Los juicios venideros que definirán la agenda política: el ‘clan Pujol’, el fiscal general y el cierre definitivo del caso ‘Gürtel’.

El nuevo año judicial que comienza este viernes se caracterizará por el esperado juicio a Jordi Pujol, quien fue president de la Generalitat de Catalunya entre 1980 y 2003, y a sus siete hijos, acusados de haber acumulado un gran patrimonio evadiendo a Hacienda. La Audiencia Nacional ha fijado el inicio de la vista oral para el próximo 10 de noviembre, donde también se juzgarán a otras 16 personas, señaladas por pertenencia a una organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, delitos fiscales y falsificación de documentos.

El juicio se desarrollará 11 años después de que Jordi Pujol, fundador de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), se viera obligado a confesar en un comunicado la existencia de una fortuna oculta en Andorra, intentando justificarla por una herencia de su padre. La Fiscalía considera que en realidad dicha fortuna proviene de años de cobros ilegales de comisiones, subrayando particularmente el papel de su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, para quien se solicitan 29 años de prisión. En el caso del exdirigente nacionalista de 95 años, la Fiscalía pide nueve años de prisión.

Además del juicio del ‘clan Pujol’, este año judicial culminará con otra de las principales causas de corrupción, la macrocausa Gürtel, con una última vista oral programada también para noviembre, relacionada con la trama de manipulación de contratos liderada por Francisco Correa, que benefició al PP. En este juicio se enfrentarán 25 acusados, incluyendo a Correa y otros líderes del caso, a nuevas penas por la creación de una estructura empresarial que facilitaba la evasión fiscal.

En mayo de 2026 se llevará a cabo otro juicio de gran importancia, especialmente para el PP, que ya fue condenado como participe a título lucrativo en el caso Gürtel. Este será el juicio por el caso Kitchen, relacionado con el espionaje ilegal ordenado desde el Ministerio del Interior en 2013, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, hacia el extesorero del PP Luis Bárcenas, con el fin de impedir que salieran a la luz evidencias de la caja b del partido.

En el banquillo se sentarán el exministro del Interior de ese gobierno del PP, Jorge Fernández Díaz; el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino, entre otros agentes. Aunque el PP no está imputado, una condena para el que fuera titular de Interior en el Ejecutivo de Rajoy podría representar una mancha difícil de borrar para el partido de Feijóo.

Un juicio para la historia

Otro juicio que será recordado en la historia es el que podría llevarse a cabo contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado. Aún requiere de un trámite por parte del magistrado instructor, Ángel Hurtado, pero su insistencia en buscar juicio para el jefe de la Fiscalía pese a la falta de indicios del delito de revelación de secretos por la filtración de un correo electrónico donde el novio de Ayuso se confesaba autor de dos delitos fiscales, sugiere que pronto se emitirá el auto que convoque a juicio oral al fiscal general, al que las acusaciones demandan hasta seis años de prisión. Fuentes legales indican que el juicio podría programarse para finales de este año o principios de 2026.

La corrupción regresa con fuerza a la esfera política y a los tribunales, en algunos casos a través de nuevas e incluso sorprendentes investigaciones, y en otros como el final de sumarios ya investigados. Así, este otoño se reanudará el juicio por una de las nueve piezas separadas de la macrocausa Púnica, aquella red de corrupción que afectó, especialmente, a la Comunidad de Madrid y al PP madrileño por la adjudicación irregular de servicios públicos, en un operativo supuestamente orquestado por el entonces secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados.

En septiembre se reanudará el juicio por la pieza Cofely, sobre los contratos públicos, entre 2012 y 2014, a la empresa energética Cofely otorgados por los ayuntamientos madrileños de Moraleja de Enmedio y Torrejón de Velasco, ambos bajo la gobernanza del PP.

Investigaciones contra el entorno de Sánchez

Las instrucciones judiciales que han dominado los últimos meses siguen este septiembre, añadiendo folios a algunos sumarios polémicos, como el que conduce el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La investigación se centra en presuntos delitos de corrupción en negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación en su rol como directora de un máster en la Universidad Complutense.

El círculo cercano a Pedro Sánchez enfrenta múltiples frentes, curiosamente con asociaciones de la ultraderecha que actúan como acusaciones particulares. Este es el caso del hermano del presidente del Gobierno, denunciado inicialmente por Manos Limpias, un pseudo-sindicato ultraderechista. David Sánchez está a la espera de un recurso contra la decisión de una jueza de Badajoz que lo envió al banquillo por la plaza que obtuvo en la diputación pacense al frente de la Escuela de Música.

Ahora, los casos judiciales que podrían involucrar al PSOE se amplían con la apertura de investigaciones en un juzgado de Madrid por tráfico de influencias y cohecho contra Leire Díez, la exmilitante socialista que ofreció favores a la Fiscalía a un investigado del sector de los hidrocarburos a cambio de información comprometedora sobre un jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Desde la derecha, el movimiento de Díez fue interpretado como un intento del PSOE por contrarrestar las investigaciones judiciales relacionadas con el entorno de Pedro Sánchez.

Además, se ha conocido recientemente que la Fiscalía de la Audiencia Nacional va a investigar el contenido del pendrive que Díez entregó al PSOE antes del verano, bajo la justificación de que se trataba de material para un libro sobre el mercado de los hidrocarburos. Los socialistas han remitido el pendrive a la Fiscalía General del Estado, defendiendo al mismo tiempo que no tienen relación alguna con las actividades de Leire Díez.

Caso Koldo-Ábalos-Cerdán

La causa conocida como el caso Koldo, que se investiga tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo —en este último caso, debido a la presunta implicación de un aforado, el exministro socialista José Luis Ábalos, actual diputado del Grupo Mixto—, ha escalado hasta llegar al PSOE, resultando en el encarcelamiento preventivo del que fuera hasta hace poco su secretario de Organización, Santos Cerdán.

La UCO investiga el patrimonio de Cerdán y de Ábalos en busca del destino del dinero proveniente de las comisiones ilegales que supuestamente obtuvieron mediante el amaño de contratos públicos. Se esperan nuevos informes de la UCO este septiembre que podrían fortalecer las evidencias sobre la trama de adjudicaciones públicas supuestamente orquestadas desde el Ministerio de Transportes, con Ábalos como ministro y Koldo García como asesor ministerial.

El novio de Ayuso, al banquillo

Una causa con conexiones políticas que avanza de manera significativa es la que involucra al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Una jueza de Madrid ha propuesto que sea juzgado por dos delitos fiscales, por evadir 350.000 euros al fisco, y otro delito de falsificación de facturas. González Amador también está siendo investigado por el uso de una sociedad pantalla asociada a Quirón Prevención, una de las compañías más beneficiadas por el Gobierno de Ayuso.

El novio de Ayuso está siendo investigado en una pieza separada por presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal por la dudosa compra de una empresa a la esposa de Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, que podría ser en realidad el pago de una comisión encubierta por facilitarle el negocio de la compra-venta de material sanitario durante la pandemia.

Corrupción del pasado

El denominado caso Montoro ha surgido en los últimos meses como un torbellino para el PP, que había basado su estrategia política contra el Gobierno en el caso Koldo. El Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona investiga si el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y algunos de sus colaboradores promovieron reformas legislativas para favorecer a ciertas empresas a cambio de comisiones al bufete Equipo Económico, que él fundó en 2008 y ha sido controlado por personas de su confianza desde entonces. Montoro y otras 27 personas están siendo investigados por presuntos delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.