¿Quién se atrevería a rechazar algo así?

El Consejo de Ministros aprobó este martes el Anteproyecto de Ley de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera. Esta norma es significativa, pues permitirá al Estado asumir más de 83.000 millones de euros de deuda autonómica, lo que aliviará la carga financiera de todas las comunidades; sin embargo, representa un costo que deberán asumir a favor de sus socios independentistas.

En Castilla y León, la condonación asciende a 3.643 millones de euros, lo que implica una reducción del 26% respecto a la deuda acumulada a finales de 2023.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, calificó la medida como “inédita” y “excepcional”, recordando que es una respuesta al sobreendeudamiento que sufrieron las autonomías durante la crisis financiera, cuando el Gobierno central no proporcionó recursos suficientes y las obligó a endeudarse.

La norma, según el Gobierno, “establece un reparto de la condonación basado en criterios objetivos y en función de la población ajustada de cada comunidad”.

La ministra se esforzó en desmentir supuestos bulos sobre agravios comparativos relacionados con esta medida, particularmente aquel que indica que se está favoreciendo a Cataluña por encima del resto de las CCAA. Sin embargo, admitió que esta acción se lleva a cabo tras la iniciativa de los independentistas catalanes de ERC en su pacto de Gobierno con el PSOE.

De esta manera, Castilla y León se sitúa por encima de la media, ya que su alivio financiero representa el 26% de su deuda, en contraste con el 19,3% de media en el conjunto de las autonomías.

«¿Quién podría rechazar una condonación de parte de su deuda? Permítanme reformularlo: ¿qué familia sensata rechazaría la condonación de su hipoteca? Esta es la pregunta que debemos hacer a las comunidades del PP», afirmó durante la rueda de prensa.

El procedimiento será voluntario y, en el caso de Castilla y León, se aplicará mediante la cancelación progresiva de los préstamos provenientes del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), comenzando por aquellos más antiguos.

Montero subrayó que este plan no reemplaza la futura reforma del sistema de financiación autonómica, que continuará en curso, e hizo hincapié en que los beneficios alcanzarán a todos los territorios, incluidos aquellos gobernados por el PP.

“De cada 10 euros condonados, 7 corresponden a comunidades administradas por el Partido Popular”, recordó la ministra, quien solicitó a los presidentes autonómicos que apoyen la medida “en beneficio de sus ciudadanos”.

Andalucía y Cataluña se beneficiarán en mayor medida de la quita de deuda, ya que el Estado asumiría 18.791 millones de euros en el caso de la primera y 17.104 millones en el caso de la segunda, acumulando más del 43% del total entre ambas.