130.000 € anuales de forma indefinida.

Cándido Conde-Pumpido tiene la posibilidad de acceder a uno de los cargos más privilegiados de la Administración española tras concluir su mandato como presidente del Tribunal Constitucional en diciembre. El puesto de consejero permanente del Consejo de Estado ofrece una retribución anual de 130.000 euros con carácter vitalicio, además de prerrogativas asociadas al secretario de Estado que incluyen coche oficial con chófer y despacho en el Palacio de la calle Mayor.

«Esto es el momio mayor del mundo, porque nunca se jubilan y rara vez se mueren», comentan con ironía fuentes internas del Consejo de Estado a OKDIARIO. Este cargo representa una de las sinecuras más anheladas del sistema institucional español. Los consejeros permanentes conservan su estatus hasta fallecer. No requieren pensión, ya que nunca se jubilan : «No hay vida mejor», añaden.

La remuneración es equivalente al sueldo de un secretario de Estado en activo. Los beneficios incluyen protocolo oficial, vehículo con conductor y un despacho en el histórico edificio del Consejo de Estado en la céntrica calle Mayor de Madrid.

El Gobierno socialista ha comenzado una compleja operación para crear una vacante que permita el nombramiento de Conde-Pumpido. Las maniobras han abarcado la modificación de la estructura tradicional de la institución y la creación de una novena consejería permanente.

Se movieron rápidamente cuando pensaban que iba a ganar el PP hace dos años. Antes, María Teresa Fernández de la Vega fue nombrada presidenta del Consejo, creando posteriormente una plaza adicional «específica para la mujer». Después dimitió y fue reemplazada por Magdalena Valerio, primero; y Carmen Calvo, después.

La nueva consejería fue ocupada por María Luisa Carcedo, ex ministra de Sanidad del PSOE. Esta designación rompió la tradición institucional, dado que Carcedo no es jurista, sino médico.

La composición original del Consejo incluía ocho consejeros permanentes nombrados entre juristas que posean al menos la categoría de ex presidentes de las Cortes, ex ministros, ex presidentes, ex consejeros, embajadores y catedráticos. La tradición dictaba que el gobierno que iba a nombrar a alguien lo consultaba con la oposición. Sin embargo, ahora el PSOE busca acaparar todo el poder posible sin buscar el consenso.

La estrategia actual se centra en lograr la incapacitación de María Teresa Fernández de la Vega para liberar su plaza. Están esperando el fallecimiento de José Luis Manzanares Samaniego, quien tiene 95 años, o desplazar a María Teresa Fernández de la Vega.

La ex vicepresidenta del Gobierno ha mostrado signos preocupantes de fatiga en los últimos meses, con errores de falta de concentración y confusión. En ocasiones, han tenido que aclararle que determinado día no había sesión plenaria, tal como ella pensaba.

Se le ha sugerido a Fernández de la Vega que renuncie voluntariamente. Le han aconsejado: «María Teresa, quizás sería mejor que renuncies y te vayas a descansar a tu casa en La Granja de San Ildefonso». Sin embargo, la ex vicepresidenta con José Luis Rodríguez Zapatero ha respondido que no, que está bien y que no se va.

Las relaciones internas del Consejo se han deteriorado a causa del enfrentamiento revelado por OKDIARIO entre Carmen Calvo, actual presidenta, y Fernández de la Vega. «Se quieren matar. Se odian», señalan los testimonios recogidos.

El conflicto tiene raíces ideológicas profundas. Provienen de facciones diferentes del feminismo. Calvo es «TERF», es decir, está a favor de que las mujeres trans no son mujeres, mientras que Fernández de la Vega sostiene que las mujeres trans sí lo son.

La institución atraviesa uno de sus momentos más delicados desde su fundación en 1845. El Consejo de Estado ha mantenido tradicionalmente la neutralidad y prestigio técnico, características que podrían verse comprometidas por estas maniobras políticas.

La operación para acomodar a Cándido Conde-Pumpido es un ejemplo paradigmático de cómo el poder político pretende moldear las instituciones del Estado para satisfacer intereses partidistas, transformando un órgano consultivo de élite en un botín de guerra entre facciones socialistas. Todo esto sucede tras las controvertidas decisiones para rescatar al PSOE en la Corte de Garantías sobre temas cruciales como la Ley de Amnistía o los recursos de los condenados en el caso de los ERE de Andalucía.