Más de 130,000 ciudadanos han solicitado la devolución de la tasa de residuos del Ayuntamiento de Madrid | Noticias de Madrid

Hace solo seis meses, los residentes de Madrid comenzaron a abonar un nuevo tributo: la tasa de basuras, cuyo monto varía dependiendo del municipio. En la capital, el gobierno de José Luis Martínez-Almeida (PP) tuvo que rectificar la ordenanza un mes y medio después de su implementación debido a las quejas de los ciudadanos y las críticas de la oposición, considerando el número de empadronados por vivienda. Como resultado, los ciudadanos de la ciudad pagaron en promedio unos 142,6 euros anuales por hogar para financiar el servicio de recogida y tratamiento de residuos, según el cálculo del Gobierno local. El descontento vecinal por la variación de tarifas entre barrios —desde 60 euros en algunos hasta más de 200 en otros— se ha traducido en 130.187 reclamaciones presentadas ante el Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid (TEAMM) o a la Agencia Tributaria hasta el 9 de febrero de 2026, según ha informado a EL PAÍS un portavoz del área de Hacienda, que también mencionó a la delegada, Engracia Hidalgo, este lunes. La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) y Más Madrid han impugnado la ordenanza ante el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad, que aún debe emitir su veredicto sobre el tributo.

“La gran mayoría de los recursos y reclamaciones interpuestas se fundamentan en modelos difundidos por grupos políticos que cuestionan la validez de la Ordenanza”, explica el portavoz. Hace referencia a las campañas que Más Madrid y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm) llevaron a cabo para motivar a los ciudadanos a recurrir de forma masiva el pago del “basurazo”, argumentando que es “injusto, desproporcionado y poco transparente”. Desde el área de Hacienda aclaran que “ni la Agencia Tributaria de Madrid ni el TEAMM tienen competencia para pronunciarse sobre la validez de la ordenanza, una potestad que corresponde únicamente a los tribunales”.

La Aedaf denunció a finales de enero que el TEAMM estaba “desechando las reclamaciones presentadas por los contribuyentes de manera acelerada, sin esperar el dictamen de los tribunales de justicia sobre la legalidad de la Ordenanza Municipal”, como afirmaron en una nota de prensa, donde también acusaron al órgano económico de resolver las reclamaciones en plazos “excepcionalmente breves —dos meses, frente al plazo medio de dos años observado en sus memorias— y de priorizarlas sobre miles de procedimientos pendientes». En el área de Hacienda del Ayuntamiento indican que actualmente no disponen de datos sobre cuántas reclamaciones han sido desestimadas o aceptadas a trámite por el TEAMM.

El Consistorio estima que la recaudación de la polémica tasa de basuras representa unos 300 millones de euros anuales para las arcas públicas. Si el TSJM anula la ordenanza, la tasa ya no se podrá cobrar bajo los parámetros actuales y el Ayuntamiento deberá modificarla o crear una nueva. Una vez anulada, el Consistorio no podrá emitir nuevos recibos y solo aquellos que hayan pagado y recurrido el cobro a la Agencia Tributaria de Madrid o al TEAMM tienen derecho a recuperar lo abonado, a menos que la sentencia ordene una devolución general.

Almeida expresó el pasado jueves que “de la sentencia sobre la tasa de basuras espera seguridad jurídica”. Para el alcalde, el fallo servirá para guiar y establecer “los parámetros de la tasa de basuras y los elementos que determinen su cuantía”. “Confiamos en que la sentencia sea favorable. Y, si no lo fuera, al menos permitirá que el TSJM marque los criterios que deben aplicarse. No solo para el Ayuntamiento de Madrid, sino para todos, porque la realidad es que cada uno ha adoptado un modelo distinto, y eso demuestra que el Gobierno de España no ha regulado adecuadamente esta cuestión”, añadió en la rueda de prensa semanal posterior al consejo de gobierno.

Desde la entrada en vigor de la ordenanza, el Ayuntamiento ha sostenido que la culpa recae en el Gobierno de Sánchez por aprobar la Ley 7/2022, que obliga a los municipios con más de 5.000 habitantes a cobrar un tributo que refleje “el coste real” de la gestión de residuos. Esta norma es una transposición de una directiva europea aprobada en 2018 que busca alcanzar los objetivos de gestión de residuos urbanos: la UE exige alcanzar el 55% de reutilización y reciclaje de residuos antes de 2025. Los grupos políticos de la oposición argumentan ante la afirmación del Consistorio que el Ejecutivo municipal tiene autonomía para diseñar su sistema de recaudación y que el aplicado por el PP es injusto porque no toma en cuenta la renta de los ciudadanos, si reciclan o no, o la presión de los pisos turísticos en los barrios del centro.

La tasa aprobada por Almeida varía para cada propietario según el valor catastral de su vivienda y dos indicadores: el volumen de basura producida en el barrio y una medida de la “calidad de separación” en el reciclaje, es decir, si los residuos se separan adecuadamente. También se considera el número de personas empadronadas en la vivienda, un cambio introducido tras las quejas de los vecinos y la oposición. Aquellos que residan en un lugar diferente al del padrón podrán notificarlo para que se les aplique la tarifa correspondiente según su barrio.

La líder de Más Madrid en la capital, Rita Maestre, califica la tasa de basuras del Gobierno de Almeida como “una chapuza administrativa y legal” porque “no tiene en cuenta el fomento de la separación y reciclaje de residuos” y “se aleja del espíritu de quien contamina paga”. Agrega: “En algunos barrios con saturación turística son los vecinos quienes terminan abarcando el costo adicional de residuos generados por el turismo, mientras que, por otro lado, se niega a implementar una tasa turística”. Maestre menciona al municipio de Rivas como “un ejemplo” en la gestión de residuos, donde los vecinos llevan décadas pagando el tributo de unos 55 euros al año, un tercio del promedio en la capital. “Anticipamos que tal como se planteaba, era injusto y podría generar un problema. Esperemos a ver qué dice la justicia”, concluye la concejala.