Andalucía elimina 1.800 asistentes de conversación que enriquecen la enseñanza de idiomas a 300.000 estudiantes | Educación.

Andalucía ha dado de baja a sus 1.806 auxiliares de conversación que durante dos décadas han ayudado a unos 300.000 estudiantes de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato Internacional en el aprendizaje de idiomas. Para este año escolar, sus 1.272 centros bilingües ―de un total de 7.000― se quedarán sin estudiantes extranjeros británicos, franceses, alemanes o estadounidenses que les ayudan a mejorar la pronunciación y a hacer el aprendizaje más ameno. Sin embargo, detrás de esta reducción que impacta a los alumnos andaluces, se encuentran millones de estudiantes de otras 15 comunidades autónomas, todas menos Aragón.

La pasada primavera, la Inspección de Trabajo impuso a Andalucía una multa de 5 millones por no clasificar a estos estudiantes como trabajadores y omitir su cotización a la Seguridad Social, algo que solo Aragón ha cumplido durante la última década, según el Ministerio de Educación. Esto podría llevar a otras comunidades a enfrentar multas millonarias si el Ministerio de Trabajo y Economía Social decide homogeneizar su criterio.

“La inmersión lingüística y cultural es inmensa; y, sobre todo, una ayuda invaluable para corregir la pronunciación. Si el individuo es creativo, su contribución académica se convierte en una mochila de aprendizajes vitales para los alumnos. Los chicos se sueltan mucho y pierden la vergüenza cuando una persona de su edad les pregunta”, destaca Ana Vázquez, coordinadora de bilingüismo y delegada del sindicato Ustea en el Instituto Jacarandá de Brenes (Sevilla). En este pueblo a las afueras de la capital andaluza, conviven hasta 50 nacionalidades, y Vázquez resalta cómo un estudiante universitario afroamericano puede ayudar a derribar prejuicios raciales al enseñarles la pronunciación del inglés. Andalucía ha sido la primera comunidad en cancelar el programa, como informó Diario de Sevilla, pero otras regiones podrían seguir su ejemplo.

Los auxiliares de conversación para idiomas extranjeros ―7.140 el año pasado― llegaron por primera vez a España en 1936. Durante casi 90 años, han mejorado la enseñanza de idiomas en las escuelas, motivado a los estudiantes y fomentado el conocimiento de la cultura de otros países. Gracias a acuerdos con 30 países, el Ministerio de Educación selecciona y envía a estos estudiantes a las comunidades autónomas para integrarlos en sus sistemas educativos. El Ministerio los considera “embajadores culturales”, que reciben 800 euros al mes por unas 14 horas semanales, y argumenta que no hay “salariedad” en su trabajo porque se basa en un vínculo entre Estados y ciudadanos, “no en una prestación de servicios a cambio de un salario”, según un informe oficial de principios de 2024.

Sin embargo, esta primavera, la Inspección de Trabajo de Sevilla contradijo el criterio que ha predominado durante décadas y propuso multar a la Junta de Andalucía con cinco millones de euros por una infracción “muy grave en materia de extranjería” al incorporar a trabajadores extracomunitarios e infringir la ley, así como por las liquidaciones parciales de las cuotas no abonadas a la Seguridad Social. El Gobierno autonómico argumenta que la Administración del Estado es la única competente para definir el programa y seleccionar a los auxiliares que vienen a España bajo un apoyo económico y seguro médico, por un máximo de tres años. Ahora, la Inspección de Trabajo debe decidir si confirma o no la multa millonaria que ha llevado al fin del programa en Andalucía. A preguntas de este diario, el Ministerio dirigido por Yolanda Díaz ha declinado aclarar si unificará el criterio expuesto por su Inspección en Sevilla -y en 2024 en Granada- para el resto de las provincias.

“Si al final el perfil es de trabajador… ¿tendrán que hacer oposiciones? ¿Serán plazas a concurso público? ¿Consideramos al estudiante de Wisconsin un trabajador? La clave es que el programa no es de la Junta; son personas seleccionadas por el Ministerio de Educación”, argumenta un portavoz de la Consejería andaluza de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. La Junta envió en junio una carta a la ministra de Educación, Pilar Alegría, pidiendo que buscara una solución al problema junto a los Ministerios de Trabajo y Asuntos Exteriores, pero la respuesta no fue suficiente para salvar el programa en esta región.

El Ministerio de Educación sugirió a la Junta que adoptara el modelo aragonés, donde desde hace una década los estudiantes extranjeros cotizan a la Seguridad Social, lo que implicaría un aporte económico adicional, pero Andalucía no aceptó la propuesta. “El Ministerio ha ofrecido a la Consejería reconducir el programa, pero esta ha rechazado estas posibles soluciones priorizando sus circunstancias particulares sobre el beneficio general que aporta el programa para el profesorado y el alumnado”, argumentó una portavoz del Ministerio.

La solución sugerida por el Gobierno a la Junta fue adoptada hace una década por Aragón, pero las otras 15 comunidades aún consideran a los auxiliares de conversación como estudiantes becados. En Aragón, los jóvenes extranjeros están dados de alta por el Gobierno autonómico en el epígrafe de formación y aprendizaje y mediante contratos formativos en alternancia. “Se paga por contingencias comunes y por accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Pero no es una relación laboral. De hecho, vienen de países extranjeros con visado de estudiante”, aclara una portavoz del Departamento aragonés de Educación, Cultura y Deporte. Este curso hay 79 auxiliares pagados por el Gobierno autonómico y otros 24 que paga el Ministerio, aunque no están dados de alta en la Seguridad Social, según dicho departamento.

Aparte del revés de la Inspección de Trabajo, que multó a la Junta el pasado mayo por una posible infracción en la provincia de Sevilla con más de 400 auxiliares de conversación, el Gobierno andaluz enfrenta otro desafío en Granada. Hace un año, el Juzgado de lo Social 4 de esa ciudad condenó a la Junta a pagar 438.816 euros por las cuotas impagadas a la Seguridad Social de 125 auxiliares de conversación de esa provincia durante tres cursos escolares, entre 2018 y 2021, al considerar que mantenían una relación “de carácter laboral”. La sentencia, recurrida por la Junta ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJA), abrió la puerta a que los auxiliares reclamen diferencias salariales, así como su derecho a vacaciones y que su cese sea considerado un despido colectivo.

El procedimiento fue iniciado por la Tesorería General de la Seguridad Social, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, tras otro caso judicial iniciado por una auxiliar que reclamó su diferencia salarial. El Juzgado de lo Social 1 de Granada le dio la razón al considerar que los auxiliares de conversación “normalmente no actúan como meros ayudantes”, sino que “dirigen las clases”. Tras la sentencia, la Inspección de Trabajo entrevistó a los 125 auxiliares y concluyó que mantenían una relación laboral con la Junta de Andalucía.

Más allá del nuevo enfrentamiento entre la Junta y el Gobierno central, los perjudicados serán cientos de miles de estudiantes andaluces. “La exposición al idioma con un nativo enriquece el aprendizaje. Es un deterioro más que se suma a la escuela pública”, critica Yolanda Jiménez, coordinadora de bilingüismo en el colegio Marqueses de Linares, en esa ciudad jiennense. Felipe Gómez, responsable de política educativa de CC OO, añade: “El estudiante que cuenta con recursos económicos se inscribirá en la academia de inglés para desenvolverse. La Junta se escuda en que es un programa estatal, pero es otra merma de derechos y oportunidades para las clases bajas y medias”.