La Fiscalía solicita a Igualdad que impida el acceso a las páginas de 13 agencias de maternidad subrogada | Sociedad

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al Ministerio de Igualdad que inicie el procedimiento administrativo para bloquear el acceso desde España a las páginas web de 13 agencias extracomunitarias que ofrecen servicios de vientres de alquiler. Este ministerio público alega que estas empresas realizan “prácticas comerciales de gestación subrogada” que son consideradas “ilegales” en España, y toma esta decisión después de abrir una investigación tras recibir diversas denuncias por publicidad ilícita. El departamento de Ana Redondo comunica que recibió la solicitud el miércoles por la tarde y que la analizará conjuntamente con la Abogacía del Estado, señalando que tienen la capacidad para “iniciar acciones judiciales para cesar la publicidad ilícita que afecte a la imagen de las mujeres, aunque no pueden bloquear webs administrativamente”.

Las mencionadas empresas tienen clínicas en naciones como Estados Unidos, Ucrania, Georgia, Chipre, Grecia, México, Albania, Armenia o Colombia. En España, desde 2006, los vientres de alquiler son ilegales, y esto se debe a la entrada en vigor de la ley sobre técnicas de reproducción humana asistida; además, desde la reforma de la ley del aborto de 2022, se considera una forma de violencia contra las mujeres. En Europa, ya en 2024, la explotación de mujeres como vientres de alquiler fue incluida como delito a través de una directiva.

No obstante, cada año, ciudadanos y ciudadanas españolas viajan a países donde esta práctica no es ilegal y, una vez que los bebés nacen, los inscriben allí y regresan a España, donde, en nombre del interés superior del menor, el Estado les reconoce a través de su inclusión en el Registro Civil, evitando así un limbo legal.

El año pasado, el Ministerio de Justicia emitió una instrucción en el Boletín Oficial del Estado para cerrar aún más las brechas burocráticas; desde entonces, ningún certificado extranjero, ninguna sentencia de autoridades judiciales de otros países ni ninguna declaración con documentación médica es válida en ningún Registro Civil de España, incluyendo los consulados, para inscribir a un bebé nacido por vientre de alquiler, sin importar el país de nacimiento o las circunstancias individuales.

El Ministerio de Igualdad recuerda en su comunicado que también el año pasado “el Instituto de las Mujeres, a través del Observatorio de la Imagen de las Mujeres, elaboró un informe identificando a empresas que ofrecían servicios de gestación subrogada mediante publicidad en diversos medios”, y notificó esto a la Abogacía del Estado para que tomara acciones judiciales contra cuatro empresas. Además, enfatiza que “la Fiscalía solicitó al Instituto de las Mujeres el informe del Observatorio”.

Precios entre los 15.000 y los 159.000 euros

No existen datos oficiales sobre la cantidad de menores españoles nacidos bajo estas circunstancias. Sin embargo, en los registros consulares de 2021, figuran más de 3.200 niños desde 2010. En 2024, se registraron 154 bebés en el Registro Civil, según datos del Ministerio de Justicia, que son los últimos disponibles. Asimismo, no se tiene claridad acerca de los precios que estas empresas aplican a una práctica considerada violencia de género por la legislación española.

Las tarifas por un vientre de alquiler varían notablemente según el país y el tipo de cobertura. Una de las agencias mencionadas por la Fiscalía, Success–Maternidad Subrogada, que cuenta con oficinas en EE.UU. e Israel, ofrece servicios desde 15.000 euros para “hombres solteros o parejas LGTBi” en Chipre hasta un paquete “VIP ilimitado” en Grecia por 75.000 euros, que incluye fecundaciones in vitro ilimitadas y garantiza el “nacimiento saludable de un niño”. La agencia estadounidense Circle Surrogacy, en cambio, cobra 159.000 euros por su servicio.

La Fiscalía también menciona a Go4Baby, que se describe en su página web como una agencia de gestación subrogada que ofrece “programas garantizados para matrimonios y parejas heterosexuales en Georgia y Ucrania, así como para cualquier tipo de familia en Colombia y México”. Promete a las parejas y personas interesadas que “su sueño estará mucho más cerca”, y añade: “Os ayudamos a construir vuestra familia con transparencia y seguridad”. Go4Baby fue una de las cuatro empresas demandadas en 2025 por el Instituto de las Mujeres por promocionar esta práctica en España. También se mencionan a Growing Generations, Invest Medical LLC, la georgiana Betaplus Fertility, y la mexicana Miracle Surrogacy.

La lista la completan las firmas Tammuz Family, New Life Global Network, Surrogacy Beyond Borders, Surrogacy4All, Family Source Consultants y Surrogacy Network. De acuerdo con el escrito de la Fiscalía, estas agencias operan principalmente en países como Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Ucrania y Georgia. EL PAÍS ha verificado que todas sus páginas web eran accesibles desde España este miércoles. Este periódico ha solicitado información a todas las agencias mencionadas en las diligencias de la Fiscalía para saber si han recibido algún requerimiento y cuál es su opinión. Hasta el momento, no se ha obtenido respuesta.

A través de una resolución firmada el martes y dirigida a la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, la Fiscalía explica que su investigación se inició tras varias denuncias presentadas en 2024 por la Asociación Feminista As Furias, lo que también provocó la intervención del Defensor del Pueblo. Las indagaciones se enfocaron inicialmente en ocho entidades y, debido a razones de competencia, se distribuyeron entre varias fiscalías provinciales (de Barcelona, Madrid y Málaga), que lograron que varias de ellas “cesaran su actividad ilícita tras un requerimiento del Ministerio Fiscal”.

Sin embargo, durante la investigación de las fiscalías provinciales de Madrid y Barcelona, “se evidenció la existencia de otras entidades fuera del territorio de la Unión Europea que llevan a cabo prácticas comerciales sobre gestación subrogada, accesibles y visitables desde España”. Esta parte se remitió a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que asumió la competencia y, en diciembre pasado, comenzó a recabar información sobre las 13 compañías que ahora se busca bloquear.

En el escrito dirigido al Ministerio de Igualdad, la Fiscalía destaca la necesidad de inhabilitar el acceso a estos sitios desde España para cumplir con la ley nacional de defensa de los derechos de las mujeres. En esta línea, el ministerio público recuerda que, desde 2023, la legislación considera los vientres de alquiler como una “forma grave de violencia reproductiva” e insta a adoptar medidas para su “prevención” y “persecución”.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita a la Secretaría de Estado que, “previa tramitación de las actuaciones administrativas pertinentes”, se comunique con las empresas que proporcionan servicios de acceso a internet en España (como Telefónica o Vodafone) para que estas bloqueen el acceso a las mencionadas webs, así como a cualquier subdominio que conduzca a contenido “ilícito”. Además, si el Ministerio de Igualdad considera que esta acción puede afectar a derechos de expresión e información, la Fiscalía sugiere que se solicite la “preceptiva resolución judicial” para llevarla a cabo. El Ministerio de Igualdad ha indicado que estudiará el escrito de la Fiscalía este jueves, pero reafirma que no tienen las competencias administrativas que se les reclama.