Cae la dirección por las VPO compradas a precio reducido.

Un escándalo de grandes dimensiones conmociona desde este jueves al Ayuntamiento de Alicante, luego de que se revelara que la concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, y dos hijos de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos del mismo Consistorio, María Pérez-Hickman, no solo habían comprado, sino que también tienen escrituradas, un total de tres viviendas de promoción pública. Esta es la primera promoción en la segunda ciudad de la Comunidad Valenciana en los últimos 25 años. Además, se halla en una de las áreas más cotizadas y exclusivas de la ciudad, Playa San Juan.

La concejal de Urbanismo y la alta funcionaria mencionada han presentado sus renuncias este viernes. La cooperativa encargada de la mencionada promoción de viviendas ha emitido un comunicado aclaratorio sobre el caso. El alcalde de Alicante ha iniciado una investigación y ha advertido que, ante cualquier indicio de irregularidad, se dirigirá a la Fiscalía debido a sospechas de corrupción. La oposición ha anunciado que también llevará el caso a la Fiscalía y a la Agencia Valenciana Antifraude. Este asunto ha llegado incluso a las Cortes Valencianas en el ámbito político.

En medio de tensiones y acusaciones sobre el aumento del precio de vivienda debido a la falta de oferta, Rocío Gómez, arquitecta y número 3 en la lista local del PP, fue quien adquirió, junto a su marido, una de estas viviendas, ubicada en la quinta planta. Se trata de un apartamento de 90 metros cuadrados con plaza de garaje, cuyo precio es de aproximadamente 200.000 euros, casi la mitad del valor habitual en esta exclusiva área de Alicante.

La urbanización en cuestión cuenta con 134 viviendas de tres y cuatro dormitorios, piscina, club social, pistas deportivas y gimnasio, todo en una superficie de algo más de 8.600 metros. La propiedad es de titularidad pública y fue adjudicada a la Cooperativa Residencial Les Neus por 6,67 millones de euros.

Fraorgi, la entidad gestora de la cooperativa, ha aclarado este viernes que la parcela donde se han construido las viviendas «fue adquirida por la cooperativa en un concurso público» al que concurrieron otros cuatro licitadores. En total, fueron cinco participantes.

Los dos hijos de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos del mismo Consistorio, la mencionada María Pérez-Hickman, adquirieron dos pisos contiguos en la octava planta de uno de los edificios de la misma urbanización. El precio de cada una de estas viviendas es similar al de la concejal.

También hay un tercer comprador que forma parte de la estructura municipal. Se trata de un arquitecto del Ayuntamiento de Alicante que se encuentra actualmente involucrado en un procedimiento por narcotráfico.

Según el Diario Información, que ha destapado este escándalo, Pérez-Hickman, anterior jefa del Servicio de Contratación, actuó como secretaria en el proceso público de venta de la parcela sobre la que se construyó la urbanización en la que sus hijos poseen ahora las viviendas. De hecho, según ese medio, estuvo presente desde la primera hasta la última reunión, desde el 17 de octubre de 2018 hasta el 9 de marzo de 2022.

Las revelaciones del Diario Información de Alicante han dado lugar a un escándalo de gran magnitud en el Consistorio. Tanto es así que el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, ha ordenado la apertura urgente de un expediente de esclarecimiento de los hechos. Actualmente, la investigación se ha iniciado con solicitudes de información a tres áreas municipales: Contratación, Patrimonio y Urbanismo.

Luis Barcala también anunció ese mismo día que el Ayuntamiento llevará la investigación hasta el final y que ante la menor sombra de sospecha, se dirigirá a la Fiscalía. El PSOE anunció ese mismo jueves su intención de acudir a la Fiscalía y a la Agencia Valenciana Antifraude para denunciar el caso. Mientras tanto, Compromís ha decidido llevar el asunto a las Cortes Valencianas y solicitar los visados correspondientes a la Consellería. Asimismo, en el ámbito municipal, su edil Rafa Mas ha pedido informes urgentes a los departamentos de Contratación y Patrimonio.

En medio del terremoto político, María Pérez Hickman presentó su dimisión este viernes. Y pocas horas después, ya por la tarde, la concejal de Urbanismo también renunció. Según el propio Ayuntamiento, la edil optó por apartarse del caso para que la investigación pudiera continuar sin interferencias, tras haber entregado toda la documentación solicitada.

Con el escándalo propagándose rápidamente por toda España, Fraorgi, la entidad gestora de la cooperativa de viviendas de protección pública (VPP) de Residencial Les Neus, ha informado que se trata de «promociones privadas» y que «sus viviendas son adjudicadas directamente por la propia cooperativa entre sus socios». Además, la Consellería de Vivienda de la Generalitat Valenciana «revisa de manera objetiva los datos económicos del adquiriente, que son proporcionados por Hacienda», antes de emitir un contrato de visado.

Asimismo, ha indicado que, ante las decisiones tomadas por el Ayuntamiento de Alicante durante el proceso de licitación, en contra de los derechos de la cooperativa, esta última acudió a los tribunales, y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) dictó una sentencia «por la que anuló la decisión del Consistorio y le obligó a continuar el procedimiento hasta su adjudicación» a dicha cooperativa. Por tanto, según se añade: «La adjudicación de la parcela a esta cooperativa es resultado de una sentencia judicial».

Además, subrayan que, una vez adjudicada la parcela, las viviendas se construyen en régimen de cooperativa, «lo cual significa que son los socios quienes financian la obra, asumiendo el riesgo de cualquier posible sobrecoste». También explican que la adjudicación «no la efectúa ni el Ayuntamiento de Alicante ni ninguna administración pública», ya que «se trata de una promoción de VPP privada».