Almeida solicita a Isabel Rodríguez que corrija sus comentarios sobre el 155 y lo califica de «disparate jurídico».

El conflicto político entre el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno central ha aumentado tras las declaraciones de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien manifestó públicamente que, de tener mayoría en el Senado, le “encantaría” aplicar el artículo 155 de la Constitución Española para intervenir la Comunidad de Madrid debido a su gestión sobre la legislación de vivienda.

En respuesta a estas afirmaciones, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez‑Almeida, ha enviado una carta a Rodríguez en la que exige una rectificación inmediata de sus comentarios. En el mensaje, el primer edil destaca la cooperación que ambas administraciones han mantenido durante la Operación Campamento, a pesar de sus diferencias políticas, y lamenta que las declaraciones de la ministra fracturen esa colaboración, describiéndolas como una “barbaridad jurídica” y “deslealtad institucional incompatible con el mínimo decoro” en un Estado de Derecho.

La controversia se desarrolla en el contexto de un debate más amplio sobre la ejecución de la Ley de Vivienda, aprobada por el Ejecutivo central, y la resistencia de la Comunidad de Madrid a implementar algunas de sus disposiciones. Rodríguez ha sostenido en varias intervenciones que, aunque no puede activar el 155 por no contar con la mayoría necesaria en el Senado, su referencia al marco constitucional resalta el conflicto entre las competencias autonómicas y las exigencias de la normativa estatal.

Desde el Gobierno regional liderado por Isabel Díaz Ayuso, la respuesta ha sido rápida. Los miembros del Ejecutivo autonómico han criticado la inconsistencia de la ministra, señalando que sus comentarios sobre la aplicación del 155 contrastan con su participación en eventos oficiales donde se promueven iniciativas de vivienda impulsadas por la propia Comunidad. Además, han enfatizado que Madrid cumple con sus competencias y que la colaboración institucional debe prevalecer sobre las críticas públicas.

La disputa resalta las tensiones inherentes al reparto de competencias entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, especialmente en áreas tan sensibles como la vivienda, y reabre el debate político sobre los límites del diálogo institucional frente a referencias a mecanismos extraordinarios como el artículo 155, cuyo uso ha sido históricamente excepcional y controvertido en España.