El ‘caso residencias’ avanza lentamente mientras se espera la decisión de la Audiencia Provincial sobre la posible creación de una macrocausa | Noticias de Madrid

El próximo mes se cumplirán seis años desde el inicio de la pandemia, un año más de lucha política y judicial por las miles de muertes en las residencias de ancianos de Madrid. Para entonces, tal vez se conozca una esperada decisión que podría modificar el curso del caso tal como se ha desarrollado hasta ahora. Desde septiembre, la Audiencia Provincial tiene en consideración los recursos de las familias y de uno de los imputados para unificar los procedimientos en un solo juzgado, similar a la macrocausa de la dana valenciana. Esto evitaría situaciones como la de este miércoles, cuando dos juzgados citaron a los mismos imputados a la misma hora, pero finalmente ninguno se presentó.

Dos figuras clave en la investigación, Carlos Mur de Víu y Francisco Javier Martínez Peromingo, estaban citados a las 10:00 en lugares opuestos de la Comunidad de Madrid, Collado Villalba al noroeste y Getafe al sur. Mur era el alto cargo de Sanidad firmante de los protocolos que limitaron las hospitalizaciones, mientras que Peromingo era el jefe de geriatría del Hospital Rey Juan Carlos, considerado el principal autor de esos documentos.

En Collado Villalba llegó puntualmente el abogado de Mur, Mariano Herranz, con su sombrero de ala ancha y hablando por teléfono. Su cliente reside en Andorra, donde trabaja como psiquiatra. Argumentó que en la causa, que investiga la muerte de Manuel Parceiro, no se habían presentado los protocolos de triaje. Mientras tanto, en Getafe, el juez encargado de investigar la muerte de Petra Gadea había recibido un escrito de Mur indicando que se encontraba en el Principado, según el abogado de las familias presente, Carlos Castillo. Ambas declaraciones fueron suspendidas.

En el caso de Peromingo, él y su abogado se presentaron en Getafe, pero el fiscal solicitó una suspensión de la declaración porque necesitaba revisar lo que este había dicho en otros juzgados, según Castillo. La abogada de las familias presente en Collado Villalba, Alejandra Jacinto, comentó que Peromingo no asistió a ese municipio de la sierra porque había alegado que tenía la cita en Getafe. Por lo tanto, tampoco se presentó. Ni en un lugar ni en otro.

Los retrasos en este caso, que se encuentra dividido en varias decenas de juzgados, son bastante comunes. A menudo se suspenden sesiones o partes de ellas debido a la imposibilidad de localizar a los imputados, como ocurrió este martes en el juzgado de instrucción 37 de Madrid, o porque un documento no fue notificado adecuadamente a las partes, como sucedió hace dos semanas en el 23 de Madrid.

Dos de los exresponsables autonómicos imputados ni siquiera han comparecido todavía como investigados: Pablo Busca, el gerente al mando de las ambulancias del Summa 112, y Antonio Burgueño, el asesor externo que la presidenta Isabel Díaz Ayuso incorporó para la crisis.

La declaración de Burgueño es especialmente esperada, ya que fue interrumpida en junio cuando testificaba ante la jueza del seis de Leganés. Mencionó una reunión clave con Ayuso y otros altos funcionarios, y la jueza decidió suspender la vista ante la posible necesidad de llamarlo como investigado. También estaba citado como imputado este miércoles en Collado Villalba, pero, según le comunicaron a EL PAÍS, su comparecencia se aplazó hasta el 8 de abril.

A pesar de este avance tan lento, las asociaciones de familiares están contentas con algunas novedades. En concreto, tanto Peromingo como Mur han afirmado que las tres primeras versiones de los protocolos de triaje eran discriminatorias, según lo que han declarado a la salida de las sesiones sus abogados acusadores. Sobre este tema, Jacinto aclara que la acusación sostiene que la cuarta versión también era discriminatoria. Además, las asociaciones destacan que Mur señaló a la presidenta de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, uno de los hombres fuertes del Gobierno Ayuso, quien recibió un correo electrónico, previamente revelado por EL PAÍS, en el que alertaba que la medicalización no era posible en ese momento, el 20 de marzo de 2020.

Estas revelaciones son un quebradero de cabeza para Ayuso, que ha intentado restarle importancia a este asunto afirmando que ha conseguido que más de 140 archivos sean cerrados. No obstante, hace un año parecía estar ganando esta batalla, pero la investigación cobró nueva vida el año pasado cuando las asociaciones alegaron un delito poco conocido, el de discriminación en el acceso a un servicio público. Desde entonces, las imputaciones a los cuatro exmandatarios de su Gobierno se sucedieron. La denuncia colectiva de las familias exige que la investigación no se limite a ellos.

Respecto a la posible unificación, hay jueces que consideran que este sería el enfoque más adecuado, ya que la ley de enjuiciamiento criminal así lo establece cuando coinciden los investigados y los hechos. Además, de este modo se evitarían sentencias contradictorias. Por una cuestión de azar, esta unificación recaerá en María Isabel Durántez, titular del juzgado de instrucción 3 de Madrid, quien fue la primera jueza en imputar a los ex altos cargos en abril del año pasado. Sin embargo, ella se opuso en agosto alegando que cada muerte ocurrió en circunstancias distintas.

Los abogados de las familias tienen una opinión diferente. Consideran que las muertes fueron el resultado de una discriminación hacia un colectivo específico, el de las personas en residencias, orquestada por los líderes políticos. La Sección Primera de la Audiencia decidirá si la jueza Durántez debe armar ella sola el puzle o si cada juez debe hacerlo por separado.

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