La Fiscalía solicita a Igualdad que impida el acceso a los sitios web de 13 agencias de gestación subrogada.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al Ministerio de Igualdad que inicie el procedimiento administrativo para bloquear el acceso desde España a los sitios web de 13 agencias extracomunitarias que se dedican a la gestación subrogada. El ministerio público, que indica que estas empresas ofrecen y realizan prácticas comerciales de gestación subrogada consideradas “ilegales” en España, toma esta decisión tras abrir una investigación tras recibir varias denuncias por publicidad ilícita. El departamento de Ana Redondo aclara en un comunicado que recibió el escrito el miércoles por la tarde y que mañana lo analizarán con la Abogacía del Estado, mencionando que tienen la capacidad de “iniciar acciones judiciales para la cesación de publicidad ilícita que afecte a la imagen de las mujeres, pero no cuentan con capacidad administrativa para bloquear sitios web”.

En este contexto, las empresas mencionadas tienen clínicas en países como Estados Unidos, Ucrania, Georgia, Chipre, Grecia, México, Albania, Armenia o Colombia. En España, la gestación subrogada es ilegal desde 2006, cuando se promulgó la ley sobre técnicas de reproducción humana asistida; además, desde la reforma de la ley del aborto de 2022, se considera una forma de violencia contra las mujeres. En Europa, en 2024, la explotación de mujeres como vientres de alquiler fue tipificada como delito mediante una directiva.

A pesar de esto, cada año, ciudadanos españoles viajan a países donde esta práctica no es ilegal y, una vez nacen los bebés, los inscriben allí y regresan a España, donde, en nombre del interés superior del menor, el Estado los reconoce a través de su inclusión en el Registro Civil para evitar que queden en un limbo legal.

El año pasado, el Ministerio de Justicia publicó una instrucción en el Boletín Oficial del Estado para cerrar aún más las grietas burocráticas; desde entonces, ningún certificado extranjero, ninguna sentencia de autoridades judiciales de otros países, ni ninguna declaración acompañada de documentación médica es válida en ningún Registro Civil de España, incluidos los de los consulados, para inscribir a un bebé nacido mediante gestación subrogada, sin importar el país de nacimiento o las circunstancias individuales.

Asimismo, el Ministerio de Igualdad recuerda en el comunicado que el año pasado “el Instituto de las Mujeres, a través del Observatorio de la Imagen de las Mujeres, elaboró un informe identificando empresas que ofrecían servicios de gestación subrogada mediante publicidad en diversos medios”, y lo “puso en conocimiento de la Abogacía del Estado para que ejerciera acciones judiciales para cesar la publicidad de cuatro empresas”. Además, añaden que “la Fiscalía se dirigió al Instituto de las Mujeres para solicitar el informe del Observatorio”.

Precios entre los 15.000 y los 159.000 euros

No existen datos oficiales sobre el número de menores españoles nacidos mediante esta práctica. Sin embargo, en los registros consulares, en 2021, había más de 3.200 niños desde 2010. En 2024, se registraron en el Registro Civil 154 bebés, según los últimos datos del Ministerio de Justicia. Tampoco se conoce con claridad qué precios fijan estas empresas para una práctica que la legislación española considera violencia de género.

Las tarifas por un vientre de alquiler varían notablemente según el país y el tipo de cobertura. Una de las agencias mencionadas por la Fiscalía, llamada Success–Maternidad Subrogada, que tiene sus oficinas en EE. UU. e Israel, ofrece servicios desde 15.000 euros para “hombres solteros o parejas LGTBi” en Chipre, hasta un paquete “VIP ilimitado” en Grecia que incluye fecundaciones in vitro ilimitadas y promete el “nacimiento garantizado de un niño sano” por 75.000 euros. La estadounidense Circle Surrogacy cobra 159.000 euros por sus servicios.

En su escrito, la Fiscalía también menciona a Go4Baby, que se describe en su sitio web como una agencia de gestación subrogada con “programas garantizados para matrimonios y parejas heterosexuales en Georgia y Ucrania, y para todo tipo de familias en Colombia y México”. “Vuestro sueño mucho más cerca”, promete a parejas e individuos interesados. Además, declara: “Os ayudamos a construir vuestra familia con transparencia y seguridad”. Go4Baby fue una de las cuatro empresas demandadas en 2025 por el Instituto de las Mujeres por promover esta práctica en España. También se señala a Growing Generations e Invest Medical LLC; a la agencia georgiana Betaplus Fertility; y a la mexicana Miracle Surrogacy.

La lista se completa con las sociedades Tammuz Family, New Life Global Network, Surrogacy Beyond Borders, Surrogacy4All, Family Source Consultants y Surrogacy Network. Según el escrito de la Fiscalía, estas agencias operan en países como Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Ucrania y Georgia. EL PAÍS ha verificado que todos sus sitios web estaban accesibles desde España este miércoles. Este periódico ha solicitado información a todas las agencias mencionadas en las diligencias de la Fiscalía para conocer si han recibido algún requerimiento y cuál es su valoración, pero hasta el momento no se ha obtenido respuesta.

Mediante una resolución firmada este martes y dirigida a la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, la Fiscalía explica que su investigación comenzó con varias denuncias presentadas en 2024 por la Asociación Feminista As Furias, lo que también llevó a la intervención del Defensor del Pueblo. Las indagaciones inicialmente se centraron en ocho entidades y, debido a razones de competencia, se distribuyeron entre varias fiscalías provinciales (Barcelona, Madrid y Málaga), que lograron que varias “cesaran su actividad ilícita tras un requerimiento del Ministerio Fiscal”.

Sin embargo, durante las pesquisas de las fiscalías provinciales de Madrid y Barcelona, “se constató la existencia de otras entidades ubicadas fuera del territorio de la Unión Europea que realizaban prácticas comerciales sobre gestación subrogada, accesibles y visitables en su web desde España”. Esta parte fue enviada a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que asumió la competencia y, en diciembre del año pasado, comenzó a recopilar información sobre las 13 compañías ahora señaladas para bloquear sus páginas digitales.

En el documento enviado al Ministerio de Igualdad, la Fiscalía subraya la necesidad de inutilizar el acceso a esos sitios desde España, para cumplir con la ley nacional sobre defensa de los derechos de las mujeres. En este sentido, el ministerio público recuerda que, desde 2023, la ley considera los vientres de alquiler como una “forma grave de violencia reproductiva” e invita a tomar medidas para su “prevención” y “persecución”.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita a la Secretaría de Estado que, “previa tramitación de las actuaciones administrativas pertinentes”, se comunique con las empresas que ofrecen servicios de acceso a Internet en España (como Telefónica o Vodafone), para que bloqueen el acceso a dichos sitios, así como a todos los subdominios que puedan dirigir a contenido “ilícito”. Igualmente, en caso de que Igualdad considere que esta acción podría afectar a los derechos y libertades de expresión e información, la Fiscalía insta a solicitar la “preceptiva resolución judicial” para poder llevarla a cabo. El Ministerio de Igualdad, reiteran, estudiará el escrito de la Fiscalía este jueves, pero enfatizan que no tienen competencias en la vía administrativa, que es lo que se les solicita.