Los tribunales concluyen un periodo de corrupción con los juicios al clan Pujol y el caso Gürtel | España.

La Audiencia Nacional está a punto de poner fin a una era de corrupción que afectó a España durante varias décadas. Este noviembre, el tribunal llevará a cabo los juicios contra la familia de Jordi Pujol, lo que implica al expresidente catalán y a sus siete hijos; además, se celebrará el juicio final sobre la trama Gürtel, liderada por Francisco Correa, que se infiltró en el PP durante el mandato de José María Aznar. Estas audiencias ocurren en un momento en que la preocupación por la corrupción ha vuelto a aumentar entre los españoles, según encuestas de opinión, debido a la aparición de nuevos casos y, en especial, a la escalada del caso Koldo, que involucra a dos ex secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán (este último se encuentra en prisión provisional).

La corrupción ha resurgido y ocupa de nuevo uno de los primeros lugares en la lista de preocupaciones de los ciudadanos españoles. Según el barómetro de julio del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), un 25,3% de los encuestados la identifica como uno de los tres principales problemas del país, solo superada por el tema de la vivienda (30%). Este dato ha aumentado notablemente en comparación con junio, cuando era del 11,7%, coincidiendo con la publicación del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán, que llevó a que el Tribunal Supremo lo imputara por su presunta participación en una trama de adjudicación irregular de obras públicas a cambio de sobornos, que también afecta al exministro Ábalos.

Todo se amalgama en un cóctel explosivo. La política está completamente judicializada. El PP ha centrado gran parte de su estrategia de oposición en desgastar al Gobierno a través de las causas abiertas contra el entorno de Pedro Sánchez (muchas de ellas con un fundamento cuestionable y promovidas por grupos ultras como Manos Limpias o Hazte Oír), mientras que el Ejecutivo intenta mitigar los daños del caso Cerdán y presenta nuevas medidas contra la corrupción. Sin embargo, rara vez pasa un día sin que las decisiones de los tribunales acaparen las noticias de los medios. La agenda sugiere que poco cambiará en este nuevo curso judicial, cuyo acto inaugural está programado para el 5 de septiembre. Algunas de las causas más importantes se han marcado en rojo en el calendario:

El ‘caso Pujol’. Tras concluir la investigación sobre el clan Pujol hace más de cinco años, el juez instructor José de la Mata afirmó: “La familia Pujol Ferrusola ha utilizado su posición privilegiada en la vida política/social/económica catalana durante décadas para acumular una riqueza exagerada, directamente vinculada a percepciones económicas derivadas de actividades corruptas”. Esta es la acusación principal contra Jordi Pujol, expresidente de la Generalitat de Cataluña (1980-2003), y sus siete hijos, quienes se presentarán ante la Audiencia Nacional a partir de noviembre —la esposa del exdirigente de CiU, Marta Ferrusola, fue excluida del proceso en 2021 por demencia severa y falleció en 2024—.

El juicio del político catalán más influyente de la segunda mitad del siglo XX, quien cumplió 95 años en junio, llega tras años de retrasos (en gran parte provocados por las apelaciones y maniobras de la familia para prolongar la gestión de la documentación sensible en el sumario). La expectación es enorme. La vista ocupará la agenda durante meses —se prevé que finalice en abril de 2026 y ya se han programado declaraciones de más de 250 testigos—. Mientras tanto, Junts y parte del independentismo están inmersos en una campaña para rehabilitar la imagen del expresident, quien en 2014 confesó haber poseído una fortuna sin declarar en Andorra. Según Pujol, ese dinero corresponde a una herencia de su padre, pero ni el juez ni la Fiscalía le creen. La Fiscalía pide nueve años de prisión para el patriarca; 29 años para el primogénito (Jordi Pujol Ferrusola); 14 años para otro hijo (Josep); y ocho años para el resto (Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta).

Último juicio de Gürtel. La Audiencia Nacional se prepara para culminar otro de los grandes casos de corrupción en la historia reciente de España. El tribunal también tiene previsto comenzar en noviembre el juicio final del caso Gürtel, la trama dirigida por Francisco Correa que se infiltró en el núcleo del PP. Más de 16 años después de que estallara el escándalo y con numerosas condenas ya dictadas, la justicia pone la guinda al complejo sumario con la vista oral sobre la estructura empresarial diseñada por Gürtel para blanquear dinero y evadir los pagos a Hacienda. Hay 26 personas acusadas, incluidos Correa; su exnúmero dos y exsecretario de Organización del PP gallego, Pablo Crespo; y los asesores fiscales Luis de Miguel y Ramón Blanco Balín.

Las derivadas de Púnica. El largo proceso judicial que afecta al PP tiene otro hito en el caso Púnica, una trama de corrupción que principalmente afectó a la Comunidad de Madrid y que se expandió gracias a las conexiones del empresario David Marjaliza y del exconsejero popular Francisco Granados. Este septiembre continúa el juicio sobre la línea de investigación centrada en la supuesta manipulación de contratos públicos en beneficio de la compañía de eficiencia energética Cofely, que sienta en el banquillo a siete exalcaldes populares y a uno del PSOE. Además, fuentes jurídicas indican que la Audiencia Nacional ha programado para principios de 2026 el inicio de la vista oral sobre otra derivada de la trama (los amaños de contratos de fiestas en municipios gobernados por los conservadores), con Granados ya entre los acusados.

El trío Koldo-Ábalos-Cerdán. El caso Koldo ha evolucionado y ahora abarca más que solo un caso aislado. La investigación, que comenzó enfocándose en la adjudicación irregular de contratos de compra de mascarillas en el Ministerio de Transportes bajo la dirección de José Luis Ábalos, ha crecido hasta involucrar al propio exministro y a su sucesor como número tres del PSOE, Santos Cerdán (cuyo estado actual es de prisión provisional desde junio, medida que ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional, que deberá decidir en septiembre si admite a trámite las alegaciones). Las indagaciones han dado un giro significativo y se centran en el supuesto amaño de obras públicas a cambio de sobornos. Para esclarecer la trama, dos sumarios avanzan en paralelo; uno en la Audiencia Nacional y otro en el Tribunal Supremo, donde se esperan nuevos informes de la UCO sobre los vínculos de la trama. La Guardia Civil está analizando el patrimonio de los dos exdirigentes socialistas y rastreando en sus comunicaciones (así como en las de Koldo García, el exayudante de Ábalos) referencias al expresidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Las repercusiones de cada avance serán significativas, con el PP atacando al Gobierno por este escándalo de corrupción.

El fiscal general, al banquillo. Otra causa sin precedentes captará la atención en los próximos meses. Álvaro García Ortiz, acusado de filtrar un email del abogado de Alberto González Amador (novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid), se convirtió en junio en el primer fiscal general del Estado procesado (una decisión acordada por el juez instructor Ángel Hurtado y luego confirmada por una división en la Sala de Apelaciones del Supremo). Aún está pendiente la resolución para abrir el juicio oral, pero la evolución del caso apunta a que García Ortiz podría comparecer en un juicio que, según estimaciones del alto tribunal, se celebrará antes de que finalice el año.

El novio de Ayuso, acorralado. El PP de Madrid, bajo el liderazgo de Ayuso, intentó desviar la atención de la causa abierta contra el fiscal general para encubrir el procedimiento que acecha al novio de la presidenta de la comunidad. Sin embargo, esta investigación continuará desarrollándose en los próximos meses. Inicialmente, se centró en un presunto fraude de más de 350.000 euros a Hacienda a través de una red de facturas falsas perpetrada por González Amador (por lo que la magistrada Inmaculada Iglesias ya propuso juzgarlo y ahora la Audiencia Provincial de Madrid debe confirmar esto). A raíz del avance de esas indagaciones, surgieron nuevos indicios que sugieren que el novio de la política habría pagado un soborno a un directivo de Quirón para expandir sus negocios. Esta parte del caso sigue en fase de investigación y la jueza ha ordenado a la UCO que examine las operaciones económicas sospechosas —y las conclusiones de esta investigación todavía están por llegar—.

Los avances del ‘caso Montoro’. Cuando el equipo de Alberto Núñez Feijóo se preparaba para capitalizar el escándalo del caso Cerdán, que tambaleó al Gobierno de Sánchez durante varias semanas, emergió otra causa de corrupción contra un destacado exdirigente del PP. Un juez de Tarragona, Rubén Rus, imputó a Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda bajo José María Aznar y Mariano Rajoy, por presuntamente haber sobrepasado la línea del lobby y diseñado una supuesta red de influencias con otros altos cargos para modificar leyes en beneficio de los clientes de su despacho Equipo Económico, fundado durante su mandato gubernamental. La lucha legal entre los implicados se anticipa intensa. Se espera que intenten anular la causa, considerándola “desproporcionada” por haber permanecido bajo secreto durante siete años (de hecho, una parte sigue en secreto, por lo que más revelaciones son esperadas cuando se levante dicha restricción); mientras varios afectados por las maniobras de la firma (como el exvicepresidente Rodrigo Rato) buscarán ampliar el enfoque de la investigación hacia el tráfico de datos fiscales de particulares para perjudicarlos.

El entorno de Sánchez y Ferraz. La atención seguirá centrada en David Sánchez y Begoña Gómez, el hermano y la esposa del presidente del Gobierno, respectivamente. El primero ya ha sido enviado a juicio por la magistrada encargada de la causa sobre su supuesta contratación irregular por parte de la Diputación de Badajoz, aunque la Audiencia Provincial aún puede anular el procesamiento, ya que aún está pendiente de resolver los recursos contra esa decisión. Por su parte, se espera que el controvertido Juan Carlos Peinado, quien mantiene bajo sospecha a Begoña Gómez desde 2024, revele sus futuros pasos después de que este verano ampliara la causa contra ella al atribuirle un nuevo delito (malversación), tras el intento fallido del Supremo de escalar a implicar al ministro Félix Bolaños.

El Ejecutivo y el PSOE han cuestionado ambos casos. En particular, el de Peinado, al que acusan abiertamente de prevaricación. Sin embargo, este otoño se abrirá un nuevo frente en los tribunales con consecuencias impredecibles. Un juez de Madrid ha citado a declarar el próximo 11 de noviembre a Leire Díez, exmilitante y excargo socialista, quien se ha visto envuelta en un escándalo tras la difusión de un audio donde sugiere favores supuestos de la Fiscalía para un empresario acusado, a cambio de que aportara información comprometedora sobre ciertas autoridades, incluidos miembros de la UCO y el ministerio público. Esta nueva investigación se ha iniciado por tráfico de influencias y cohecho, y se ha programado una serie de interrogatorios de testigos (incluyendo al empresario Javier Pérez Dolset y al abogado Jacobo Teijelo, letrado de Cerdán), que la oposición aprovechará para atacar al Gobierno y a los socialistas.

El cerco a Alvise. El agitador ultraderechista y eurodiputado Luis Pérez, conocido como Alvise, intentará eludir las tres causas que le ha abierto el Tribunal Supremo. La primera se relaciona con la supuesta financiación ilegal de su agrupación electoral Se acabó la Fiesta (reconoció haber recibido un maletín con 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas, pero negó haberlo utilizado para financiar la campaña). La segunda es por la divulgación de una prueba falsa de covid de Salvador Illa, actual president de la Generalitat. La tercera es por un presunto delito de acoso a una fiscal, a quien identificó en redes sociales y difundió datos personales para que sus seguidores atacaran con amenazas e insultos.

Cuando comenzaron a abrirse los procedimientos en su contra, fuentes de su entorno indicaron que parte de su estrategia pasaba por intentar dilatarlos. De hecho, lo hizo en la Audiencia Nacional, donde comenzó la investigación sobre el caso de financiación ilegal: en este tribunal, aprovechando su condición de aforado, Alvise no se presentó ante el juez José Luis Calama, a quien había asegurado que lo haría. Posteriormente, en el Supremo, sí compareció para ser interrogado.