Las universidades públicas de Madrid se oponen al juicio de Ayuso: ¿Se avecina una huelga indefinida?

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso está decidido a silenciar las críticas provenientes de la comunidad universitaria. Las manifestaciones en contra del nombramiento de la presidenta autonómica como alumna ilustre y las acampadas en apoyo a Palestina no fueron bien recibidas en la Puerta del Sol, que busca silenciar la oposición mediante la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC). Esta normativa es considerada “terrible”, ya que “consolida la infrafinanciación” y, según los servicios jurídicos de las universidades públicas, podría resultar “inconstitucional”.

Las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid (Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos) están unidas en su lucha para evitar que el “empeño personal” del consejero de Educación, Emilio Viciano, se convierta en ley. Este sábado, representantes de todos los sectores de estas instituciones se reunirán en Vallecas para tomar una decisión crucial: ¿Huelga indefinida? “Se está considerando”, afirma Eva Aladro, Catedrática de la UCM e integrante de las plataformas en defensa de la educación pública, a ElPlural.com. Sin embargo, esta no es la única opción que se baraja.

“También podríamos optar por una huelga de dos o tres días”, señala, subrayando que las acciones, marchas ciudadanas y manifestaciones respaldarán cualquier decisión que surja de la asamblea. La respuesta unificada es un hecho, y la Comunidad de Madrid comienza a sentirse inquieta ante la posibilidad de que se abra otro frente en relación al evidente deterioro de los servicios públicos, siempre en beneficio del sector privado. “Tienen cierta preocupación por lo que puede suceder, no quieren provocar otro conflicto”, explica Aladro.

Las discrepancias respecto a la LESUC también han alcanzado las filas del Gobierno madrileño, donde “no todos parecen estar a favor”. Esto podría deberse a que “la ley está muy mal redactada, con grandes errores constitucionales que podrían facilitar su anulación a través de un recurso de inconstitucionalidad”, relata la catedrática a este medio, enfatizando la violación de la autonomía financiera, académica y de gestión. En esta línea, las seis universidades buscan presión, presentando hasta siete áreas en las que la normativa representa un asalto más a la cuna del conocimiento.

7 puntos en contra de la LESUC

El conjunto de plataformas en defensa de la educación pública ha presentado una serie de argumentos para justificar su oposición a la LESUC. En el ámbito de la financiación, la ley exige que las universidades se comprometan a recibir gradualmente menos recursos de la comunidad, mandato que directamente “atenta contra la suficiencia y estabilidad” que establece la legislación vigente. Además, perpetúa la infrafinanciación que arrastran desde hace años. Como si se tratara de un mercado de tiburones, la ley también establece una “financiación por objetivos” y obliga a buscar fondos a través de mecenazgo, patrocinios o crowdfunding.

Una idea económica insólita, que también excluye al personal laboral no permanente de las cuentas, generando complicaciones en los trámites administrativos. El segundo aspecto se refiere a los Consejos Sociales, órganos externos invadidos por el PP y los intereses privados y empresariales, a los que se les otorgan muchas más competencias en clara violación de la autonomía universitaria. En lo que respecta a los estudiantes, surge nuevamente la posible inconstitucionalidad, ya que se plantea un régimen sancionador con castigos excesivos y mal definidos, vulnerando principios fundamentales del ordenamiento jurídico.

El cuarto punto se relaciona con el personal, que en el caso del profesorado, ve fragmentada su carrera y, como consecuencia, su precariedad e inestabilidad se ven agravadas. “Impone salarios inestables que impulsan al pluriempleo y perpetúan la precariedad”, denunciaron las universidades públicas. Además, el personal técnico, de gestión y de administración y servicios queda sin carrera profesional y obligado a asumir más exigencias sin garantías ni reconocimiento salarial. Todo esto forma parte de una estrategia clara: “debilitar lo público y favorecer lo privado”.

Toda esta situación evidencia una estrategia intencionada: “debilitar lo público y dar impulso a lo privado”. Un claro ejemplo es que, mientras que la educación pública se ve afectada por la LESUC, la privada se beneficia al aprovechar recursos y programas educativos que son financiados por todos los contribuyentes de Madrid. Costo cero para ella; el erario cubre el gasto y se lleva el beneficio total. Además, la ley menciona la «no ideologización» de la ciencia. La Comunidad es consciente de que toda ciencia, por su naturaleza, tiene un componente ideológico, pero pretende controlarlo y determinar qué se considera “politizado” y, por lo tanto, negativo (como el cambio climático o la violencia de género).

Asimismo, como era de esperar en la Comunidad de Ayuso, la ley prioriza los proyectos que buscan rentabilidad y financiación, subordinando la investigación a intereses comerciales. Finalmente, en lo que respecta a las garantías de calidad, se cambia el nombre de la agencia por el de un franquista que justificó el golpe de Estado, Manuel García Morente, y se establece un control estricto por parte del Gobierno autonómico. Libertad política para el enriquecimiento de la privada y autoritarismo sobre las instituciones públicas, eso es la LESUC.