Emilio Viciana, el asesor destituido que reveló en 2024 un escándalo de corrupción que involucra a los principales colaboradores de Ayuso.

La destitución de Emilio Viciana, quien hasta el lunes ocupaba el cargo de consejero de Educación en la Comunidad de Madrid, ha originado una crisis política dentro del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Viciana, que solo ha hecho declaraciones en redes sociales, afirmó en X que su salida se produjo “a petición propia”. La incógnita ahora es: ¿por qué?

Su salida ha motivado la renuncia de varios diputados y altos funcionarios, incluido Antonio Castillo Algarra, su mentor y ex gurú educativo de Ayuso. Este evento ha producido una dimisión colectiva en señal de protesta, algo poco común en el ámbito político. Algarra ha señalado públicamente al jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, tras la salida de este grupo, conocido en el PP de Madrid como “los pocholos”. Ahora, el ala más conservadora y tradicional del PP de Madrid ha tomado el control.

La Comunidad no ha proporcionado una justificación clara sobre los motivos de la destitución, aunque algunas fuentes sugieren que la pérdida de confianza de Ayuso se debió a la falta de progreso en la nueva ley universitaria, que Ayuso prometió modificar tras la salida de Viciana. Además, el historial de Viciana incluye otro posible detonante que la Comunidad no ha abordado: un caso de presunta corrupción revelado en 2024 por él mismo.

Todo comenzó a finales de 2023, cuando un empresario envió un burofax a la Consejería. Este empresario afirmaba que le debían 1,6 millones de euros por la construcción de un centro sanitario de prácticas de FP en el macrocomplejo educativo Ciudad Escolar en 2021 y que nunca había recibido el pago. La insistencia del empresario llevó a que se revisara el expediente. Según lo declarado por la Consejería, la sorpresa fue que dicho expediente no existía. Esto se debía a que la obra se había realizado fuera del marco legal, sin ningún tipo de supervisión: “Se solicitó un informe de auditoría a la Intervención General y se abrió una investigación interna para aclarar las razones de esta reclamación económica”, explicaba en 2024 la consejería de Viciana.

El consejero ordenó una investigación que reveló graves irregularidades: la construcción del edificio fue adjudicada sin licitación, a pesar de haber costado 2,5 millones. Para poder realizar los pagos sin levantar sospechas, estos fueron fragmentados, tratándolos como trabajos independientes en lugar de un único proyecto, cuyo coste elevado requeriría un concurso público.

El 13 de marzo de 2024, la Consejería envió a la Fiscalía un informe sobre los hechos descubiertos, alertando de posibles ilegalidades y abriendo así la puerta a un caso judicial que podía afectar al PP. En esencia, se trataba de una denuncia de un consejero de Ayuso sobre actuaciones que sucedieron bajo la vigilancia de personas de confianza de la presidenta.

Además, Viciana decidió seguir adelante y reportó un segundo caso al ministerio fiscal (revelado por elDiario.es), relacionado con la Escuela de Arte de Alcalá, construido de la misma manera ilegal. Viciana también ordenó auditorías en otros centros para evaluar la magnitud del escándalo, donde elDiario.es reveló al menos otros nueve casos de centros educativos construidos ilegalmente.

Ossorio y Albert, en la diana

Todos estos movimientos llamaron la atención en el círculo más cercano al Gobierno de Ayuso. Llevar el caso a la Fiscalía ponía en una situación delicada a dos figuras clave del entorno de la presidenta. Por un lado, a Enrique Ossorio, quien era consejero de Educación en el período del escándalo. Ayuso posteriormente lo nombró vicepresidente del gobierno madrileño y es actualmente el presidente de la Asamblea de la Comunidad, siendo una de sus máximas confianzas.

Al actuar de esta manera, Viciana también comprometió a Rocío Albert, actual consejera de Economía y Hacienda y, durante los hechos (entre 2021 y 2023), viceconsejera de Educación y mano derecha de Ossorio. Albert era quien verdaderamente gestionaba la Consejería de Educación, según informantes del entorno. Hoy en día, es otro de los pilares fundamentales de Ayuso, encargado de su política fiscal de bajos impuestos.

Después de varios meses de investigación, la Fiscalía encontró “notorias y evidentes” omisiones en el proceso legal, indagó en más centros, y concentró la investigación en figuras superiores a los directores de instituto, trasladando toda la investigación al juzgado 39 de Madrid, luego de que Podemos presentara una denuncia, lo que obligó a la Fiscalía a inhibirse en favor de esta. La jueza asignada, quien aceptó la denuncia en octubre de 2024, ha solicitado una extensión para investigar, ha convocado a los directores de siete institutos adicionales y ha citado a declarar como investigado a un alto cargo de Ayuso de ese período.

La evidencia de que el caso judicial avanza y que la jueza está centrando su atención en altas esferas de la Consejería de Educación ha acentuado un descontento en el núcleo duro de Ayuso, que se inició hace casi dos años al recibir la noticia de que uno de los suyos había denunciado una prevaricación del anterior gobierno bajo su mando.

Lo cierto es que la gestión de Viciana respecto al escándalo de FP –hacer públicas las irregularidades y llevarlas a la justicia– se opone a los principios comunicativos que sostienen Ayuso y Rodríguez cuando un asunto afecta al gobierno: negarlo, desviar el foco o atacar a los denunciantes. Esta es la estrategia usada en el caso de las residencias donde murieron mayores sin atención sanitaria (describió a los familiares como “plataforma de frustrados”), el caso de fraude fiscal de su pareja (argumentó que Hacienda le debía dinero) o, más recientemente, el presunto abuso sexual y laboral de una concejala de Móstoles, que la presidenta calificó como un caso fabricado en contra del PP.

En contraste, Emilio Viciana optó por remitir el caso de presunta prevaricación a la justicia, aunque en ese momento limitó la responsabilidad a un subdirector de FP y varios directores de FP, quienes fueron objeto de expedientes. Actualmente, tanto la Fiscalía como el juzgado de instrucción han identificado indicios que seguirán investigando y que podrían terminar impactando a funcionarios de la anterior Consejería de Educación, que él heredó en 2023, lo que podría influir políticamente en la presidenta, quien nunca ha mencionado el escándalo públicamente, aunque la Comunidad de Madrid se ha constituido como perjudicada en la investigación.

El portavoz del Gobierno de Madrid ha declinado profundizar en los motivos del cese o en evaluar las dimisiones en bloque. ElDiario.es se ha puesto en contacto con Emilio Viciana, quien ha preferido no realizar declaraciones. Algarra y los diputados que dimitieron también han sido contactados sin obtener respuesta.

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