La Fiscalía solicita a Igualdad el bloqueo de los sitios web de 13 agencias de gestación subrogada. | Sociedad

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al Ministerio de Igualdad que inicie el procedimiento administrativo para restringir el acceso en España a las páginas web de 13 agencias extracomunitarias implicadas en el alquiler de vientres. El ministerio público destaca que estas empresas ofrecen y llevan a cabo prácticas comerciales de gestación subrogada, las cuales son consideradas “ilegales” en España. Esta medida se toma tras abrir una investigación a raíz de varias denuncias por publicidad ilegal. Según un comunicado del departamento de Ana Redondo, se recibió el escrito el miércoles por la tarde, y se analizará en colaboración con la Abogacía del Estado, que tiene competencias para “iniciar acciones judiciales contra la publicidad ilícita que afecta a la imagen de las mujeres”, aunque no pueden bloquear webs administrativamente.

Las mencionadas empresas operan en países como Estados Unidos, Ucrania, Georgia, Chipre, Grecia, México, Albania, Armenia y Colombia. Desde 2006, el alquiler de vientres es ilegal en España, cuando se implementó la ley sobre técnicas de reproducción humana asistida; además, desde la reforma de la ley del aborto en 2022, se considera una forma de violencia contra las mujeres. En 2024, la explotación de mujeres como vientres de alquiler fue tipificada como delito en Europa a través de una directiva.

No obstante, muchos ciudadanos y ciudadanas españoles viajan cada año a países donde estas prácticas no son ilegales, registran a los bebés allí y regresan a España, donde el Estado los reconoce a través del Registro Civil en nombre del interés superior del menor para evitar un limbo legal.

El Ministerio de Justicia, el año pasado, publicó una instrucción en el Boletín Oficial del Estado para reforzar las restricciones, estableciendo que ningún certificado extranjero, sentencia de autoridades judiciales de otros países ni declaración con documentación médica será válida en ningún Registro Civil de España, incluidos los consulados, para inscribir a un bebé nacido por vientre de alquiler.

Además, el Ministerio de Igualdad recordó en su comunicado que el Instituto de las Mujeres elaboró un informe el año pasado a través del Observatorio de la Imagen de las Mujeres, identificando a empresas que promovían servicios de gestación subrogada mediante publicidad en diversos medios. Este informe fue llevado a conocimiento de la Abogacía del Estado, quien inició acciones judiciales contra cuatro empresas. La Fiscalía, posteriormente, solicitó el informe del Observatorio al Instituto de las Mujeres.

Precios entre los 15.000 y los 159.000 euros

No hay datos oficiales sobre el número de menores españoles nacidos por esta vía. Sin embargo, en los registros consulares, en 2021, había más de 3.200 niños registrados desde 2010. Según datos del Ministerio de Justicia, en 2024 se inscribieron en el Registro Civil 154 bebés, que son los últimos datos disponibles. Tampoco se tiene claridad sobre el costo que estas empresas asignan a esta práctica considerada violencia de género por la legislación española.

Los precios por un vientre de alquiler varían considerablemente según el país y el tipo de cobertura. Una de las agencias identificadas por la Fiscalía, llamada Success–Maternidad Subrogada, con oficinas en EE. UU. e Israel, ofrece servicios desde 15.000 euros para “hombres solteros o parejas LGTBi” en Chipre, hasta un paquete «VIP ilimitado» en Grecia que incluye fecundaciones in vitro sin límite y garantiza el “nacimiento de un niño sano” por 75.000 euros. La agencia estadounidense Circle Surrogacy cobra 159.000 euros por sus servicios.

La Fiscalía también menciona a Go4Baby, que se presenta en su web como una agencia de gestación subrogada con «programas garantizados para matrimonios y parejas heterosexuales en Georgia y Ucrania, así como para todo tipo de familias en Colombia y México». Prometiendo hacer «vuestro sueño mucho más cerca», asegura: “Os ayudamos a construir vuestra familia con transparencia y seguridad”. Go4Baby fue una de las cuatro empresas demandadas en 2025 por el Instituto de las Mujeres por promocionar esta práctica en España. También se incluyen a Growing Generations, Invest Medical LLC, la georgiana Betaplus Fertility, y la mexicana Miracle Surrogacy.

El listado se completa con Tammuz Family, New Life Global Network, Surrogacy Beyond Borders, Surrogacy4All, Family Source Consultants y Surrogacy Network. El escrito de la Fiscalía indica que estas agencias operan en países como Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Ucrania y Georgia. Este medio ha confirmado que todas sus páginas web estaban accesibles desde España el pasado miércoles. Se ha solicitado información a todas las agencias mencionadas en las diligencias de la Fiscalía para saber si han recibido algún requerimiento y cuál es su valoración, pero hasta ahora no se ha recibido respuesta.

A través de un documento firmado este martes y dirigido a la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el ministerio público detalla que su investigación comenzó con varias denuncias realizadas en 2024 por la Asociación Feminista As Furias, lo que también llevó a la intervención del Defensor del Pueblo. Las investigaciones iniciales se centraron en ocho entidades y, por cuestiones de competencia, se distribuyeron entre varias fiscalías provinciales (Barcelona, Madrid y Málaga), que lograron que varias cesaran su actividad ilícita tras requerimientos del Ministerio Fiscal.

Sin embargo, durante las pesquisas de las fiscalías provinciales de Madrid y Barcelona, “se evidenció la existencia de otras entidades situadas fuera de la Unión Europea que llevan a cabo prácticas comerciales de gestación subrogada, accesibles desde España a través de sus páginas web”. Esta parte se remitió a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que asumió la competencia y en diciembre del pasado año inició la recopilación de información sobre las 13 compañías que ahora se propone bloquear.

En el escrito enviado al Ministerio de Igualdad, la Fiscalía resalta la urgencia de restringir el acceso a estas web desde España para cumplir con la legislación nacional que protege los derechos de las mujeres. En esa línea, el ministerio público recuerda que desde 2023, la ley considera los vientres de alquiler como una “forma grave de violencia reproductiva” e invita a adoptar medidas para su “prevención” y “persecución”.

La Fiscalía solicita a la Secretaría de Estado que, “previa tramitación de las actuaciones administrativas pertinentes”, se comunique con las empresas que proporcionan acceso a internet en España (como Telefónica o Vodafone) para que bloqueen el acceso a dichas web y a todos los subdominios que puedan dirigir a contenido “ilícito”. Asimismo, si Igualdad considera que esta acción pueda afectar a derechos de libertad de expresión e información, la Fiscalía insta a solicitar la “correspondiente resolución judicial” para poder implementarla. El Ministerio de Igualdad, reiteran, estudiará el escrito de la Fiscalía este jueves, pero aclaran que no tienen competencias administrativas, que es lo que se les está solicitando.