El Tribunal Supremo detiene el intento de López Madrid de eludir el juicio en el caso de la doctora Pinto.

Javier López Madrid y José Manuel Villarejo deberán comparecer en el banquillo de los acusados por la presunta contratación del empresario del excomisario para hostigar a la doctora Pinto. El Tribunal Supremo ha bloqueado los intentos del exconsejero de Bankia de recurrir en casación el fallo de la Audiencia Nacional de abril pasado, que, corrigiendo una decisión anterior, estableció que debía llevarse a cabo el juicio en la Audiencia Nacional por un presunto delito de cohecho.

El alto tribunal, en un auto al que ha tenido acceso LA RAZÓN, rechaza el recurso de queja contra el auto de la Sala de Apelación del 16 de abril, que, a su vez, le impedía interponer un recurso de casación contra la decisión de ser juzgado. Según aclara el Supremo, la queja de López Madrid no puede avanzar, ya que no se ha demostrado que se haya vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva.

Al contrario, el Supremo sostiene que la negativa de la Audiencia Nacional está «sólidamente fundamentada en la ley» y que, en este caso, no se puede presentar un recurso de apelación. Hay que recordar que la Sala ordenó en abril pasado continuar con este asunto que se investiga dentro de la macrocausa sobre los espionajes del excomisario. Para el Tribunal Supremo, este movimiento solo implica la continuación del proceso; por lo tanto, al no haberse agotado el asunto, no es posible su recurso en casación.

El recurso ante el Supremo tendrá que esperar

«El gravamen que se ha producido queda, por tanto, hibernado, por usar una expresión, hasta que se dicte la sentencia de fondo. Será en función de lo decidido, cuando, en su caso, la parte afectada podrá invocar el gravamen en los distintos recursos que se presenten. Esto permitiría analizar en casación, si se interpone el correspondiente recurso», señala el auto del que ha sido ponente el magistrado Javier Hernández. Además, se le impone el pago de las costas judiciales.

De esta manera, el alto tribunal detiene el intento de López Madrid de evitar el banquillo por la presunta contratación del excomisario en 2013. Es relevante recordar que esta parte del caso Villarejo se abrió en enero de 2020, a partir de indicios encontrados en el material incautado al agente encubierto que podrían inferir que López Madrid le contrató para hostigar y amenazar a la doctora Pinto. El magistrado Manuel García Castellón les procesó en julio de 2021 al considerar que se reunieron indicios suficientes para juzgarlos junto a Rafael Redondo (abogado y socio de Villarejo en Cenyt) por un delito de cohecho activo.

El instructor se basó en las conocidas agendas del excomisario y en los contactos telefónicos que este mantuvo con el empresario en las fechas señaladas. Según expuso, «en cumplimiento de lo pactado» Villarejo se dedicó a hostigar a Elisa Pinto durante el año 2014 y a seguirla para impedir que denunciara al empresario por acoso. También sostiene que «empleó medios policiales» para desacreditarla e intentar manipular las investigaciones policiales ya abiertas por las denuncias previas que interpuso la doctora. Asimismo, destacó los vínculos del yerno de Juan Miguel Villar Mir con altos mandos policiales, como el que fue jefe de la UCAO, Enrique García Castaño, alias «El Gordo».

La corrección de la Audiencia Nacional

A esto se añade una conversación del 27 de enero de 2017 de Villarejo en la que indicaba que reclamaría a López Madrid una cierta suma de dinero como compensación por el presunto encargo. «Yo, cuando todo termine, cuando le meta la querella a esta pava y a todos los que la han ayudado y tal y cual, hablaré con él: ‘Javierito, ponme un poquito de pasta porque me has metido en un embolao y ni me has llamado’ (…). Le voy a decir: ‘Chiquitín, daños y perjuicios’«, expresó el agente encubierto.

La Fiscalía Anticorrupción decidió no acusar en esta parte de la trama, considerando que los indicios contra los acusados no eran suficientemente sólidos. La doctora, por su parte, solicitó seis años de cárcel para cada uno por delito de cohecho y detalló en su escrito de acusación todas las anotaciones que Villarejo hizo en sus cuadernos privados sobre este caso.

En noviembre del año pasado comenzó finalmente la vista oral sobre este asunto, pero al inicio de la primera sesión, el presidente del tribunal acordó suspender la vista tras la solicitud de la abogada de la doctora Pinto debido a una enfermedad grave. Dos meses después, en enero, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dio la razón a López Madrid y a Villarejo, decretando el archivo de las actuaciones. Los magistrados entendieron que Pinto no estaba legitimada para ejercer la acusación particular en el procedimiento y concluyeron que no debía celebrarse juicio por este asunto.

A juicio también en 2026

La defensa de la dermatóloga apeló y la Sala de Apelación le dio la razón. Este nuevo giro de los acontecimientos supuso la corrección del criterio de la Sala de lo Penal. En su auto, expuso que debía permitírsele continuar como acusación popular, por lo que finalmente Villarejo y López Madrid (que niegan categóricamente las acusaciones de la doctora) serán juzgados por este asunto.

Es importante recordar que estos hechos han ocurrido en paralelo a la investigación principal del «caso Pinto» que se ha llevado en los juzgados de Madrid. Los dos implicados se han cruzado denuncias en los tribunales por los hechos ocurridos hace más de una década. Sin embargo, las denuncias interpuestas por el importante empresario han sido archivadas, mientras que las diligencias impulsadas por la doctora por el presunto hostigamiento que sufrió en su momento han llegado a juicio. Pinto, que afirma haber sido víctima de un auténtico calvario, logró finalmente que se abriera la vista oral contra López Madrid y Villarejo por estos hechos.

En esta causa, que se siguió en el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid, la Fiscalía sí presenta cargos. El Ministerio Público, que inicialmente no vio delito, ha terminado pidiendo 13 años de prisión para ambos por lesiones, amenazas y coacciones. Después de muchas idas y venidas, el juicio ha sido fijado finalmente para febrero de 2026, por lo que, a menos que se suspenda, será la primera vista que se celebre sobre los hechos que se remontan a doce años atrás.