Los ejecutivos de la empresa dueña de Tribulete 7 desmienten cualquier acusación de acoso y afirman que las obras no tienen como objetivo perjudicar a los vecinos.

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) –

Directivos y trabajadores del fondo de inversión ELIX, que posee el edificio en la calle Tribulete número 7 del barrio de Lavapiés, han negado durante su declaración en el juzgado que estén llevando a cabo un acoso inmobiliario hacia los residentes, así como que las obras iniciadas en noviembre de 2024 tengan el objetivo de causar daños a los vecinos para forzarlos a abandonar sus hogares.

La magistrada encargada del caso ha interrogado este jueves a varios directivos y empleados, incluyendo al socio fundador de la empresa, al director de Expansión y al arquitecto encargado de las obras, por un supuesto delito de acoso inmobiliario.

Los vecinos de Tribulete han estado resistiendo durante más de dos años en sus viviendas y desarrollando la estrategia #NosQuedamos junto con el Sindicato de Inquilinas, lo que les ha permitido permanecer en sus hogares a pesar de la finalización de sus contratos de alquiler.

La abogada Alejandra Jacinto, que actúa en representación del sindicato, ha señalado que la parte propietaria ha desviado la atención durante la comparecencia, afirmando que «las obras no están dirigidas a causar molestias a los vecinos o inquilinos», aunque ha reconocido que sí pueden generar incomodidades sin que se considere un caso de acoso inmobiliario.

Para la abogada, no es claro por qué la propietaria del inmueble no ha iniciado los procedimientos de desahucio adecuados, actuando «fuera de la ley y llevando a cabo una vía de hecho que implica realizar obras y hacer la vida insostenible a los inquilinos».

«Una muestra de la efectividad de estos métodos es que, en la actualidad, solo quedan 15 de las 52 viviendas ocupadas que existían antes del inicio de las obras», ha señalado.

Las declaraciones continuarán el próximo 3 de marzo, cuando declare el portero del edificio, el arquitecto de los vecinos y el jefe de obra.

El sindicato solicitará más diligencias, como requerir a la Policía Municipal los informes que se hayan generado a raíz de las llamadas de muchos vecinos, quienes han alertado sobre los daños que las obras están causando en sus vidas y su cotidianidad.

La abogada recuerda que «este tipo delictivo, el acoso inmobiliario, tiene como objetivo impedir el uso legítimo de la vivienda». «Y eso es exactamente lo que consideramos demostrado con las declaraciones», ha enfatizado.

«Celebramos que, al menos por el momento, la querella haya servido para que se detenga la tortura que están sufriendo los vecinos y que cesen las obras de esa manera, y aunque sigan realizándose trabajos, se realicen de manera mucho más respetuosa», ha añadido.