Miguel Herrero critica la dirección de los fiscales y califica de «escándalo» el caso de García Ortiz.

El pleno del Consejo de Estado, el principal órgano consultivo del Gobierno, celebrado el 29 de julio, resultó educadamente tenso. Se debatía y votaba el dictamen 523/2025 sobre la reforma del Ley de Enjuiciamiento Criminal, que propone que los fiscales, y no los jueces, sean quienes instruyan las causas penales, además de que la policía judicial dependa funcionalmente de estos. Durante la sesión, participó como consejero nato el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Según varios consejeros consultados, su intervención en el debate y la votación fue irregular, ya que, conforme al reglamento orgánico del Consejo de Estado, deben inhibirse aquellos consejeros que han tenido participación o conocimiento del asunto por razones profesionales o personales (artículos 16.3 y 24.1).

García Ortiz fue jefe de la secretaría técnica de Dolores Delgado cuando el Consejo Fiscal emitió en 2021 su dictamen sobre este anteproyecto, por lo que debió inhibirse. Según fuentes consultadas, el fiscal general no solo votó a favor del informe, sino que también intervino en su discusión y solicitó, de forma personal y privada, el apoyo de consejeros cercanos, como Fernando Ledesma y Teresa Fernández de la Vega. Cabe destacar que, el 29 de julio, García Ortiz ya era considerado procesado por un presunto delito de revelación de secretos.

Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, consejero permanente del organismo y uno de los padres de la Constitución, con doctorado en Derecho y prestigioso jurista, emitió un voto particular (haz clic aquí para leerlo completo), al que se adhirieron otros consejeros, mientras que algunos se ausentaron durante la votación final, lo que impactó en el plenario. Herrero criticó, en primer lugar, la premura con la que se exigía el dictamen (“resulta imposible atender con la debida atención a semejante cantidad de documentación en el breve plazo entre la distribución del texto… y la reunión del pleno, es decir, siete días”) y la inoportunidad del anteproyecto, considerando que “abordar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal en una situación de radical polarización… no es el momento más adecuado”.

Sin embargo, Herrero también tocó los temas clave, siendo el más relevante la situación del fiscal general, quien estaba presente en la sesión. Comentó que el Consejo no podía ignorar “la inapropiada decisión de ampliar las competencias del fiscal general en un momento en que el titular de dicha magistratura está imputado… por existir una fuerte sospecha de un delito grave como es la violación del secreto en el ejercicio de su función”. Además, añadió que es un “escándalo para la conducta ciudadana la coincidencia entre la situación de imputación y el aumento de sus funciones”.

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Herrero manifestó que “nuestro Ministerio Fiscal es una simple prolongación jerárquica del Gobierno, lo que representa una erosión significativa a la independencia del poder judicial.” También advirtió que la instrucción penal por parte de los fiscales implica su dependencia de la policía judicial y criticó la incoherencia de otorgar esta facultad “a aquellos que no se han mostrado especialmente ágiles”. Además, le inquieta “la renovación anunciada del estamento judicial que ignora el sistema de oposición vigente y la formación que depende en gran medida de los propios jueces, a favor de una designación discrecional por parte del gobierno, entre un personal tan amplio… lo que equivale a una posible degradación de los futuros jueces”. Esto último se refería a la conocida ‘ley Bolaños’ sobre el proyecto de ley de ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal. En una declaración reciente, el presidente del Gobierno aseguró en TVE que no cesará a Álvaro García Ortiz, al considerar que es ‘inocente’, y que no lo hará incluso cuando, en breve, se inicie juicio oral en el Supremo, dado que la Sala de Apelación ha confirmado su procesamiento por un presunto delito de revelación de secretos.

El fiscal general será recibido hoy a las 10:30 horas por el Rey en la Zarzuela para la entrega formal de la memoria de la Fiscalía correspondiente a 2024. Además, García Ortiz participará el viernes en la apertura del año judicial, que presidirá Felipe VI, en cuyo nombre, según establece la Constitución, corresponde a los jueces y tribunales administrar justicia. Esto genera una situación inusitada en la que el jefe del Estado debe recibir primero y escuchar después a un fiscal general que se enfrentará a juicio antes de que finalice el año. Se da por hecho que el magistrado instructor de la causa, Ángel Luis Hurtado, no lo apartará de su cargo, a pesar de las solicitudes de las acusaciones populares.

El pleno del Consejo de Estado, el principal órgano consultivo del Gobierno, celebrado el 29 de julio, resultó educadamente tenso. Se debatía y votaba el dictamen 523/2025 sobre la reforma del Ley de Enjuiciamiento Criminal, que propone que sean los fiscales, y no los jueces, quienes instruyan las causas penales, además de que la policía judicial dependa funcionalmente de estos. Durante la sesión, participó como consejero nato el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Según varios consejeros consultados, su intervención en el debate y la votación fue irregular, ya que conforme al reglamento orgánico del Consejo de Estado, deben inhibirse aquellos consejeros que han tenido participación o conocimiento del asunto por razones profesionales o personales (artículos 16.3 y 24.1).