Expulsados de Madrid: Personas mayores de 60 en pisos compartidos dicen: “No nos fuimos, los precios de la vivienda nos echaron” | Noticias de Madrid

Rafael Valle nació en Vallecas, creció en el mismo barrio y vio crecer a sus hijos allí. Sin embargo, ahora se encuentra a 368 kilómetros de su hogar. A sus 63 años, jamás habría imaginado residir en el pueblo valenciano de Montesa, y todavía menos con compañeros de piso. La escalofriante subida de los precios de la vivienda lo ha forzado a salir de Madrid. Tras su divorcio, dejó su hogar familiar y se ha encontrado imposible encontrar uno nuevo en la capital con su pensión de 760 euros, que comenzó a recibir cuando una dolencia cervical en 2018 lo alejó de su trabajo como maquinista en las canteras: “Me enfrenté a una jungla; en 2019, por un piso ya pedían más de 1.000 euros al mes, y ahora una litera cuesta 600. Esto es un sinvivir y destruye a mucha gente”.

Enero se cerró en España con un aumento interanual del precio de los alquileres del 8,1%, según el último informe del portal inmobiliario Idealista. Madrid, con 21,1 euros por metro cuadrado, sigue siendo la provincia más cara para alquilar, seguida de Barcelona, Baleares y Guipúzcoa. La situación tampoco mejora para los compradores, ya que las viviendas más costosas están en esta autonomía, donde el precio del metro cuadrado asciende a 4.241 euros, según datos del Colegio de Registradores para 2025.

Después de la pandemia, Valle decidió intentar suerte en Cádiz, la tierra de sus padres, al encontrar un piso de renta antigua por 350 euros. Sin embargo, en 2025 el contrato finalizó y el precio aumentó casi un 80%. “Siempre ayudé a personas sin hogar y apoyé en desahucios, sin imaginar que más tarde yo sería quien se vería en la calle”, relata. Fue en ese momento cuando conoció el programa Hogares Compartidos, un proyecto en la Comunidad Valenciana que permite a las personas mayores de 60 años vivir juntas en la misma casa por un precio que no supera el 35% de sus ingresos, y en ningún caso puede exceder los 345 euros.

“Contamos con 62 usuarios y 16 viviendas, casi todas de propietarios comprometidos con la causa que las alquilan a un precio razonable”, explica Andrea Miquel, trabajadora social de esta iniciativa. Se valoran tres requisitos: edad, situación económica y autonomía personal. Son hogares supervisados, pero no tutelados, y el tiempo de estancia es indefinido. En 2025, 600 personas acudieron al programa en busca de ayuda. “No podemos ayudar a todas, la administración debe ofrecer una solución”, sostiene Miquel.

Uno de los beneficiarios es Valle. “Desde el 1 de diciembre estoy en Montesa, en un piso de cuatro habitaciones reformado. Soy el más joven de la casa”, dice. Aprecia la buena convivencia. “Con una compañera de piso voy a hacer la compra, compartimos la despensa, comemos y cenamos juntos. Su cocido es espectacular”, comenta. Sin embargo, espera que esta etapa sea solo transitoria. “Mis hijos están en Madrid y me gustaría estar más cerca de ellos. Es necesario poner fin a la especulación; tener un techo es un derecho que está en la Constitución”, resalta.

Nieves Cortés, de 62 años, comprende esta situación a la perfección. Ella también dejó su hogar en Móstoles (Madrid) tras divorciarse en 2008. Compró otro por 65.000 euros en San Martín de Valdeiglesias: “Era lo que podía permitirme; cuando nacieron mis hijos, dejé de trabajar para cuidarlos”. Años después, estuvo tres meses hospitalizada por una depresión. Al recibir el alta, tuvo que vender su casa rápidamente: “No podía estar sola, regresé a vivir con mis padres y la malvendí por la mitad de su valor”.

Después de recuperarse, en 2020, decidió mudarse con una familia. Le alquilaron una habitación en Móstoles por 250 euros. Pero a finales del año pasado, tuvo que dejar su habitación. “El hijo de la familia, que dormía con sus padres, pedía su independencia y necesitaban el espacio que ocupaba”, aclara. Volvió a buscar piso y se encontró con un panorama desolador: “No solo los precios eran excesivos, sino que sentí que había una gran discriminación hacia las personas mayores. Solo aceptaban estudiantes o jóvenes que pasaran mucho tiempo fuera de casa”.

La Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos, realizada por el Ayuntamiento de Madrid, revela en 2026 que la vivienda es una de las principales preocupaciones. El 57,6% de los ciudadanos la señalan como uno de los tres problemas más importantes, un incremento significativo respecto al 37,5% del año anterior. A continuación, se encuentran la sanidad y el aumento de precios.

Cortés recibe el subsidio para mayores de 52 años de 480 euros porque no ha encontrado trabajo tras haber sido auxiliar de farmacia y limpiadora. En su búsqueda de vivienda, conoció Hogares Compartidos y se trasladó a un piso en Valencia: “Somos cuatro, cada uno con sus rutinas y baldas en la nevera, como en un piso de estudiantes, aunque con una compañera salgo a caminar y con otra veo Pasapalabra”.

En Madrid había un programa similar, el Hogar y Café de la Fundación Pilares, que fue suspendido en 2022 por falta de fondos. Ella extraña mucho a su familia, sobre todo a sus padres, que son muy mayores, y a su nieta. Aunque confiesa que se siente bien, enfatiza que no se debe idealizar esta situación: “No nos fuimos, nos echaron los precios de la vivienda. Esto es terrible y vergonzoso. Siento que estoy fuera de lugar, de mi tierra, de mi gente”.

Compartir casa con 12 personas

Begoña Revuelta, de 63 años, no se marcha de Madrid. Desde hace una década sufre de cáncer de mama metastásico y debe permanecer cerca de su hospital, donde acude cada seis semanas para recibir quimioterapia oral y hacerse análisis. Vive en una casa de 11 habitaciones con 12 personas. “Al hospital Ramón y Cajal llegan cuatro autobuses y debo moverme en ese radio, los pacientes oncológicos no pueden conducir”, explica. Tras separarse en 2018, convivió con una compañera de trabajo hasta que el propietario necesitó la vivienda.

En 2020 buscó otra habitación, empezando con un alquiler de 370 euros que luego ascendió a 500. “Un día los propietarios decidieron mudarse, comenzaron reformas y tuve que irme a otro cuarto en marzo del año pasado, aunque ahora ya me han subido a 600”, se queja. Cobra una pensión por incapacidad permanente absoluta de 860 euros. Antes de enfermar, trabajaba como dependienta.

En su casa no hay salón, solo baños y una cocina. El resto son habitaciones. Se siente como si viviera en un hotel, donde le renuevan el contrato cada seis meses. Si quiere invitar a alguien a dormir, debe pagar 40 euros por noche; de lo contrario, la inmobiliaria la multa. La nevera, el microondas y la cafetera están en su habitación. No quiere dejar Madrid. “¿Por qué debería empezar de nuevo en otra ciudad? Mi vida está aquí. Tendrán que cambiar las cosas grandes, no yo”, reprocha.

Solicita una regulación firme del alquiler de habitaciones, una tendencia creciente que carece de normativa específica a nivel estatal. A diferencia de la vivienda habitual, que está regulada por la Ley de Arrendamientos Urbanos, muchas veces estas habitaciones no se abordan y se rigen por el Código Civil, lo que deja un gran margen para las negociaciones entre las partes, fomentando la inseguridad jurídica y prácticas abusivas.

La propuesta de ley para regular los contratos de alquiler temporales y de habitaciones está en proceso de tramitación parlamentaria desde 2025. “Estoy inquieta por la incertidumbre de no saber cuándo me volverán a subir el precio. Esta tensión no es buena para mi enfermedad”, expresa Revuelta, reconociendo que nunca imaginó estar en esta situación.

“Pensaba que tendría una casa a la que mis nietos vendrían los domingos, pero muchas veces termino el mes comiendo gracias a que mi hijo pequeño me ayuda económicamente. Sin embargo, nadie tiene la vida que planifica”, dice resignada. Cuando le diagnosticaron la enfermedad, estimaron su esperanza de vida entre tres y cinco años, y ya han pasado 10 desde entonces. “He aprendido a valorar lo que es realmente importante”, comenta mientras acaricia la maqueta de la casa de sus sueños, que hizo a mano.

Dispone de un rincón de lectura, un dormitorio con terraza en la planta alta y una cocina abierta al salón. “Ojalá algún día tenerla, aunque lo veo complicado”, reconoce. Madrid ya no se asemeja en nada a la ciudad que conoció hace 30 años: “Ahora es una ciudad para turistas y yo vivo como en un Airbnb. Quieren que me vaya, pero por el momento, resisto”.