Más Madrid pide una prórroga de seis meses para indagar sobre la supuesta corrupción de Ana Millán, conocida como la ‘Cerdán de Ayuso’.

Más Madrid solicita formalmente una nueva prórroga para la investigación sobre Ana Millán, número tres de Isabel Díaz Ayuso, según ha podido confirmar ElPlural.com. La formación de Manuela Bergerot ha presentado un escrito que este periódico ha podido obtener, dirigido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Navalcarnero.

Si se concede, esta prórroga resultaría en una extensión del caso, justo cuando la actual está a punto de finalizar. De hecho, la proximidad de esa conclusión -el próximo 25 de septiembre– y el hecho de que “hay razones que justifican ampliar el plazo” han motivado al partido progresista a realizar esta solicitud.

Más Madrid sostiene que aún quedan pendientes varias diligencias, que incluyen las declaraciones testificales de Laura Vallejo Saz -ex concejala de Educación- y Juan Pedro Santos Ceballos -pareja de Millán-, así como las diligencias derivadas del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, otras que han sido denegadas y algunas adicionales que provengan de las anteriores por su conexión funcional.

En este contexto, el documento menciona una solicitud de diligencias de investigación presentada por una representación procesal del PSOE fechada el 29 de julio de este año, la cual fue solicitada meses antes. Aún no se ha decidido sobre su admisión y práctica.

Con esto, el principal partido de la oposición en Madrid subraya que “no se puede considerar que se haya cumplido la finalidad de la instrucción”. “(…) Por lo tanto, entendiendo que hay razones que justifican ampliar el plazo de la prórroga, solicitamos su extensión por un nuevo plazo de 6 meses”.

La jueza ya prorrogó la investigación contra Millán, quien actualmente es vicepresidenta de la Cámara madrileña. El auto, al cual este medio también tuvo acceso, establece un precedente para la solicitud actual, dado que el inicio de esta nueva prórroga, en caso de ser aprobada, coincidiría con el término de la anterior.

Corrupción y viviendas de lujo

Ana Millán se convirtió en objeto de controversia durante el verano por supuestamente haber inflado su currículum al postularse como candidata a la alcaldía de Arroyomolinos. Esta polémica se presentó paralelamente a las noticias sobre falsificaciones de currículums, siendo el caso más notorio el de Noelia Núñez, exdiputada que tuvo que dimitir debido a la avalancha de información divulgada por este periódico.

No obstante, el tema más comprometedor para Millán no es su curriculum, ya que la persona de máxima confianza de Ayuso se encuentra imputada desde 2022 por cuatro posibles delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude de administración.

Específicamente, la sospecha de fraude se centra en hasta siete contratos públicos que fueron adjudicados entre 2006 y 2011, cuando Millán dirigía la Consejería de Juventud de Arroyomolinos. El otro protagonista de este escenario es el empresario Francisco Roselló, propietario de Nerveland, empresa que generó ingresos de más de 660.000 euros y que contribuyó al pago de la hipoteca y la comunidad de Millán.

En el juzgado de Navalcarnero

La causa sigue en los juzgados de la localidad al sur de Madrid, después de que en diciembre del año anterior, el Tribunal Superior de Justicia de la capital (TSJM) considerara “inconclusa” la instrucción y devolviera la investigación a dicho municipio.

La autoridad competente confirmó la necesidad de más tiempo para realizar una investigación adecuada dada la complejidad del asunto. En su momento, determinó que “en el presente caso concurren razones que justifican ampliar el plazo de instrucción a seis meses, dado el resultado de la investigación hasta ahora realizada, la vista de lo solicitado por el Ministerio Fiscal, así como la resolución pendiente del recurso interpuesto por este ante el Auto de fecha 13 de junio de 2024, sin que se haya aceptado la inhibición acordada a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ante la probable necesidad de practicar nuevas diligencias, tanto de cargo como de descargo (…)”.

“Es razonable suponer que esas diligencias no puedan llevarse a cabo en el plazo ordinario de un año, por lo que es necesario ampliar el plazo de instrucción”, concluyeron. Mientras tanto, en mayo Millán cambió de abogado y dos meses después recurrió el sobreseimiento de la causa, argumentando que no había indicios de delito y acusando de un linchamiento casi personal; mismo argumento que utiliza Ayuso para justificar la protección que le brinda desde que se desató la polémica.