a posturas extremas».