Lawfare: Todos sucumbieron por la misma razón

Surge un nuevo capítulo en el caso residencias de la Comunidad de Madrid, que hace seis años dejó uno de los episodios más oscuros de la administración de Isabel Díaz Ayuso en la región.

Junto a su nombre se incluyen el ex consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y los responsables de los denominados protocolos de la vergüenza –Francisco Javier Martínez Peromingo y Carlos Mur-, quienes impidieron la atención sanitaria de los internos en los momentos más críticos de la pandemia. Estos últimos han declarado recientemente en los tribunales apuntándose mutuamente.

El jueves pasado, El País informó que la Audiencia Provincial de Madrid había rechazado la solicitud de los familiares de las víctimas para agrupar todos los casos en un solo procedimiento. Esta decisión de la sección número 16 del organismo judicial llega antes del auto de la sección 1, en la que las familias ahora depositan sus expectativas para cambiar la situación.

No es la primera vez que los afectados reciben un golpe en el entorno de quienes fallecieron sin atención en marzo de 2020 en este contexto. En septiembre del año pasado, el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital emitía un fallo similar al de ahora la número 16 de la Audiencia Provincial.

Los afectados interpusieron un recurso en aquel entonces, que aún está en espera de resolución por la sección primera, por lo que la situación actual no es definitiva. Esta área comenzó recientemente los trámites para revisar el recurso y todavía no hay una fecha para deliberar ni un fallo.

Es posible que otros jueces de la Audiencia Nacional consideren conveniente la apertura de una macrocausa; lo que implicaría dos resoluciones contradictorias del mismo organismo. Así, el caso podría elevarse al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Descontento de los familiares: «Lo mismo de siempre»

ElPlural.com ha podido conversar con una de las víctimas para recoger su sensación ante esta noticia, tras más de cinco años buscando justicia y reparación. Lo primero que dejan claro es que continuarán insistiendo, aunque no ocultan su desánimo. “Es lawfare, una vergüenza”, expresan. “Lo mismo de siempre”, resumen.

En esta línea se pronuncia Concha Quirós, quien presentó una querella que llevó a altos funcionarios del Ejecutivo de Ayuso al banquillo en el contexto del quinto procedimiento judicial sobre los mencionados protocolos. Coincidiendo con lo que opinan sus compañeros al justificar la solicitud de unificación de todos los casos, señala que la alternativa “no solo alargaría los procesos”, sino que ignora algo que consideran evidente: “todos murieron igual y por lo mismo”.

Durante la misma conversación, describe a la presidenta madrileña como una “persona indigna” que “manipula a su antojo a las víctimas y a quien sea para salir airosa de cualquier situación”. “Tanto que habla de España, las personas a las que dejaron morir asfixiadas levantaron un país tras una guerra… Esto solo hace que revivamos todo el sufrimiento que ya hemos experimentado”, añade.

Desde la plataforma Marea de Residencias, esperan «con impaciencia y esperanza la resolución número 1 de la Audiencia Provincial». «De cualquier manera, aunque lamentaríamos profundamente que finalmente no exista una macrocausa por un presunto delito de clara discriminación que tuvo lugar, independientemente del resultado, desde el momento en que se ordenaron exclusiones sanitarias a un grupo vulnerable de la población, las familias agrupadas en Marea de Residencias estamos firmemente decididas a perseverar en la búsqueda de justicia, sin importar las dificultades que enfrentemos en el camino», insisten.

El firmante de los protocolos miró hacia arriba

La última declaración de quienes se encuentran en el centro de la polémica por el trato recibido por los mayores en los centros de la tercera edad durante la pandemia de Covid data del 10 de febrero, en un procedimiento impulsado, precisamente, por la querella de Quirós.

Mur defendió ante la jueza sobre sus conocimientos, lo que ignoraba y lo que ordenó Escudero. Específicamente, señaló que el consejero era consciente de que la medicalización en residencias no funcionaba y de que los protocolos, creados por él mismo, eran en última instancia el desarrollo de esa idea de medicalizar esos espacios.

Quien firmó esos documentos aseguró haber enviado un mensaje al propio Escudero y a otros funcionarios madrileños que estaban en copia, advirtiendo que el plan de atender a los enfermos en esos lugares no era viable. Envió un correo en el que alertó de que no quería que ninguna autoridad cargara en su conciencia con “muertes evitables”.

Ese correo fue dirigido a un alto cargo de la Consejería de Políticas Sociales y también estaban en copia el entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero -quien dimitió denunciando esta forma de actuar-, así como la viceconsejera de Sanidad, Ana Dávila.

La declaración de Mur representa el señalamiento más claro hasta ahora de una posible responsabilidad del antiguo consejero de Sanidad, quien no está imputado y dejó su cargo en junio de 2023. Actualmente, es senador, por lo que tiene fuero.